Auge y caída de los cargos de confianza

LA CASITA DEL PARQUE

Auge y caída de los cargos de particular confianza

Fernando Britos V.

El secretario general de la Intendencia Municipal de Paysandú era el número dos de la nomenclatura política del departamento. Un abogado joven y fogueado, un peso pesado de su partido; un hombre de familia con esposa rubia y madre acongojada, procesado con prisión por “abuso de funciones” porque la policía lo detuvo conduciendo alcoholizado y acompañado por dos mujeres: una de ellas funcionaria municipal y “encargada” de la casita de la Intendencia donde se desarrollaba una festichola con alcohol, cocaína y prostitución. La otra una menor de edad a la que el jerarca borrachín estaba “llevando a su casa”.

          Hasta aquí lo que ha sido profusamente divulgado por los medios de comunicación. Aparentemente la justicia no ha concluido la investigación y es posible que la carátula de los procesamientos y aún la cantidad de procesados cambie porque es inevitable pensar que un tal alto cargo de “particular confianza” la ha sacado baratísima con una prisión por “abuso de funciones” que le permitirá, seguramente, brindar con champaña y porqué no con whisky en la tranquilidad de su hogar, en pocas semanas, para retomar el camino a la cumbre del que debió bajarse, después que el mal paso se haya olvidado.

          Los abogados, los jueces y sus colaboradores se enfrascarán en las delimitaciones de responsabilidad penal pero ya algunas cosas se han dicho. Las declaraciones que se atribuyen a la mano derecha del Intendente de Paysandú son casi más vergonzosas que las faltas y delitos que pudiera haber cometido. Resulta que el pobre doctor que gestionó la “casita del parque” para el asado (de casita nada, ya todos hemos visto que se trataba de una construcción municipal de buen tamaño, muy bien mantenida y convenientemente apartada), se dio una vuelta y se tomó unos tragos con sus amigos. El inocente mientras se emborrachaba vio aparecer mujeres y más hombres y espantado por el tinte orgiástico y coquero del acontecimiento resolvió retirarse llevándose a la “encargada” de la casita y a una de las adolescentes que participó en la fiesta. ¿Cómo podría acusársele de intentar tener sexo con una menor de edad si a ella “le faltaba un mes para cumplir los 18”? Borracho pero consciente el hombre, ya le había pedido la cédula a la nena ¿o se enteró después? Solamente por semejantes declaraciones atenuantes aparece como sospechoso de otros consumos psicotrópicos pero eso es cuestión de los jueces (tal vez hayan pedido un análisis de la orina del imputado).

          Ahora algunas reflexiones que no tienen que ver con el derecho, la calidad profesional del procesado que le reconoce el Intendente o la probidad de la justicia pero si con la ética y la eficacia de la gestión pública.

          El ex secretario general de la Intendencia sanducera es un fruto del árbol del clientelismo, uno de cuyos pilares fundamentales son los cargos de confianza, políticos de particular confianza, o de renovación permanente de conocimientos como se denomina a algún escalafón inventado para burlar la carrera funcionarial y el profesionalismo de la función pública.

          No es moda novedosa la de denigrar a los funcionarios públicos para promover acomodos y la proliferación de cargos de confianza que dependen del arbitrio del jerarca de turno que los apadrina.

El mito de la “inamovilidad de los funcionarios públicos”[1] al hablar de la eficiencia del Estado, como el mito de “los dos demonios” para encubrir las responsabilidades por el terrorismo de Estado y los crímenes y latrocinios de la dictadura, verdaderamente han hecho carrera.

Las cosas marchan mal, existe ineficiencia (real o presunta porque “las pruebas se producen” por difamación y repetición de calumnias) pues la culpa es de los funcionarios, haraganes impenitentes, coimeros, incompetentes.

Las ocurrencias geniales de los jerarcas políticos (es decir de quienes ocupan cargos electivos) no pueden llevarse a cabo, pues la culpa es de los funcionarios públicos que, como el perro del hortelano “no comen ni dejan comer al amo”, son los burócratas que complican las cosas que demoran todo con su falta de motivación y su ineptitud.

En verdad se trata de una fórmula simple pero efectiva. El trabajo de los servidores públicos es un trabajo estigmatizado, un trabajo de bajo prestigio que no cuenta con reconocimiento alguno. La carrera funcionarial ha sido desmantelada (claramente desde la adopción de la Constitución “naranja”, en 1966, que estableció que todos los cargos superiores de la administración pública son “cargos de confianza” de modo que están sometidos casi exclusivamente a la voluntad del jerarca electivo.

Ya se sabe que los cargos electivos ocupados por personas cuyas virtudes no se trata de analizar o cuestionar tienen, en su sensibilidad ante los problemas y para buscar soluciones, una limitación muy importante: tienden a privilegiar lo que sus electores les reclaman o lo que ellos creen o se manipula o presenta como el deseo de sus electores. Por ende la mayoría de quienes ocupan cargos electivos no suelen hacer nada que conspire contra la posibilidad de ser reelectos o que deteriore su prestigio ante los intereses a los cuales sirven.

De todos modos los intereses populares muchas veces son algo tan difuso, tan sometido a las veleidades de la llamada “opinión pública”, a las mayorías circunstanciales, que siempre habrá campo de maniobra para no hacer lo necesario sino lo conveniente.

Los funcionarios de carrera en tanto - es decir aquellos que se han ganado su lugar a punta de pruebas, méritos y compromiso cotidiano e incluso aquellos que ingresaron por cuota clientelista de algún político o por imposición de algún milico encaramado en el gobierno (1973-1985) pero que deseaban trabajar honestamente sin privilegios indebidos – tiene que hacer lo que se debe y resolver no solamente las complejidades del trabajo prescripto sino los desafíos del trabajo real.

Esto no quiere decir que los funcionarios públicos estén exentos de corrupción, incuria o incapacidad sino, simplemente, que quienes están más cerca del poder, en relación directa con quienes toman las decisiones - como es el caso de los cargos de confianza - están más propensos, aunque no necesariamente condenados, a sufrir la corrupción y la subversión de valores que, invariablemente, irradia desde el poder. Muchos de quienes recuerdan la frase discutiblemente atribuida a Lord Acton: “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”, tienden a recordar más la segunda parte de la oración en desmedro de la enfática afirmación inicial.

El número dos de la Intendencia de Paysandú pertenece al mismo partido político que llevó a la presidencia al mandatario que hacía inolvidable escarnio de los servidores públicos diciendo “ellos hacen como que trabajan y yo hago como que les pago” pero no debe creerse que el menosprecio de los funcionarios y la exaltación y proliferación de los cargos de particular confianza corresponde a algún o algunos partidos políticos.

Se trata de una posición de clase como antes se sostenía, en todo caso de una posición que tiene que ver con el manejo de la cosa pública que, en menor o mayor medida, es transversal a todos los partidos políticos, sin perjuicio de lo cual hay que precaverse para no hacerle el caldo gordo a las posturas fascistoides y antidemocráticas de la burguesía asustada (“que se vayan todos”, “todos son iguales”).

Aquí no se trata de hacer adivinanzas. Es casi seguro que el jerarca ahora defenestrado figuraba entre quienes promueven la rebaja de la edad de imputabilidad para los jóvenes aunque probablemente no exhiba la misma drasticidad hacia los pedófilos y los proxenetas (“le falta un mes para cumplir 18 años”) y otras moscas pueden atarse por ese rabo.

El trabajo de los servidores públicos comparte con el trabajo doméstico su invisibilidad. Los funcionarios públicos también son relevantes por defecto, esto quiere decir que su presencia se percibe cuando el trabajo no se hace. El piso está sucio cuando nadie lo ha barrido; que el lavado no se ha hecho se nota cuando en el cajón no hay ropa limpia para ponerse. Sin embargo, cuando el trabajo se hace no se lo valora. Para quien no hace un trabajo de este tipo todo aparece como una naturalización de las dificultades, todo es fácil, cualquier idiota puede hacerlo y por lo tanto lo que se invierte para remunerar ese trabajo siempre parece un despilfarro. Lo que se paga al servicio doméstico o a los servidores públicos siempre parece demasiado “para lo poco que hacen”.

El trabajo invisible es trabajo desvalorizado y lo que es peor, el sufrimiento que el trabajo siempre genera, en mayor o menor medida, es banalizado (“exageran los riesgos”) lo que explica, por ejemplo, la resistencia a aceptar la responsabilidad penal en accidentes por inseguridad en el trabajo de la construcción (el más mortífero en nuestro país).

Finalmente, no abandonaremos el asunto sin referirnos a un par de rasgos comunes en varias propuestas para “la reforma del Estado” (sin entrar a sopesar su neoweberianismo, su neoliberalismo o su neogerencialismo).

Por una parte, las tendencias en boga suelen entonar el canto de la “participación” que, por lo general, es lo que hemos denominado como “participación de baja intensidad” que es uno de los ingredientes fundamentales del toyotismo y de la gobernanza. La gobernanza - un criterio muy trabajado en la Unión Europea antes de la crisis profunda que ahora sufre - preconiza los mecanismos de consulta popular, de difusión y participación de los actores sociales para promover grandes obras o proyectos y políticas sociales.

Todo parece muy bonito pero esas consultas son en realidad para guardar apariencias democráticas, amortiguar las críticas y encajar las objeciones o propuestas diferentes que puedan surgir en una etapa previa a las decisiones. El manual de la gobernanza indica claramente que las posiciones opuestas que aparezcan en las consultas deben ser liquidadas o diluidas para que no incidan en las decisiones. Ahora que la recesión azota a Europa los servicios de la gobernanza no son necesarios: las brutales medidas antipopulares no pueden ser maquilladas.

Por otra parte, las concepciones de la gestión moderna se juegan todos los boletos a la tecnología, a la inteligencia artificial, a la robotización. Esa es la bazofia que vende la Singularity University, por ejemplo: un mundo donde todos los problemas serán resueltos, donde todos los trabajos penosos los harán las máquinas inteligentes y sensitivas y los humanos (bueno… algunos humanos se dedicarán al ocio creativo por toda la eternidad porque las enfermedades habrán sido definitivamente derrotadas).

Estos vendedores de paparruchas ya han hecho algunos negocios y en algunas cabezas existe a la concepción panóptica de la gestión pública, del control total y la explosión de la auditoría perpetua. En esa marco repta la idea acerca de que, a no muy largo plazo, se deberá tender a una administración sin funcionarios, por lo menos sin funcionarios de carrera, sino con un grupito selecto de colaboradores de particular confianza (esencialmente desechables) que operarán los maravillosos sistemas informáticos que todo lo resuelven.

Bien vale la pena pagar fortunas por estos programas omnipotentes para ahorrarse los sueldos de esos molestos funcionarios que pretenden opinar sobre su propio trabajo, sugerir la forma de hacerlo, mejorar las condiciones en que lo llevan a cabo y reclamar un reconocimiento que no se merecen.

Como en los cuentos de hadas, los hermosos de Gattaca terminarán festejando en “La casita del parque”. Robocop se encargará de que nadie los moleste.

---

[1] Como se sabe los funcionarios públicos son removibles por comisión de falta grave, omisión o delito con la única condición de que se siga el debido procedimiento. Es decir que la “dificultad” para echar a los que se lo merezcan es únicamente política, es decir que se necesita voluntad política para producir evidencias y razones, para respetar los derechos humanos y las garantías democráticas, nada más pero nada menos.