lunes, 2 de octubre de 2017

El garrote en España

EL GARROTE EN ESPAÑA Y LA DEMOKRACIA DE RAJOY
Lic. Fernando Britos V.
    Las imágenes, tantas veces amañadas, fueron elocuentes el domingo 1º de octubre en Cataluña: los antidisturbios desencadenados emprendiéndola a garrotazos contra una multitud indefensa, ensañándose con las mujeres y los viejos, golpeando, pateando y saltando sobre los caídos con una sevicia bestial que es una marca infamante de la sociedad española. Policías encapuchados arrancando las urnas de las mesas electorales y golpeando a los funcionarios que levantan las manos.
    Esto exige contextualizar lo que sucede, porque no se puede menos que comparar las imágenes de violencia en Cataluña con las que se muestran de Venezuela. En las calles de Caracas unas decenas de encapuchados, armados con cocteles molotov y armas de fuego, unas manifestaciones de gente paqueta en barrios exclusivos y los antidisturbios con carros lanza agua y gases. En Cataluña los mismos antidisturbios pero con balas de goma y garrotazos cuerpo a cuerpo con una multitud inerme, con el rostro descubierto, con niños en brazos. En Venezuela, un Almagro descarado incitador y articulador de la intervención extranjera en los asuntos de un país latinoamericano. En España, un Rajoy hipócrita y corrupto adulando al bravucón en su visita a Trump e instando a “sanciones” contra Venezuela. Difícil equiparar estas violencias.
    Los “operadores políticos” pueden pensar lo que quieran acerca de Venezuela, su gobierno, sus problemas y sus crisis; podrán opinar como un Lacalle Herrera, el adulón de Franco, sobre la unidad de España o sobre el autonomismo catalán pero es indudable que los problemas de Venezuela deben decidirlos los venezolanos y los de Cataluña los catalanes.
    Ahora más que nunca se imponen ciertos ejercicicos de memoria.

España: la patria del garrote
    La pena de muerte en España fue abolida, recién en 1995. Antes en 1978 , la Constitución temblorosa que surgió de más de cuatro décadas de terror franquista y del reestablecimiento de la corrupta dinastía borbónica, estableció una primera abolición que dejaba a “las leyes penales militares en tiempos de guerra” la capacidad de arrancar la vida.
    Franco, ya gagá y en su agonía firmó las últimas ejecuciones que se llevaron a cabo contra dos miembros de ETA político-militar y tres del FRAP, el 27 de setiembre de 1975. Pero estas últimas muertes fueron por fusilamiento apartándose del garrote vil, una máquina típicamente española que había sido empleada sin interrupción desde 1820 hasta 1978 para aplicar la pena capital.
    La económica y bestial modalidad de la muerte por machacamiento del cráneo a garrotazos o bajo forma de estrangulamiento se remonta a la Roma antigua (se sabe que Publio Cornelio Léntulo fue agarrotado junto con otros conspiradores que participaron en la segunda rebelión de Catilina). En la Península Ibérica perfeccionaron el sistema durante la Edad Media. De hecho, el nombre garrote vil proviene de la escenificación de la ejecución que se hacía de acuerdo con los códigos estamentales de la sociedad medioeval. La forma de ejecutar a los miembros de la nobleza era la decapitación con espada. En cambio, para los plebeyos o villanos el medio mortal era el garrotazo.
    El sistema perfeccionado era una especie de silla de respaldo alto contra la que se apoyaba la espalda del reo. En el cuello se le ajustaba un dogal de hierro que en la parte trasera, contra el respaldo, tenía un tornillo rematado en una bola (o en una punta en el caso del garrote que se usaba en Cataluña) que rompía las vértebras cervicales y lesionaba la médula espinal. Si la muerte no se producía por esta vía, ya fuera por la robustez de la musculatura del cuello del ajusticiado o por la poca fuerza del verdugo, el fin sobrevenía por estrangulamiento al aplastar la tráquea.
    Carlos III de España, en 1775, prohibió la horca aduciendo que la muerte del reo resultaba en una agonía demasiado prolongada y la sustituyó por el garrote vil. Después los ingleses perfeccionaron el ahorcamiento, mediante patíbulo con trampilla y caída libre que provocaba el desnucamiento, hasta que el infame Fernando VII reestableció el garrote, en lo esencial porque como máquina era mucho más sencilla, portátil y podía ser confeccionada por cualquier herrero.
    El garrote también fue utilizado, tanto en España como en Portugal y bastante en América Latina (durante la conquista el último emperador inca, Atahualpa, fue agarrotado en Cajamarca en 1533). En las posesiones españolas, después de las independencias que se produjeron a principios del siglo XIX, el garrote se siguió empleando en Cuba, en Puerto Rico y en Las Filipinas (en este último caso hasta bien entrado el siglo XX).




Las ilustraciones precedentes corresponden a: “Exécution d'un assassin a Barcelone” (un grabado de Gustave Doré), publicado en L'Espagne, 1874, y ejecución de anarquistas en Jerez de la Frontera, en 1892, publicado en Le Progrés Illustré. En ambos casos se ve la puesta en escena y el aparato mecánico del garrote vil en acción.
    Sin embargo, durante el siglo XIX, cada tipo de ejecución presentaba una escenificación distinta, según el modo de conducir al condenado hasta el garrote: los condenados a garrote noble iban en caballo ensillado, los de garrote ordinario iban montados en mula o caballo y los de garrote vil en un burro y sentados mirando hacia atrás o arrastrados por el suelo.

Ejecuciones franquistas: el odio sigue vivo
    El 20 de abril de 1963, Julián Grimau un dirigente comunista fue fusilado en el campo de tiro de los Cuarteles de Campamento, en las afueras de Madrid. Dos días antes, un Consejo de Guerra sumarísimo le había condenado por "rebelión militar continuada" presuntamente por delitos cometidos durante la Guerra Civil (1936 - 1939) .
    El jefe de la Guardia Civil en Madrid se había negado a formar un pelotón de ejecución y los mandos militares dispusieron que fueran soldados conscriptos los que fusilaran a Grimau. Según su abogado defensor, el capitán Alejandro Rebollo, que fue obligado a presenciar la ejecución vestido de gala, los reclutas estaban muy nerviosos y dispararon 27 balas y era tal la agitación y la tensión que hizo falta que el oficial a cargo le rematara mediante tres tiros de gracia.
    Julián Grimau había nacido en Madrid el 18 de febrero de 1911. Durante la Segunda República militó en Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña. Al comienzo de la Guerra Civil ingresó en la Brigada de Investigación Criminal (su padre había sido comisario de policía en Barcelona en los años veinte). Su actividad policial debió ser eficaz en Madrid porque fue ascendido y trasladado a Valencia. Más tarde llegó a Barcelona. En octubre de 1936 había ingresado en el PCE.
    Al terminar la Guerra Civil cruzó la frontera hacia Francia y después vivió en varios países latinoamericanos. Fue elegido miembro del Comité Central del PCE en el congreso de Praga de 1954. Desde entonces, empezó a entrar clandestinamente en España, con estancias en Barcelona y Andalucía. Desde 1961 se instala definitivamente en la capital española como responsable del partido en el interior.
    El 7 de noviembre de 1962, tras haber mantenido varias reuniones, Grimau se dirigió a una nueva cita con otro camarada, que le iba a proporcionar papel para hacer volantes. Grimau, ajeno a que disfrutaba sus últimos momentos de libertad, y desoyendo los consejos recibidos de desplazarse en taxi, tomó un omnibus donde sólo viajaban unos pocos policías. Cuando se dio cuenta era tarde.
    Durante los interrogatorios a los que fue sometido cayó de cabeza desde una ventana del primer piso, en la parte posterior de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol. Grimau estuvo al borde la muerte, pero, con el cráneo, las muñecas y las piernas fracturadas, sobrevivió. El Gobierno se apresuró a indicar que había sido un intento de suicidio pero resultaba poco creíble. Tras recuperase de los traumatismos, Grimau no recordaba nada de lo que sucedió después de las primeras horas del brutal interrogatorio. No realizó ninguna denuncia, tampoco delató a nadie.
    Un mes después de su detención, el 6 de diciembre de 1962, el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne (el mentor de José María Aznar y de Mariano Rajoy), convocó una conferencia de prensa para responder a las acusaciones del informe de la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, y anunciar “la publicación de un dossier espeluznante de crímenes y atrocidades cometidas personalmente por este caballerete”.
    A Grimau no sólo se le juzgó por sus actividades políticas en España durante los últimos años, sino por un delito durante la guerra. La petición del fiscal era de pena de muerte por delitos de rebelión militar continuada durante la Guerra Civil y treinta años de cárcel por alteración del orden público: reuniones ilegales, impresión y reparto de volantes, incitación a la huelga.
    El juicio fue una farsa. No hubo testigos. Todas las declaraciones obtenidas durante los cinco meses de la instrucción se basaban en segundas versiones y en un libro de un abogado barcelonés que le identificaba erróneamente. El expediente establecía que Grimau, en su condición de comisario de la Brigada de Investigación Criminal, había torturado a fascistas. La defensa del militar y abogado asturiano, Alejandro Rebollo, que cuestionó  la legalidad del delito de rebelión militar por haber pasado más de veinticinco años, fue infructuosa.
    Un año más tarde, otra irregularidad se hizo pública. El comandante auditor y principal acusador, Manuel Fernández Martín, había falsificado su título de abogado, carrera de la que sólo había estado matriculado durante dos cursos en la Universidad de Sevilla.
    Tanto las torturas sufridas durante su detención como su ejecución despertaron un enorme repudio. Durante los cinco meses en que estuvo detenido, el PCE y otros personalidades españolas –desde opositores provenientes del régimen hasta intelectuales - mediaron para salvar la vida de Grimau. Se recibieron miles de telegramas de todo el mundo solicitando el final del proceso que ya entonces se consideraba una farsa.
    Tras la sentencia, pidieron clemencia, entre otros, el secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Kruschev, el líder del Partido laborista británico, Harold Wilson y el arzobispo de Milán, cardenal Montini, que sería elegido Papa dos meses más tarde. Esta elección fue un duro golpe para el franquismo y el nacional-catolicismo español. “No hemos sido escuchados” dijo el cardenal. Ya como Pablo VI, dos décadas después, volvió a hacer gestiones para evitar la ejecución del anarquista catalán Salvador Puig Antich, pero Franco se negó a atender su llamada telefónica.
    Ángeles Campillo, la viuda del dirigente comunista, residía en París. Tras la ejecución de Grimau comenzó una larga lucha para reivindicar su memoria y averiguar donde había sido enterrado su marido. En 1967, su abogado presentó un recurso para revisar el juicio ante el Consejo Supremo de Justicia Militar lo que no fue admitido. En abril de 1968, exigió saber el lugar donde se encontraban los restos mortales de Grimau. En diciembre de 1972, solicitó la exhumación, reconocimiento y traslado de los restos de su marido al cementerio civil de Madrid.
    En ese año volvió a solicitar su pasaporte para poder regresar a España, donde ya vivían sus hijas y su madre. La crueldad del régimen con la viuda fue implacable, no pudo volver hasta setiembre de 1976. A los veinticinco años de su fusilamiento, el 30 de noviembre de 1988, volvió a presentar recurso contra la sentencia de muerte de Julián Grimau ante la Sala Militar del Tribunal Supremo. En enero de 1990, fue denegada la revisión de la sentencia por “coherencia jurídica”. Tampoco vio cumplido su deseo, expresado a los cuatro días de la ejecución de su marido, de “que la sangre derramada por Julián Grimau sea la última”. En agosto del mismo año fueron ejecutados, por el método del garrote vil, los anarquistas Joaquín Delgado y Francisco Granados, condenados sin pruebas, en otro consejo de guerra sumarísimo, por la presunta colocación de bombas en edificios gubernamentales.
El garrote nuevamente en acción

    Salvador Puig Antich (Barcelona, 1948-1974)) fue un anarquista y antifascista catalán, apodado "El Metge" ("El Médico" en castellano) que formó parte del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), una organización anticapitalista que desarrollaba propaganda armada y fomentaba luchas populares. Fue detenido el 25 de septiembre de 1973 y condenado a muerte por un Consejo de Guerra por el homicidio de un subinspector del Cuerpo General de Policía en Barcelona, durante un tiroteo que se produjo durante el operativo de su detención junto a otros miembros del MIL. Murió ejecutado por garrote vil en la mañana del 2 de marzo de 1974. Fue la última persona ejecutada en España por este método.
    El defensor de Puig Antich, Francisco A. de Condomines, sostuvo que la jurisdicción militar no era competente y destacó la falta de circunstancias agravantes: “Estaba acorralado y no podía escapar”, dijo el abogado que pedía una sentencia condenatoria de seis años y un día como cómplice y de seis meses y un día por homicidio en riña multitudinaria o con circunstancias atenuantes. La prensa española cubría el juicio como si se tratara de un asunto rutinario, anecdótico. No advertían que la dictadura franquista había preparado todo para aniquilar, en forma ejemplarizante a los jóvenes del MIL, una muchacha de 16, un muchacho de 17 y a Salvador, el mayor de los tres, de 25 años.
    Los tres jóvenes se enfrentaban a un tribunal integrado por siete militares, hombres mayores en uniforme de gala, de guante blanco, pistola y sable, que habían sido instruídos para impartir un terror ejemplarizante y vengar la muerte del almirante Carrero Blanco que la ETA había hecho volar por los aires poco tiempo antes. Para la prensa extranjera el juicio no pasó desapercibido. El proceso fue descrito como un tribunal de excepción incomprensible en 1974 y violatorio de los derechos humanos.
    El abogado suizo, Christian Grobet, que representaba a la Comisión Internacional de Juristas, auspiciada por las Naciones Unidas, dijo que el juicio era una farsa, que la acusación se basaba en pruebas policiales desprolijas, que no se había efectuado autopsia del fallecido, que no se había admitido testigos y no se habían tenido en cuenta las circunstanciass atenuantes (por ejemplo la falta de premeditación en el tiroteo). La transcripción de los interrogatorios que ahora se conocen dejan en claro que se trató efectivamente de una farsa llena de falsas incriminaciones.
    A las seis de la tarde del 9 de enero de 1974, el presidente del Consejo de Guerra, coronel de ingenieros Carlos González de Pablos, manifestó: ‘El consejo seguirá en sesión secreta para la deliberación y pronunciamiento de la sentencia’. La suerte de Salvador estaba echada y se le condenó por la muerte de un funcionario público por razones políticas, a dos penas de muerte por dos supuestos delitos de terrorismo. Uno por un atraco a un banco y otro por la muerte del policía. 
    La promulgación de la sentencia generó un enorme movimiento de repudio, en España y en el exterior. Instituciones nacionales, entre las que se encontraban colegios profesionales y colectivos de intelectuales trataron de librar de la muerte a Salvador. El eco de la injusta condena adquirió gran relevancia: la Comisión Europea, altos mandatarios gubernamentales como el canciller alemán Willy Brandt, e incluso el Vaticano en la persona del Papa Pablo VI intentaron evitar la ejecución, al tiempo que multitudinarias manifestaciones hicieron demostraciones de repudio.
    Al mediodía del 2 de marzo de 1974, Salvador Puig Antich fue ejecutado mediante el garrote vil en la Cárcel Modelo de Madrid. Tenía solo 26 años. Con el correr de los años se verificó que la muerte de Puig Antich no solamente había sido aberrante por el método empleado, el garrote, sino por los enigmas que subsisten de lo que sucedió cuando fue detenido de modo que aparece claramente el papel de chivo expiatorio que asignó al joven el franquismo moribundo. Uno de los hechos que fueron ocultados es que el cuerpo del fallecido subinspector de policía presente durante el tiroteo en un zaguán, en el que fue herido Salvador de dos disparos, presentaba cinco heridas de bala. Puig Antich solamente había disparado tres veces por lo que es presumible que la muerte del policía hubiese sido causado por el “fuego amigo” de sus colegas.
    En marzo del 2016, la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau – muy vista ahora por sus declaraciones de repudio a la violencia desatada en Cataluña por el gobierno español – inauguró una plaza y un monumento en memoria de Salvador Puig Antich.   

Revoleando el garrote: la matanza del 3 de marzo
    La llamada Transición Española, el proceso por el que aquel país dejó atrás la dictadura de Francisco Franco y adoptó una democracia tartajeante bajo la monarquía borbónica que acunó el franquismo, sitúa el proceso entre el 20 de noviembre de 1975, fecha en la que murió el dictador después de una larguísima agonía, y los primeras elecciones libres, desde las de 1936, en junio de 1977.
    Quienes alaban este proceso tienden a ocultar la cantidad de crímenes, maniobras y latrocinios cometidos por la dictadura y naturalmente la ubican como un ejemplo de democracia cuando, en realidad, permitió y permite que la derecha más reaccionaria y sus paniaguados, comprendida una monarquía decadente y corrompida, siga defendiendo la indefendible, tanto en cuanto a lo sucedido en el siglo pasado, como a lo que perpetra ahora el gobierno de Rajoy, el PP y el PSOE, en los últimos años.
    Uno de estos hechos de hace poco más de cuarenta años es el de “los sucesos de Vitoria”, también conocidos como “Matanza del 3 de marzo”, que tuvieron lugar el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, capital de la provincia vasca de Álava, pocos meses después de la muerte del dictador, en plena Transición. A las cinco y diez de la tarde efectivos de la Compañía de Reserva de Miranda de Ebro y de la guarnición de Vitoria de la Policía Armada  desalojaron la iglesia de San Francisco de Asís ubicada en un populoso barrio obrero situado al norte de la ciudad, donde 4.000 trabajadores en huelga estaban reunidos en asamblea. La policía lanzó gases lacrimógenos al interior de la iglesia y disparó con munición letal y balas de goma a las personas que salían del recinto.
    Cinco asambleistas murieron y más de ciento cincuenta fueron heridos de bala. Los fallecidos fueron:
Pedro María Martínez de 27 años de edad, trabajador de Forjas Alavesas, falleció en el mismo lugar de los hechos.
Francisco Aznar Clemente de 17 años de edad, estudiante y operario de panadería, falleció en el mismo lugar de los hechos.
Romualdo Barroso Chaparro de 19, gravemente herido murió poco después.
José Castillo de 32 años, trabajador de Basa, una sociedad del Grupo Arregui, falleció posteriormente.
Bienvenido Pereda de 30 años, trabajador de grupos Diferenciales, falleció posteriormente.
    Después, durante los actos de protesta que se produjeron en todo el país, murió en la localidad vizcaína de Basauri, Vicente Antonio Ferrero.
    Fue una de las mayores matanzas que se produjeron en la llamada Transición española. Los hechos no fueron investigados y nadie fue llevado a juicio. En el año 2008, una comisión del Parlamento Vasco consideró responsables políticos de los sucesos a los "titulares de los ministerios actuantes en este conflicto": Manuel Fraga Iribarne (1922 - 2012), entonces Ministro del Interior - en Alemania durante los sucesos, por lo que el encargado de asumir responsabilidades de los ausentes era Adolfo Suárez (1932 – 2014) -, Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales (nacido en 1934, sosbre quien pesa un pedido de captura internacional por estos crímenes de lesa humanidad dictado por la jueza argentina María Servini de Cubría) y Alfonso Osorio, ministro de Presidencia (nacido en 1923, actualmente retirado es militante de base del PP y contra él pesa una orden de captura internacional similar a la de Rodolfo Martín Villa).
    A continuación la transcripción de parte de las conversaciones entre las patrullas responsables del ataque a la iglesia, según las grabaciones existentes de la Banda de Radio de la Policía (cualquier similitud con atrocidades como las del 1º de octubre de 2017 no será mera coincidencia):
V-1 a Charlie. Cerca de la iglesia de San Francisco es donde más grupos se ven. Bien, enterados.
Charlie a J-1. Al parecer en la iglesia de San Francisco es donde más gente hay. ¿Qué hacemos? _ Si hay gente ¡a por ellos! ¡Vamos a por ellos!
J-1 a Charlie. Charlie, a ver si necesitas ahí a J-2. _ Envíalo para aquí para que cubra la espalda de la iglesia.
J-3 a J-1 Estamos en la iglesia. ¿Entramos o qué hacemos? Cambio.
...Entonces lo que te interesa es que los cojan por detrás. _Exacto.
J-1 a J-2 Haga lo que le había dicho (acudir en ayuda de Charlie a Zaramaga). _ Si me marcho de aquí, se me van a escapar de la iglesia. _Charlie a J-1. Oye, no interesa que se vayan de ahí, porque se nos escapan de la iglesia. ...Mándennos refuerzos, si no, no hacemos nada; si no, nos marchamos de aquí; si no, vamos a tener que emplear las armas de fuego. _Vamos a ver, ya envío para allí un Charlie. Entonces el Charlie que está, J-2 y J-3, desalojen la iglesia como sea. Cambio. _ No podemos desalojar, porque entonces, entonces ¡Está repleta de tíos! Repleta de tíos. Entonces por las afueras tenemos Rodeados de personal ¡Vamos a tener que emplear las armas! Cambio. _ Gasead la iglesia. Cambio. _Interesa que vengan los Charlies, porque estamos rodeados de gente y al salir de la iglesia aquí va a ser un pataleo. Vamos a utilizar las armas seguro, además ¿eh? _Charlie a J-1. ¿Ha llegado ya la orden de desalojo a la iglesia? _Sí, sí la tiene J-3 y ya han procedido a desalojar porque tú no estabas allí. _Muy bien, enterado. Y lástima que no estaba yo allí.
Intento comunicar, pero nadie contesta. Deben estar en la iglesia peleándose como leones. _ ¡J-3 para J-1! ¡J-3 para J-1! Manden fuerza para aquí. Ya hemos disparado más de dos mil tiros. _ ¿Cómo está por ahí el asunto? _ Te puedes figurar, después de tirar más de mil tiros y romper la iglesia de San Francisco. Te puedes imaginar cómo está la calle y cómo está todo. _¡Muchas gracias, eh! ¡Buen servicio! _ Dile a Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. _ Aquí ha habido una masacre. Cambio.  _De acuerdo, de acuerdo. _Pero de verdad una masacre.

domingo, 1 de octubre de 2017

El reciclaje de los juristas nazis

El hilo conductor de las políticas abyectas

CARL SCHMITT Y EL RECICLAJE DE LOS JURISTAS NAZIS

por Fernando Britos V.

Los colegas y discípulos de Schmitt se reciclaron rápidamente, a partir de 1945, y devinieron de corifeos del nazismo en académicos, magistrados y teóricos neoliberales que ocuparon los más altos cargos en la República Federal Alemana y ganaron predicamento en los países anglosajones y en la España de Franco. Fueron ideólogos de la Guerra Fría e inspiradores de la derecha neoschmittiana, de los neoconservadores europeos y estadounidenses y llegaron a erigirse en mentores ideológicos de las vertientes fundamentalistas cristianas y corporativistas que se manifestaron en las dictaduras latinoamericanas en el siglo pasado, por un lado, y justificadores de los crímenes de la “escuela francesa de contrainsurgencia”, por otro .

1 - ALMA DE RATA
Como señalábamos en un artículo anterior, Carl Schmitt fue uno de los principales críticos alemanes del ordenamiento de Europa que resultó de la Primera Guerra Mundial. Su idea de lo político como determinación de amigo y enemigo con fines de unidad nacional, su concepción de la guerra como culminación de la política, su antisemitismo arraigado en la exigencia de homogeneidad racial se apoyaban en los antiguos enemigos de la Ilustración, que abominaban de la Revolución Francesa y rechazaban la democracia liberal burguesa, la laicidad y la secularización de la sociedad en nombre de un catolicismo fundamentalista y archireaccionario.

Sus resentimientos antiburgueses - expresados desde una posición absolutista y contrarrevolucionaria – le llevaron a manifestarse contra la seguridad apolítica de una forma de vida cómodamente asentada en una combinación de propiedad privada y garantías jurídicas. Su antipositivismo es conocido.

El antianarquismo, antimarxismo y antibolchevismo de Schmitt fue proverbial y constante, desde su juventud hasta su muerte. Sus ideas coincidían con el nacionalsocialismo y aunque despreciaba a Hitler jugó un papel clave en la legitimación del régimen, entre 1933 y 1936, y participó hasta 1945 de actividades políticas, de justificación y adoctrinamiento desde su cátedra. Diseñó un programa político y científico de superautoritarismo contrarrevolucionario, que revalida la soberanía y la convierte en lo puramente político (más allá del Estado de derecho) que se apoya en la declaración del enemigo (preferentemente el enemigo absoluto) para galvanizar la homogeneidad política y existencial y desde luego religiosa. Esta problemática es la característica de toda la obra del hombrecito de Plettenburg, desde la época del Kaiser hasta la Teología Política II en la República Federal Alemana (RFA) 1.

Toda su obra está apoyada en un desencanto metafísico que era la otra cara de una escatología negativa y una filosofía teológica de la historia. Su concepción absoluta del Estado como katechon (pronúnciese katejón), el mecanismo de contención frente al socialismo que identificaba con el Anticristo, y su concepto de lo político, no forman parte de un sistema y no fueron los que le llevaron automáticamente a afiliarse al NSDAP 2 pero son la clave para entender las afinidades estructurales de muchos intelectuales alemanes con la ideología y la praxis del nazismo. Benno Teschke dice que de este modo Schmitt y otros intelectuales alemanes de ultraderecha “estaban predestinados a unirse al nazismo” 3.

Respecto a la concepción schmittiana de soberanía, que Teschke califica como “desocializada”, agrega “también sigue curiosamente despolitizada: el autor intenta identificar un punto arquimediano no sólo fuera de la sociedad, sino igualmente fuera de la política – superaislado de cualquier contestación sociopolítica – para neutralizar por completo la política interior: ultrasoberanía. Esta perspectiva extrapolítica se escoge deliberadamente – y en esto convergen la teología política y el hiperautoritarismo – para determinar con exactitud esa ubicación quimérica que reestabiliza los procesos sociales, ex nihilo, pero con una fuerza abrumadora: la apoteosis del Estado”. 4

Cuando el derrumbe del Tercer Reich, Schmitt eludió hábilmente sus responsabilidades, consiguió escapar a los juicios de Nuremberg y aunque perdió su biblioteca y no recuperó su cátedra se libró de la prisión o la horca y se transformó en el gurú privado de los neoconservadores, los agresivos promotores de la revolución conservadora y de los combatientes de la Guerra Fría.

Antes de abordar a sus discípulos, herederos e imitadores, alemanes y extranjeros, hagamos un par de señalamientos sobre los conceptos de Schmitt que nos ayudarán a comprender porque algunos de sus trabajos han resultado atrayentes para algunos de los llamados escritores posmodernistas y posmarxistas, aún los que se consideran de izquierda.

La interpretación que Schmitt hace del periodo clásico de la civilización interestatal europea (desde principios de la Edad Moderna hasta 1914), el Ius publicum europaeum, se abstrae de los valores e intereses que operaban y se contraponían. América, por ejemplo, aparece como un vacío desubjetivado, como una ficción histórica pero además – dice Teschke – pone de manifiesto la analogía entre el genocidio de los pueblos indígenas americanos y el genocidio de los judíos europeos y la revolución espacial de Hitler.

Cuando toca la guerra como tema, Schmitt hace manipulaciones y amontona falsedades similares a sus consideraciones sobre dicha civilización interestatal europea. Por ejemplo, la guerra entre monarquías en Europa (desde mediados del siglo XV hasta el XVIII aproximadamente) la presenta como un duelo entre caballeros, civilizado y acotado, limitado en el tiempo y humanizado en sus prácticas. La verdad es que todo el periodo fue un estado de guerras permanentes que devoró a las familias reinantes, agotadas y destruidas por los enormes recursos que consumían, por la imposición de impuestos agobiantes, por el descontrol y la desintegración de las comunidades y sobre todo por los terribles sufrimientos que la guerra representaba para la población (muerte y robos, saqueos y requisas, violaciones, trabajos forzados, toma de rehenes, ruina de las cosechas, etc.) 5.

Schmitt había tomado de Clausewitz 6 los conceptos de “guerra limitada” y “guerra total”, muy burdos para dar cuenta de la verdadera naturaleza de la guerra a comienzos de la Edad Moderna. Las guerras anteriores a las revoluciones burguesas (tanto la Revolución Inglesa como la Francesa) no fueron en modo alguno limitadas. Las alusiones de Schmitt no aluden a la frecuencia, la duración, la magnitud y la intensidad de las guerras prerevolucionarias.

Al final de la llamada Guerra de los Siete Años - una serie de guerras internacionales que tuvieron lugar entre 1756 y 1763 que incluso afectaron las provincias del que sería a poco el Virreinato del Río de la Plata – Prusia, que fue uno de los beligerantes, había perdido las dos terceras partes de sus ejércitos (180.000 bajas) que equivalían a la novena parte de su población.

La guerra nunca estuvo humanizada. No existía una distinción clara entre combatientes y no combatientes. La logística de los ejércitos era totalmente inadecuada: los generales de la nobleza viajaban con sus vajillas, mobiliario y guardarropa pero los soldados debían confiscar su comida y abrigo de la población o pasar hambre a la intemperie. 7

En la aparente erudición de Schmitt lo social no aparece. Los acontecimientos históricos mundiales, la Revolución Inglesa, los orígenes del capitalismo y la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, Napoleón, el colonialismo y el imperialismo del S. XIX, la Revolución Rusa, son tratados con asombrosa superficialidad o simplemente ignorados.

En suma, el pensamiento político y la narrativa histórica de Schmitt son empíricamente insostenibles, teóricamente erróneos y llenos de contradicciones, omisiones y mistificaciones. El jurista alemán dio prioridad y valor a lo político y lo geopolítico (su concepción de Grossraum) al margen y en contra de lo social. Cuando fue interrogado en Nuremberg negó cualquier afinidad entre su Grossraum y el Lebensraum de los nazis, a pesar de sus grandes similitudes. También negó sus contactos con los capitostes nazis a pesar de haber sido un protegido de Herman Goering y destacó las sospechas que Himmler y sus colegas y rivales de las SS, Reinhard Höhn y Werner Best, proyectaron sobre él. 8

Schmitt se burló de los intelectuales alemanes que se sometieron al proceso de desnazificación en las zonas estadounidense, británica y francesa de la Alemania ocupada. Él, como Heidegger, se negó a someterse a ese proceso que, desde el punto de vista político, implicaba un retorno al liberalismo que tanto detestaba en el marco del reordenamiento ideológico que impusieron los Estados Unidos en Europa y que encabezó el astuto político católico Konrad Adenauer (1876-1967)9.

Desde su casa de Plettenberg, donde montó una especie de seminario privado permanente y en sus visitas a la España franquista y el contacto permanente con sus discípulos y ex colegas nazis, Schmitt se dedicó a reafirmar la naturaleza estrictamente jurídica de sus obras. Además intentó reciclar un argumento que él mismo había utilizado para combatir las condiciones que el Tratado de Versalles había impuesto a Alemania al final de la Primera Guerra Mundial para descalificar la justicia política de los Juicios de Nuremberg promovidos por los aliados en 1945 (nullum crimen, nulla poena sine lege).

De hecho llevó a cabo una redefinición táctica de su producción intelectual. Refritó y reescribió la totalidad de sus obras. Entre ellas se destaca su Teoría del Partisano (mejor traducida como Teoría del Guerrillero) subtitulada Observaciones al Concepto de lo Político. Se trata de un texto originalmente producido en 1932, antes del gobierno hitleriano, y refritado en 1962 para sendas conferencias en Pamplona y Zaragoza, que fue muy frecuentado durante la Guerra Fría y en ciertos círculos de izquierda y de derecha 10.

Schmitt viajaba bastante y participaba en exclusivos “seminarios sobre organización”, que celebraba en Ebrach (un pueblito de Baviera) nada menos que Forsthoff que los denominaba “contrauniversidades”. En España encontró un segundo hogar intelectual, los corifeos del franquismo lo consideraban “venerado maestro”.

2 - CÓMPLICES, CONFIDENTES Y DISCÍPULOS RECICLADOS
La pléyade de adeptos de Carl Schmitt se extendía por Europa pero su principal concentración se encontraba en Alemania, España, Francia e Italia. Después, algunos de los primeros discípulos lo introdujeron en los países anglosajones. A América Latina Schmitt llegó a través de sus exégetas franquistas, monárquicos y especialmente los ultramontanos y fundamentalistas católicos. Ya lo veremos.

Schmitt dedicó su Theorie des Partisanen precisamente a Ernst Forsthoff (por su sexagésimo cumpleaños, el 13 de setiembre de 1962). El entonces cumpleañero fue el más allegado de sus discípulos y su confidente permanente. A su muerte se encontraron más de trescientas extensas cartas, producto de la correspondencia entre ambos colegas. El corresponsal de Schmitt fue un abogado constitucionalista y administrativista nazi que hizo carrera como catedrático, durante el Tercer Reich, en las universidades de Frankfurt, Hamburgo, Köenigsberg y Viena. En esta última y en el año 1942 tuvo algún problemita con la Gestapo (seguramente no por razones políticas) y se trasladó a Heidelberg donde siguió en la docencia hasta 1945.

En 1933 había producido su artículo clásico, “Der totale Staat”, que promovía el Führerprinzip (el poder exclusivo e ilimitado de Hitler). El gobierno de la zona de ocupación estadounidense le prohibió enseñar hasta que, en 1952, retomó su cátedra en Frankfurt. Después de la guerra se presentó como un acérrimo derechista que rechazaba los derechos constitucionales (positivismo legal) y apoyaba el Rechstaat opuesto al Sozialstaat propuesto por los socialdemócratas.

Los discípulos más connotados de Schmitt fueron invariablemente juristas que hicieron carrera bajo el régimen nacionalsocialista y que no solamente eludieron su responsabilidad en los crímenes del mismo sino que ocuparon un sitial destacado en la RFA, fueron aclamados como grandes profesores y homenajeados con publicaciones especiales con motivo de su jubilación. Eran individuos nacidos en los primeros años del siglo XX. A continuación citamos algunos de los discípulos nazis reciclados:

Theodor Maunz (1901 – 1993) perteneció a una secta católica nazi y después de la guerra se transformó en exégeta de la Ley Fundamental de Bonn (la Constitución neoliberal de la RFA). Fue mentor del recientemente fallecido Roman Herzog (1934 – 2017), abogado y político democristiano que llegó a ser Presidente de Alemania entre 1994 y 1999.

Karl Larenz (1903 – 1993) otro profesor nazi que ingresó a la Universidad de Kiel, en 1933, cuando ocupó la vacante del expulsado Gerhart Husserl (profesor de derecho, hijo del filósofo judeoalemán Edmund Husserl) y considerado ella par de Schmitt como jurista comprometido con la legitimación del régimen hitleriano.

Franz Wieacker (1908 – 1994) otro nazi, especialista en historia del derecho romano, que hizo carrera no casualmente en la Universidad de Kiel.

Karl Michaelis (1900 – 2001) profesor nazi que se desempeñó como Decano en la Universidad de Leipzig entre 1942 y 1944.

Wolfgang Siebert (1905 – 1959) Fue miembro destacado de las Juventudes Hitlerianas. Ocupó la cátedra de derecho laboral en Gotinga desde 1950 y en Heidelberg desde 1957. Uno de sus admiradores españoles escribió de Siebert que había “superado magistralmente, fruto de inigualable habilidad, los efectos de la derrota del nacionalsocialismo”.

Otros nazis reciclados en la RFA como grandes profesores de Derecho fueron Ulrich Scheuner (en Bonn), Georg Dahn (en Kiel), Friedrich Schaffstein y E.R. Huber (en Gotinga), Herbert Krüger (en Hamburgo).

El legado de Schmitt, recayó en los neoschmittianos alemanes, influidos por su orientación filosófica e ideológica, aunque no hubiesen sido sus discípulos. Además estos individuos no necesariamente habían tenido responsabilidades en el aparato del nazismo, en la enseñanza o en el gobierno. La mayoría no fueron afiliados al NSDAP o a las Juventudes Hitlerianas aunque, invariablemente, pertenecieron a los sectores derechistas y neoconservadores alemanes. Por otra parte provenían de una serie de disciplinas más allá del Derecho y la mayoría había nacido en el periodo de entreguerras. 
Una relación mínima debe incluir a:

Ernst-Wolfgang Böckenförde (nacido en 1930) se doctoró en 1956 y es considerado una de los más destacados profesores de Derecho de Alemania. Integró la Corte Constitucional de la RFA, autor de más de 20 libros y 80 artículos sobre teoría constitucional, filosofía política conservadora y teología católica. Sus ideas fueron criticadas por Jürgen Habermas.

Johannes Winckelmann (1900 – 1985) fue el editor de Max Weber.

Reinhart Koselleck (1923 – 2006) historiador también influenciado por Gadamer.

Roman Schnur (1927 – 1996) Profesor de Derecho Público.

George Schwab (nacido en Letonia en 1931) politólogo estadounidense especialista en Política Internacional e integrante de un “think tank” conservador.

Odo Marquardt (1928 – 2015) Filósofo del llamado conservadurismo simple, minimalista escéptico, promotor de la tradición y las costumbres.

Wilhelm Grewe (1911 – 2000) Chovinista alemán; diplomático de la Guerra Fría (este si había hecho gran carrera durante el Tercer Reich).

Algunos juristas y profesores alemanes tuvieron posiciones ambiguas antes que el régimen de la República de Weimar se hundiera, en 1933, como Carl August Emge (1886-1970) que se plegó al nazismo pero mantenía “discrepancias” porque era nitzcheano y Erik Wolf (1902-1977) nazi pero teólogo de la iglesia evangélica alemana. Hubo otros que no se comprometieron demasiado pero contribuyeron con algunas loas al Führer o al orden jurídico nazi, como fue el caso de Karl Engisch (1899 - 1990) o Hans Welzel (1904 - 1977). Unos pocos se mantuvieron al margen de la política o cambiaron de tema pero fueron despedidos de sus cátedras, como el socialdemócrata Gustav Radbruch (1878 - 1949) (que sin embargo siguió escribiendo y publicando en Alemania) y Ulrich Klug (1913-1993) que después de la guerra se incorporó al Freie Demokratische Partei (un partido liberal clásico). Desde luego los profesores judíos y los más comprometidos con la izquierda fueron expulsados y debieron exiliarse.

Juan Antonio García Amado11 en su blog “Dura Lex” se pregunta porqué la mayoría de los juristas alemanes adhirieron al nazismo. “Echaron sus cuentas y pensaron que se subían al carro de la Historia. Su conciencia la entregaron porque era venal y miserable. Eran malas personas, eran mezquinos y canallas. También cobardes”. Después de 1945 ni uno asumió gallardamente culpas o errores, ninguno se disculpó. Todos fingieron que no sabían lo que hacían o acusaron a los ausentes. Empezando por el positivismo jurídico en general y por Kelsen en particular. Explicaron que habían acatado los mandatos de Hitler porque, debido a Kelsen, ellos habían sido positivistas convencidos y que por eso no osaron desobedecer las leyes inicuas.

No solamente Schmitt había proclamado que el constitucionalismo liberal era un invento de los judíos para destruir al pueblo alemán. La mayoría afirmó que el crimen no necesitaba tipificación legal para recibir el castigo pues la esencia de lo criminal consistía en ser enemigo del Estado y comportarse de modo contrario a la comunidad racial alemana. Argumentos endebles porque esos académicos no se habían limitado a obedecer sino que apoyaron y fundamentaron los crímenes con entusiasmo.

El jurista alemán Bernd Rüthers 12 (nacido en 1930) fue el primero que demostró sistemáticamente cual había sido la catadura moral y académica de esos profesores. No eran inocentes, no eran ingenuos, no eran simplemente ambiciosos, no actuaban seducidos por una personalidad carismática. Eran inmorales y perversos, sabían que legitimando el régimen y produciendo o promoviendo las leyes fundamentales del nazismo abrían camino a los crímenes más horrendos.

Los nazis no desarrollaron un gran trabajo legislativo sino que se limitaron a imponer unas pocas leyes importantes, manteniendo en todo lo demás la legislación existente. Las leyes que menciona Rüthers son, entre otras, la Ley de Habilitación (1933) 13, la Ley para la Restauración del Funcionariado Público Profesional del 7 de abril de 1933 y las Leyes Raciales de Nuremberg de setiembre de 1935.

Después de la caída del Tercer Reich la mayoría de los juristas mantuvo o recuperó sus cátedras universitarias, retornaron a sus juzgados los jueces, volvieron a la administración pública en la RFA, se reciclaron y juraron que ahora estaban donde siempre habían estado, en la defensa de la libertad, la igualdad y los derechos de la ciudadanía, contra el comunismo y el marxismo y en pro de la democracia. Escribieron, después de 1945, algunas de las grandes obras del pensamiento jurídico del siglo XX pero con su vida produjeron también lo que se ha calificado como “uno de los capítulos más oscuros de la historia universal de la infamia”.

Muchos llegaron a ocupar las más altas magistraturas de la RFA y de la Alemania posterior a 1989. Se parapetaron en la lealtad de sus discípulos y en la complicidad gremial, impidieron la circulación de sus textos de la época nazi, mandaron a callar a los que sabían quiénes habían sido y qué habían hecho. Hasta fines de la década de 1960, en la RFA, no se publicó ni una linea recordando su oscuro pasado reciente.

Las mejores pruebas de la villanía de los juristas nazis – dice García Amado – las aportaron estos personajes reciclados cuando apareció la Ley Fundamental de Bonn (la Constitución de la RFA, en 1949) y la alabaron con idéntico celo con el que habían producido la leyes liberticidas y racistas del Tercer Reich. Después de la guerra expresaron su inquebrantable fe en los derechos humanos y en la dignidad de todos los seres, se convirtieron en exégetas privilegiados de las nuevas normas democráticas liberales y acogieron apresuradamente la nueva Jurisprudencia de Valores 14.

Además, Schmitt generó “diálogos ocultos” con personajes que, en algunos casos, eran o habían sido opositores suyos. Es el caso de Hans Morgenthau (1904 – 1980) Politólogo estadounidense de origen judeo-alemán, amigo de Kelsen y opositor de Schmitt hasta que abandonó Alemania en 1937. Morgenthau, un personaje relevante, complejo y polémico con su “teoría realista de las relaciones internacionales” presenta, en su política de poder, netas influencias schmittianas.

Otro personaje influyente fue Leo Strauss (1899 – 1973) considerado “el padre de los neoconservadores estadounidenses”, enemigo jurado de la modernidad, que creía en la eficacia de la manipulación política y el uso de la mentira porque había hecho suya la noción del combate total de amigo contra enemigo y en el derecho natural del fuerte de dominar al débil. Strauss fue mentor de Samuel Huntington, Francis Fukuyama y Paul Wolfowitz, entre otros.

Los discípulos y biógrafos de Carl Schmitt han tratado de disimular la responsabilidad del hombrecito de Plettenberg en las barbaridades y crímenes del nazismo y de la Guerra Fría, transformándolo de activo promotor en una víctima pasiva de fuerzas situadas fuera de su control. “Yo no he decidido nada – le dijo Schmitt a Kempner – era Hitler quien decidía”.

Cuando en un próximo artículo abordemos su “teoría del guerrillero” veremos claramente la responsabilidad ideológica de Schmitt en los crímenes cometidos por el imperialismo y el colonialismo, desde 1945, en Indochina, en Argelia y en América Latina. Está claro que referirse a las consecuencias políticas de las teorías de Schmitt no puede pasar por la negación de su responsabilidad (la linea escogida por él para su defensa y continuada por sus discípulos e interlocutores para despegarse de los crímenes del nazismo) y tampoco por la indignación moralista.

Como dice Benno Teschke, muchos remiten púdicamente esa indignación al pasado nazi de Schmitt y sus discípulos, convenientemente ocultado como vimos. Sucede que muchos de los epígonos alemanes que blanquearon su pasado desde 1945, en la RFA, siguieron siendo nazis y derechistas (como Heidegger, que nunca se arrepintió) o como varios ilustres profesores que, habiéndose transformado en paladines de la democracia liberal y del neoconservadurismo, en su ámbito íntimo seguían siendo fanáticos hitlerianos. Así ha sucedido con esa generación, fallecidos a fines del siglo pasado y comienzos del presente, cuando se han descubierto sus diarios íntimos y su correspondencia reservada, rebosantes de desembozado racismo, anticomunismo y añoranzas por el poder que tuvieron durante el Tercer Reich.

La Doctrina de la Seguridad Nacional que asoló América Latina en las décadas de 1960 a 1980 del siglo pasado, así como la “guerra global contra el terror” que se desató después de los atentados de setiembre de 2001, durante el gobierno de George W. Bush, en los EUA, responde a un esquema político claramente schmittiano: fortalecimiento del Poder Ejecutivo en desmedro y por encima del parlamento o mediante la disolución de este como en las dictaduras promovidas por los Estados Unidos; limitación de las libertades civiles básicas (censura y manipulación de la información, detenciones de opositores, llegando a la tortura sistemática, las desapariciones y los asesinatos); intervenciones bélicas bajo la forma de guerra o ataques preventivos (incluso bajo la forma de estados de guerra interna); comisión de crímenes de guerra y la negativa a aplicar la Convención de Ginebra (en cuanto al tratamiento de los prisioneros y de la población civil).


1Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie. Berlín 1970) (hay traducción al español) fue uno de los últimos libros escritos por Schmitt.
2NSDAP – Sigla del Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei, conocido como Nazi.
3Teschke, Benno (2011) “Decisiones e indecisiones. Recepciones políticas e intelectuales de Carl Schmitt”. En: New Left Review, Nº 67, enero-febrero del 2011. El Dr. Benno Teschke es catedrático de la Universidad de Sussex y se ha especializado en Teoría Crítica y Marxismo, Geopolítica y Pensamiento Político Alemán.
4Cfr. Ob. Cit. Además hay que señalar que la teología política es una concepción de la soberanía modelada por el absolutismo y la plenitudo potestatis papal (el poder infalible del Papa).
5 Como en todas aquellas guerras, las bajas entre los militares combatientes eran mucho mayores a causa de enfermedades epidémicas que las causadas por los sablazos, balazos o metralla de sus enemigos. Un ejemplo paradojal fue, por ejemplo, se produjo en 1830, cuando el estallido de movimientos revolucionarios en Europa y una crisis política en Polonia hizo que Clausewitz fuera Jefe de Estado Mayor del ejército de Prusia, liderado por su amigo el Mariscal de Campo Gneisenau. Una epidemia de cólera diezmó al ejército prusiano. Gneisenau enfermó y murió el 23 de agosto de 1831. Clausewitz regresó a su hogar en Breslau, aparentemente sano, pero falleció víctima del cólera el 16 de noviembre a los 51 años de edad.
6 Carl von Clausewitz (1780 - 1831) fue un militar prusiano, influyente historiador y teórico de la ciencia militar moderna, conocido por su tratado De la Guerra, en el que desarrolla un análisis sobre los conflictos armados, con comentarios sobre táctica y estrategia. Concebía la guerra como una empresa política de alto vuelo, sin desconocer la sangre y la brutalidad que implica. Consideraba que todos los recursos de una nación deben ponerse al servicio de la guerra cuando se decide su ejecución y pensaba que, una vez iniciada, no debe detenerse hasta desarmar y abatir al enemigo.
7Se dice que Enrique de la Tour d'Auvergne-Bouillon (1611 – 1675), el Mariscal francés, debió cortar en pedazos su rica vajilla de plata para remunerar a sus soldados amotinados por falta de paga.
8Reinhard Höhn (1904-2000) y Karl Rudolph Werner Best (1903-1989) fueron ambos juristas nazis, pertenecientes a las SS, criminales de guerra y rivales de Schmitt. Los dos fueron adjuntos de Heydrich y jerarcas de la Gestapo y la RSHA (Oficina Central de Seguridad del Reich). Höhn fue profesor de derecho constitucional en la Universidad de Berlín y uno de los teóricos del movimiento Völkisch; en 1945 pasó a la clandestinidad y reapareció en 1956, en la RFA, con una academia para empresarios donde enseñaba “manejo del personal”; en 1963 publicó un libro sobre “el ejército como educador de la nación” y en 1970 otro sobre administración de empresas. Werner Best por su parte fue Jefe de Personal de la RSHA, actuó en Francia, en Dinamarca y fue uno de los organizadores de los Einsatzgruppen (los batallones de exterminio); fue testigo en los Juicios de Nuremberg, condenado a muerte en Dinamarca, donde fue apresado, se le conmutó la pena por doce años de prisión y pronto fue liberado, en 1951; constituyó una organización de ayuda a los ex SS; en 1972 Polonia pidió su extradición para juzgarlo y la RFA la negó; murió en Mulheim, Westfalia, a los 86 años de edad.
9 Miembro del Partido de Centro Católico, disuelto en 1933 a instancias del Cardenal Pacelli (el futuro Pío XII) para abrirle paso al nazismo, Adenauer antiguo alcalde de Colonia, fundó en 1945 la Unión Demócrata Cristiana, CDU (la misma de Ángela Merkel). Condujo el proceso del llamado milagro alemán en la República Federal Alemana RFA (creada en mayo de 1949), profundamente anticomunista y antisocialista, promotor de la economía de mercado, aliado principal de la OTAN y enemigo jurado de la República Democrática Alemana, RDA (que se había creado en la zona de ocupación soviética en octubre de 1949) después que los intentos de reunificación fueron vetados por los estadounidenses. Fue el primer Canciller de la RFA, desde 1949 hasta 1963 y uno de los patrones de la Guerra Fría (promovió el rearme de la RFA mediante la creación de la Bundeswehr en 1955).
10Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen. Berlín (1ª ed. 1963) . De las traducciones al español, la más reciente es la de Trotta, en el 2013. Con prólogo de José Luis López de Lizaga y epílogo del filósofo heideggeriano Franco Volpi (fallecido en un accidente en el 2009) consiguen transformar el opúsculo original de menos de 90 páginas en un libro de 120. Sin embargo, nosotros preferimos la traducción efectuada por Denes Martos, que fundamenta claramente la conveniencia del título Teoría del Guerrillero (asequible en http://www.scribd.com/people/view/3502992-jorge). Próximamente dedicaremos un artículo a disecar exclusivamente este clásico schmittiano.
11Asequible en legis-pe/cual-es-el-precio-de-un-jurista
12Bernd Rüthers, reconocido especialista en derecho laboral, historia y filosofía del derecho, es el autor de dos obras fundamentales cuya edición en español es relativamente reciente. Se trata de “Carl Schmitt en el Tercer Reich”, editado en el 2004, por la Universidad del Externado en Colombia mientras que el año pasado se editó en Madrid, por la Cátedra de Cultura Jurídica, traducido y prologado por García Amado, “Derecho degenerado. Teoría jurídica y juristas de cámara en el Tercer Reich”.
13La Ley para solucionar los peligros que acechan al Pueblo y al Estado (Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich), conocida como Ley Habilitante de 1933 fue aprobada por el Parlamento alemán el 23 de marzo de ese año, después que los diputados comunistas fueron encerrados en campos de concentración. Mediante esta ley Hitler obtuvo plenos poderes dictatoriales bajo una apariencia de legalidad.
14Se refiere a la promovida por los popes de la llamada “economía social de mercado”, entre los cuales se destaca Wilhelm Röpke (1899 - 1966), secretario permanente de la secta de feroces economistas neoliberales y sus acólitos, la Sociedad Mont Pelerin convocada por Von Hayek e integrada además por varios príncipes y aristócratas millonarios, por los economistas Ludwig Von Mises y Milton Friedman, el filósofo Karl Popper y el uruguayo Ramón Díaz (1926 – 2017) que la presidió entre 1998 y el 2000, entre otros. Díaz fue un ideólogo neoliberal, que presidió el Banco Central y fundó el derechista semanario Búsqueda en 1972.

Funcionarios públicos ¿mal necesario o chivos expiatorios?

FUNCIONARIOS PÚBLICOS ¿MAL NECESARIO O CHIVOS EXPIATORIOS?

Por el Lic. Fernando Britos V.


Algo se rompió bajo el terrorismo de Estado - Motiva estas lineas la lectura de un testimonio del Maestro Luis Garibaldi 1, cuyo contenido suscribo, apoyo calurosamente e intentaré complementar con algunas reflexiones y experiencias propias, producto en cierta medida de una larga trayectoria como funcionario de la Universidad de la República y de las observaciones que he podido realizar en la realidad de la administración pública de distintos países.

Muchos nos hemos sentido salpicados por un reciente comentario del ex-Presidente Pepe Mujica, en el sentido de que “en el Estado no se controlan los gastos desde hace treinta años”. La tesitura de Mujica no es nueva aunque ahora la utiliza para minimizar las actuaciones de Raúl Sendic, en particular en relación con el manejo de la famosa “tarjeta corporativa” y la rendición de viáticos. Naturalmente tengo una opinión formada acerca del significado y la calificación de la actuación de Sendic en este asunto tan manoseado pero coincido en que es este falso argumento de Mujica el que ahora resulta chocante. En efecto, la lógica de sus palabras es la que se corresponde con aquel viejo dicho “mal de muchos consuelo de tontos”.

Si fuera cierto que los gastos de los funcionarios públicos “no se controlan desde hace treinta años” no solamente estaría en juego un consuelo para “los bobos” que constituyen el conjunto de la ciudadanía sino que se estaría relacionando este descontrol con la democracia post dictadura, cuando es bien sabido que en los años de plomo - inclusive bajo el régimen autoritario de Pacheco Areco - no solamente se cometieron crímenes de lesa humanidad sino robos, acomodos y abusos de todo tipo con los fondos públicos, en todas las satrapías establecidas en la administración central, en los entes autónomos, en los organismos de enseñanza, en los municipios.

Uno de los principales problemas de la “transición uruguaya” entre la dictadura y la democracia recuperada en 1985 fue, precisamente, la consagración de una impunidad que fue mucho más allá de los grandes crímenes y que abarcó, aunque no a texto expreso, la leniencia y falta de investigación de delitos, abusos y faltas, la falta de una pretensión punitiva que, en comparación con las atrocidades que se cometieron en los cuarteles y cárceles, podían aparecer como insignificantes.

Es sabido que el terrorismo de Estado tiene efectos transgeneracionales. Quienes trabajaron en psicoterapia de descendientes de víctimas del nazismo y de las dictaduras latinoamericanas han comprobado como el horror de los campos de exterminio, las marchas de la muerte y los centros de tortura, atormentan la psiquis de los hijos y los nietos de quienes los sufrieron (y también la de muchos descendientes de los verdugos y torturadores), sin que las noveles generaciones hayan conocido testimonio o relato directo proveniente de sus antepasados. Este es uno de los resultados más ominosos de las secuelas psicológicas transgeneracionales del terrorismo de Estado. Hay otras secuelas menos estudiadas, más colectivos, más duraderos y con efectos más difíciles de identificar.

En todas las sociedades que sufrieron la violencia inenarrable del terrorismo de Estado produjeron cambios culturales cuyos orígenes suelen estar encubiertos. Nadie puede negar los vínculos entre la práctica sistemática de la destrucción de seres humanos y ciertas prácticas xenófobas y discriminatorias actuales, en políticas estatales, en el deporte y en distintos aspectos de la vida cotidiana. La naturalización de la violencia, aún con generaciones de por medio, tiene relación con barreras o umbrales que se traspasaron cuando la práctica de la tortura, la violación, el asesinato, se masificó, involucró a miles de perpetradores, contó con la aquiescencia de alguna gente y sobre todo aterrorizó a millones. Algo se rompió, algo se pudo reparar, algo permanece irreparable.
Los momentos en que se emprendió el camino sin retorno del terrorismo de Estado naturalmente son muy difíciles de determinar porque se ha tratado siempre de procesos que se desarrollaron en el tiempo, tanto cuando Hitler recibió plenos poderes de un parlamento alemán donde los nazis no eran mayoría, en 1931, como cuando la mayoría blanqui-colorada del parlamento uruguayo le dió rienda suelta a Bordaberry, a sus secuaces y a los mandos militares mediante el “estado de guerra interna”, en 1972. En todos los casos no solamente resultó naturalizada la violencia ilimitada sino el trato deshumanizante a los adversarios o supuestos adversarios, la acción rapaz sobre los bienes públicos tomados como botín “en tierra conquistada”, la delación, la estigmatización de los pobres y los desvalidos, la degradación de las mujeres, la manipulación de los jóvenes, etc.

En ese marco y en nuestro Uruguay, la dictadura (1973-1985) trajo consigo el asalto a los bienes públicos, grandes negociados y latrocinios, cuyos responsables jamás fueron juzgados y también el descaecimiento de una ética administrativa que, aunque jaqueada por el clientelismo de blancos, colorados y en general de las fuerzas políticas conservadoras, existía y fue arrasada. En este último caso se trata de los corruptos, ladronzuelos, prevaricadores y chantajistas que proliferaron a la sombra de los principales jerarcas de la dictadura.

Cuando los funcionarios universitarios, docentes y no docentes - que habíamos sido destituidos por la intervención dictatorial mediante la infame “declaración de fe democrática” en 1973 - nos reintegramos el 1º de marzo de 1985, nos encontramos un panorama de tierra arrasada. Los interventores de la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias, por ejemplo, se habían llevado para su casa estufas, ventiladores, máquinas de escribir y otros equipos descaradamente apropiados y habían hecho un negociado abandonando el viejo edificio de Juan Lindolfo Cuestas y Cerrito, saqueado la magnífica boisserie y estanterías de roble de la gran biblioteca y, lo que es mucho más grave, robado a mansalva miles de volúmenes invaluables de una de las colecciones más importantes del país.

Las huellas del paso de la intervención dictatorial por la Facultad de Arquitectura eran igualmente impresionantes. Los viejos funcionarios aseguraban que uno de los decanos interventores se había apropiado de toneladas de materiales destinados a la construcción de salones para edificarse una casa de veraneo con mano de obra pública. El primer Secretario Administrativo designado por Narancio era un joven fascista, que concurría armado con una automática, obligaba a comprar “Azul y Blanco” y recorría el país en francachelas con amigos, todo por cuenta de la Facultad y en un vehículo de la misma. Quien le sucedió, una oscura abogada que dejó asentadas todo tipo de barrabasadas en expedientes tramitados por la intervención, después del 1º de marzo de 1985 siguió tranquilamente su carrera pero en la Presidencia de la República.

Cuando las autoridades legítimas de la Udelar se hicieron cargo de la misma, solamente prescindieron del “personal de vigilancia”, viejos policías y soldados que se habían destacado en reprimir y vigilar a los estudiantes. Muchos jerarcas administrativos de confianza fueron trasladados antes del derrumbe de la intervención a cargos públicos de la administración central y otros jubilados en condiciones muy beneficiosas. Junto con la reposición de destituidos se rebobinó la carrera meteórica que algunos funcionarios habían experimentado bajo la intervención pero prácticamente la totalidad se mantuvo en sus puestos. En cuanto a los docentes, volvieron los perseguidos y los más comprometidos con la intervención se dedicaron a su práctica profesional sin ser molestados; otros se mantuvieron en la docencia con un perfil bajo.

En general se retomó la probidad y los sistemas de control existentes en la Udelar pre dictadura. Gradualmente pero en forma sostenida se fueron ajustando y adecuando los controles sobre los viáticos pero me atrevo a decir que en las varias décadas en que tuve responsabilidades superiores, a partir de 1985, solamente se comprobaron un puñado de irregularidades mayores y que los incumplimientos en cuanto a rendición de gastos y viáticos fueron detectados y corregidos casi invariablemente. Lo que nunca se hizo fue una investigación rigurosa de los latrocinios y otras irregularidades graves del periodo dictatorial sobre los que se tendió un púdico manto de olvido.

Es cierto que algo se rompió en forma irreparable con la irrupción del terrorismo de Estado pero también es cierto que, aún en medio de una transición con limitaciones, los mecanismos de control sobre los funcionarios públicos fueron trabajosamente reconstruidos en la mayoría de los entes públicos y, en particular, en la Universidad de la República. En cambio, lo que no se pudo recuperar fue la homogeneidad funcionarial que existía antes de 1973 y al explicar este concepto volveré a las injustas manifestaciones de Mujica sobre las que llamó la atención Luis Garibaldi.


Las luces malas del centro - Estas últimas declaraciones de Mujica no son originales, frecuentes en él y de vieja data. Reiteradamente ha aludido con sarcasmo y desprecio a “los funcionarios públicos”, que viven de arriba, a “los cajetillas de Pocitos” u otras fórmulas difamatorias de las que muchas veces ha tenido que arrepentirse o disculparse a posteriori. Con su gracejo de Viejo Vizcacha, que eriza a los políticos tradicionales y sobre todo a los opositores de la derecha vernácula, suele emprenderla con esas generalizaciones agraviantes para la enorme mayoría de los servidores públicos y como él mismo sostiene está viejo para cambiar su modalidad

Hay que recordar que Mujica no es el único político contemporáneo que ha salpicado a los funcionarios públicos. No hay que ser muy memorioso para recordar que Raúl Sendic se refirió al sistema de concursos y ascensos de los funcionarios públicos como “la carrera de burros”. Nunca se disculpó por ese agravio pero mereció una crítica lapidaria de un inolvidable: Wladimir Turiansky (1927-2015). El ingeniero le recordó al inexperto y soberbio Presidente del Directorio de ANCAP que la carrera funcionarial era una preciada y laboriosa conquista de los trabajadores organizados en sus sindicatos en pos de la mejor gestión de la cosa pública, es decir en beneficio de la sociedad. Si Sendic no hubiera ignorado esta crítica fraterna tal vez no se habría expuesto al “tiro al pato” al que ahora se ve sometido, precisamente por su desempeño como servidor público.

El origen de los ataques descalificantes a la función pública, a sus controles e insuficiencias, que las tiene y muchas, es distinto que el de la crítica racional y fundada, venga de donde venga. Los ataques descalificantes, las salpicaduras al paso responden a un resabio ideológico que retoma un tema patrimonio de las clases conservadoras, la oligarquía del Uruguay pastoril y caudillesco: la contraposición campo/ciudad que deposita en el primero todo lo bueno y en el segundo todo lo malo. Este tema típico de los ricos del campo, de la oligarquía agropecuaria, herrerista, riverista, ruralista, es la que presenta al campo como “la salvación del país”, el productor de riqueza, el laborioso, mientras que la ciudad es el lugar del ocio, la holgazanería, la perdición, el vicio, lo subversivo.

Esas imágenes, en el pasado y aún en la actualidad, son las que congregan, por ejemplo, a quienes se oponen a la aplicación de las ocho horas al trabajo rural y a cualquier ley o procedimiento que amenace sus ganancias o su “modo de vida”. No hay más que escuchar el discurso de la Federación Rural para ver aparecer la idea idílica del campo, natural, sano, apacible, de la gran familia que une al estanciero paternal con sus peones trabajadores abnegados. Ese discurso invariablemente acompaña los reclamos reiterados de los latifundistas, acerca de sus ganancias decrecientes, de la falta de competitividad, de los impuestos excesivos, del exceso de los beneficios sociales que hay que recortar, del abigeato y en general de todos los males reales o presuntos que pregonan los grandes complejos agropecuarios, nacionales y extranjeros, y sus representantes políticos que se concentran ahora, en el siglo XXI, en los Lacalle, en los Larrañaga y otros personajes del exclusivo club de las relucientes cuatro por cuatro.

Según ellos, en esa poza del vicio que se ubica en el medio urbano2 y sobre todo en la capital, el ejemplo más acabado de parasitismo social siempre fueron los funcionarios públicos. El aumento en el número de los servidores públicos no fue únicamente un fenómeno paralelo al crecimiento demográfico del país - especialmente entre el último cuarto del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX - sino una expresión de la consolidación de la modernización, del desarrollo de entes estatales y de la complejidad creciente de la sociedad, cuyo impulso se debió, fundamentalmente pero no exclusivamente, al batllismo y que fue combatido, “a los tortazos” por los conservadores de aquellos tiempos (herreristas, riveristas, vieristas, sosistas, etc.) y por sus derivaciones posteriores, el herrerismo y el ruralismo nardoniano.

Mientras “los doctores” se reclutaban entre los ricos estancieros, comerciantes e industriales, los funcionarios públicos provenían abrumadoramente de las capas medias urbanas. Los propagandistas antiguos y contemporáneos del “mito campero” ocultan el verdadero origen y alcance de la categoría “funcionario público”. Esta es una construcción peyorativa de la ideología más reaccionaria que, al mismo tiempo que acusa a los funcionarios como parásitos holgazanes, contrapuestos a los sanos y buenos campesinos, elogian a otros funcionarios públicos, expresamente excluidos de dicha categoría: los militares y los policías, destinados a salvaguardar “el orden social”, “el modo de vida” o cualquier otro sinónimo de los privilegios y las riquezas de la clase dominante.

En el desarrollo de la administración pública hubo y persisten graves problemas. Blancos y colorados, colorados y blancos, que se alternaron en el gobierno del país durante el siglo XX instauraron diversas formas de clientelismo, utilizando el empleo público como forma de ganar votos y adhesiones o anular voluntades. Algo parecido se hizo con las jubilaciones y pensiones y en general con todos los beneficios sociales por parte de políticos y operadores corruptos con fines de nepotismo y afianzamiento de su poder. Históricamente, los chivos expiatorios, la variable de ajuste, quienes deberían “pagar el pato” durante las crisis, fueron los denigrados funcionarios públicos y los inservibles jubilados.

Tales procedimientos alcanzaron extremos gigantescos durante la dictadura cívico-militar, no solamente desde el punto de vista de la apropiación de dinero y bienes (negociados, saqueos, etc.) sino con todo tipo de acomodos, carreras meteóricas y pingües beneficios. Estos “beneficios” fueron notables sobre todo en la mencionada categoría de servidores públicos no estigmatizados: la oficialidad de las fuerzas armadas y de la policía (la tropa, en todos los casos, se asimilaba a la peonada del campo respecto a los patrones: salarios irrisorios sin acceso alguno a los beneficios y las condiciones de vida de la oficialidad).

Algo se habría ganado pero queda mucho por hacer - Mucha razón tiene el Maestro Luis Garibaldi cuando da su testimonio sobre la injusticia de las declaraciones agraviantes de Mujica. Lamentablemente, la categoría descalificatoria del “funcionario público” acuñada y desarrollada por los conservadores y reaccionarios de siglos pasados, ha sido asimilada en ciertos medios de la sociedad que serían insospechables - como el mismo Mujica - en cuanto a coincidir en cuestiones importantes con los defensores de los privilegios, las doctrinas neoliberales, el New Public Management u otros sistemas que pretenden trasladar a la administración pública los criterios del utilitarismo feroz que aplican las grandes corporaciones transnacionales.

El temor a quedar incluidos en la categoría de los “despreciables parásitos” hace que muchos servidores del Estado no se consideren a si mismos funcionarios públicos. Este fenómeno es muy claro en la Universidad de la República cuya Ley Orgánica (Ley 12.549 de 1958) establece el cogobierno de la institución por tres órdenes: docentes, estudiantes y egresados pero excluye de cualquier participación en la toma de decisiones a muchos miles de funcionarios que, precisamente, reciben la denominación de no docentes.

Las fallas de la democracia universitaria no consisten en esta exclusión sino en el hecho, evidente pero silenciado, que los funcionarios no docentes son, en el peor de los casos “un mal necesario” y en el mejor recursos humanos “relevantes por defecto”. En mis largos años como administrador superior en la Udelar (Director de División, el grado más alto del escalafón administrativo entre 1992 y 2015) tuve la oportunidad de acuñar y comprobar hasta el cansancio esta última definición: la falta de reconocimiento (y consiguientemente de autoridad y responsabilidad) que se le da a los funcionarios no docentes hace que se perciba su existencia cuando no están en su puesto, cuando no concurren por la razón que fuese (cambio de destino, enfermedad, jubilación, etc.). Entonces algunos jerarcas se dan cuenta que algo falta, que el o los funcionarios hacían un trabajo que se había menospreciado y estos servidores se vuelven relevantes, aunque más no sea por un rato.

La Universidad de la República no ha sido capaz de reformar su Ley Orgánica para adaptarla a las realidades del presente y del futuro inmediato pero, en relación con sus propios funcionarios públicos enfrenta un problema mucho mayor. Muchos de los docentes que son, sin lugar a dudas, quienes gobiernan la Universidad no se consideran funcionarios públicos o, en todo caso - como sucede, con la oficialidad de las fuerzas armadas - consideran que sus funciones son excepcionales, que la docencia y los mecanismos de designación y de carrera que establece la ley los ponen en una categoría intangible, superior y privilegiada frente a sus colaboradores no docentes a quienes ni siquiera reconocen como universitarios.

En este tipo de trampas de autocomplacencia, sucesivos Rectores, desde 1985 hasta la fecha, han menospreciado la gestión del más complejo de los organismos públicos, se han apoyado en una constelación de cargos de confianza, por supuesto docentes, y han ido gradualmente quitando responsabilidades al personal técnico, administrativo y de servicios. Se trata de un esquema que considera que el trabajo de gestión lo pueden efectuar con equipos poco numerosos de cargos de confianza (que cesan cuando cesan los Decanos y Rectores), buenos sistemas informáticos y un número reducido de funcionarios, de rango menor (por ende más baratos en cuanto a remuneración), que hagan de “carga ladrillos”. La existencia misma del Hospital de Clínicas complica las cosas enormemente porque la mitad del personal no docente revista en el mismo.

Esta falta de reconocimiento y por ende la creciente limitación y deterioro de la carrera de los funcionarios universitarios no docentes, provoca varios efectos perversos y negativos. Como ejemplo diré que pese a estar obligada por ley de la república, la Universidad no ha sido capaz de adoptar y hacer funcionar una ordenanza de calificaciones y ascensos para sus funcionarios no docentes. La norma que adoptó hace más de una década nunca ha sido aplicada porque en realidad, recibir una calificación por su desempeño que además sirva para los procesos de ascenso en la carrera funcionarial es un derecho de los no docentes que no puede concretarse sin la participación de los mismos funcionarios.

De este modo, los jerarcas que son en lo fundamental docentes, prefieren evaluar el desempeño a su aire, mediante criterios puramente subjetivos, porque “cada torero quiere torear con su cuadrilla”. Un sistema de evaluación del desempeño obligaría a trabajar con un equipo más profesional desde el punto de vista de la carrera funcionarial pero esto no les interesa a la mayoría de los jerarcas, de modo que tienden a tratar a los funcionarios de carrera como si fueran cargos de confianza lo cual es una fuente de frustraciones, desconfianza, injusticias y pérdida de capacidad.

Finalmente, la categoría difamatoria de “funcionario público” va asociada con ciertos rasgos genéricos como la holgazanería, la falta de iniciativa, la eterna pausa para tomar café, el desprecio por el público, la mala atención y el destrato, las raterías. Estas conductas, reales o supuestas (y como se dijo no descarto que en un porcentaje menor puedan manifestarse y me consta que muchas veces tienen lugar) se basarían según quienes arremeten constantemente contra el funcionariado desde posturas neoliberales en “la inamovilidad de los funcionarios públicos”.

En la Universidad de la República y especialmente entre algunos docentes jóvenes en onda neoliberal, este concepto es la piedra de toque que les permite distinguirse de los no docentes pues sostienen que ellos (los docentes) son constantemente amovibles, aún cuando sean profesores titulares, renovables periódicamente y sometidos a permanente evaluación. No voy a debatir esta figura retórica que, en la realidad y en la mayoría de las veces, se conjuga en forma muy distinta. Lo que debe ser rebatido es la presunta inamovilidad de los funcionarios públicos que, como es sabido, no existe en el sentido de intangibilidad.

En efecto, las leyes son muy claras, los funcionarios públicos pueden ser removidos por incapacidad, omisión o delito, aunque con dos condiciones: en primer lugar hay que probar la existencia de la causal de remoción de que se trate (mediante una investigación en toda regla y con las garantías del debido proceso). En segundo lugar y es lo que pesa y pesa mucho en la administración pública, especialmente en la Universidad, debe existir la voluntad política de las autoridades para determinar investigaciones y establecer responsabilidades, en cualquiera de las tres causales mencionadas. Si esta voluntad no existe porque no se reconoce la importancia del trabajo de los funcionarios no docentes, porque se desconoce la capacidad de corregir lo corregible o porque se temen los efectos de la determinación de responsabilidades o de la asunción de las mismas, es harina de otros costales.


1De viáticos y rendiciones por Luis Garibaldi, uy.press el 7 de setiembre de 2017.
2En un pasado cercano y aún en la actualidad, el arrabal, el suburbio, el barrio, guardan una relación con el centro similar al antagonismo campo/ciudad. Por eso en “Tortazos” (1930) la conocida milonga, con música de José Razzano y letra de Enrique Maroni, que grabó Carlos Gardel, se estampa claramente el reproche machista a la mina que “se fue al centro”:
Te conquistaron con plata
y al trote viniste al centro,
algo tenías adentro
que te hizo meter la pata;
al diablo fue la alpargata
y echaste todo a rodar
(...).