La extraordinaria placidez de los bienes mal habidos
BOTÍN DE GUERRA
Lic.
Fernando Britos V.
La causa del juez Baltasar Garzón contra el
franquismo sigue reuniendo testimonios sobre los crímenes cometidos por los
felones que desataron la Guerra Civil contra la República Española (1936-39) y
durante los casi 40 años siguientes cometieron y ocultaron todo tipo de
crímenes dentro y fuera de la península ibérica.
El terror y la represión sumados a la
desinformación y el oscurantismo que imperó en España durante tanto tiempo ha
hecho imprescindible y al mismo tiempo muy difícil la exhumación de cientos de
fosas comunes, la recolección de testimonios, la identificación de los
perpetradores que, como el mismo Franco, están natural y tranquilamente
muertos.
Un comentarista español, refiriéndose a la
necesidad de justicia, ha dicho ¡cuánta falta nos ha hecho un Nuremberg!,
aludiendo a la serie de juicios a criminales de guerra nazis y colaboradores
directos que se desarrollaron, a partir de agosto de 1945 por parte de las
potencias aliadas, precisamente en la ciudad bávara en que se habían
escenificado los actos litúrgicos del Reich de los Mil Años.
Además de las fosas comunes, las torturas,
padecimientos y los actos de represión brutal del periodo 1936 – 1975, está empezando
a dibujarse con nitidez un asunto sufrido por la sociedad española pero que
hasta ahora se ha perpetuado con extraordinaria placidez: la comisión de
delitos económicos, robos, incautaciones y latrocinios de todo tipo. Tierras,
ganado, dinero, casas, enseres, barcos, herramientas, joyas y en general todo
lo que pudiera ser robado fue a parar a manos de Franco, sus cortesanos, la
aristocracia y la Iglesia Católica.
Esta enorme expropiación repitió un proceso
que la monarquía española había ensayado masivamente en varias oportunidades
como limpieza étnica bajo el lema genocida de la “pureza de la sangre”, con
persecuciones, pillaje, quema de libros y conversiones forzosas.
Se expulsó a los judíos (en 1492) [1]
y a los musulmanes (entre 1502 y 1526) con previa expropiación de sus bienes y
se saqueó y esclavizó a los pueblos de las Américas y de África. Durante casi
400 años los tribunales de la Inquisición (la Santa Hermandad establecida en
1478) actuaron como organismo represivo pero, sobre todo, como expropiadores de
riquezas. Algunos de los “herejes” eran quemados en la pira pero todos,
invariablemente, enfrentaban la confiscación de sus bienes.
Virreyes, capitanes generales, encomenderos y
recaudadores de impuestos trasegaron inmensas riquezas para mantener una
oligarquía imperial, soberbia y haragana. El pillaje y el exterminio masivo, el
garrote vil y los títulos nobiliarios son tradiciones españolas bien
documentadas y amasadas con la cruz y con la espada[2].
Ahora Natividad Rodrigo, una burgalesa de 81
años, puso en evidencia como operaba el franquismo para incautar los bienes de
quienes había fusilado. Cuando ella tenía 5 años, en setiembre de 1936, su
padre, campesino de Villanueva de Odra y su madre embarazada de cinco meses,
desaparecieron sin dejar rastros. Las autoridades franquistas dijeron que
habían huido del pueblo, abandonando a sus tres hijos pequeños. Sin embargo, en
el pueblo se sabía incluso el sitio donde habían sido enterrados en fosa común
los padres de Natividad y 16 vecinos más que aunque gente pacífica eran
considerados partidarios de la República [3].
El 20 de mayo de 1937, se llevó a cabo una
incautación de bienes. El padre llevaba ocho meses muerto pero las autoridades
franquistas pusieron en marcha un proceso para robar las propiedades del matrimonio
(una casa, varias, fincas, un huerto y enseres de labranza). Se intimó al
desaparecido a presentarse y al cabo de diez días se formuló una petición de
informes al alcalde, el juez y el cura del pueblo acerca de la conducta del
intimado y su mujer. Los informes señalaron que había formado parte de una
comisión del ayuntamiento y que había asistido a un acto de celebración del 1°
de Mayo, por lo que se presumía que era socialista, en cuanto a su esposa no se
le reconocía actividad partidaria e incluso se decía que a partir del 18 de
julio de 1936 (fecha del alzamiento fascista) se había aproximado al Movimiento
Falangista.
Tasadas las pertenencias de la pareja desaparecida
en 1.279 pesetas se le dieron todas al marido de una tía de Natividad que se
había afiliado a la Falange. El hijo del apropiador, primo de ella, heredó los
bienes. La familia sabía la verdad pero nunca dijo nada. Los hermanos Rodrigo
no cesaron en su empeño por conocer la verdad y pese a la oposición de sus
parientes consiguieron, en el año 2006, descubrir la fosa común en que estaban
enterrados sus padres.
“Ellos no habían desaparecido, los habían
matado” dijo Natividad que gracias a su perseverancia había conseguido
recuperar parte del patrimonio cuando su primo vendió los bienes, en 1956, “nos
dieron una parte del dinero de la venta” aclara.
Estos testimonios han empezado a
multiplicarse porque las confiscaciones, los robos y las “donaciones” extraídas
por los perpetradores a sus víctimas, al pie de la tumba, fueron decenas, tal
vez cientos de miles, en toda España. Recientemente el Grupo de Trabajo
Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (CGTA) ha abierto una
iniciativa, el Proyecto Rapiña, destinado a recoger testimonios y documentar
los latrocinios, muchas veces recogidos en expedientes y legados.
El franquismo creó una Comisión Central de
Incautaciones para apoderarse de los bienes de partidos, sindicatos, empresas y
personas físicas ya en 1937. En febrero de 1939 promulgó la llamada Ley de
Responsabilidades Políticas que establecía que “todas las condenas conllevaban
sanción pecuniaria”. Se estima que a finales de 1941, 60 juzgados por toda
España habían sustanciado un cuarto de millón de expedientes consagrando robos
por cifras enormes.
De este modo, empezando por el mismo Franco
que amasó una inmensa fortuna, para él y su familia a partir de estos
latrocinios, la oligarquía española repartió títulos nobiliarios y sigue
disfrutando de la buena vida aún en medio de la crisis abismal que enfrentan
los trabajadores españoles y los infortunados sudacas que, como siempre,
resultarán los paganinis de la fiesta. Nadie investiga la corruptela de los
Borbones, los negociados de los capitostes del Partido Popular, en los últimos
años. Con más razón la mayoría de los delitos económicos que se perpetraron
desde 1936 permanecen impunes y no han sido investigados a pesar de que el
aparataje jurídico creado para ocultarlos y legalizarlos haya caído en desuso.
Fenómenos muy parecidos pasaron bajo la égida
del fascismo italiano, del nazismo y del imperialismo nipón. Al terminar la
guerra, las medidas de investigación y sometimiento de los ladrones a la
justicia, de desarticulación de sus sistemas financieros, de reparación a las
víctimas y de restitución de lo robado fueron tardías y timoratas o
inexistentes y mezquinas. El botín de guerra, es decir el pillaje y el
latrocinio, siempre ha acompañado a los regímenes terroristas. No todos tienen
toneladas de oro en cofres extranjeros como Pinochet pero en estos regímenes
los jerarcas roban en grande y los cómplices menores roban a su nivel.
Un pequeño número de cabecillas son juzgados
y condenados pero, por lo común, sus patrimonios permanecen intactos, sus
rentas no son afectadas y sus cómplices, testaferros, banqueros y herederos no
son molestados y siguen gozando de los bienes robados. Tanto en España, como en
Alemania, en Italia, en Japón o en Chile (para recalar en nuestra América) y en
Uruguay, los delincuentes juzgados siguen cobrando sus pensiones, aún presos,
sus herederos siguen disfrutando de sus bienes, posiblemente mal habidos y lo
que es más importante, los delitos económicos no son debidamente investigados a
pesar de la preocupación de los perpetradores por el registro notarial de las
propiedades y por el inocultable incremento de fortuna de familiares, amigos y
testaferros.
Los santuarios de los grandes capitales
sustraídos son bien conocidos. El circuito pasa o termina en bancos suizos o en
el Vaticano pero hay mil recovecos para los delincuentes nacionales. En los
países latinoamericanos hace falta un Proyecto Rapiña para recoger denuncias e
investigar a quienes además de niños robaron casas, autos, muebles,
electrodomésticos, ropa, dinero, alhajas, campos, bicicletas, juguetes. Para
quienes practicaron la receptación del botín, para quienes heredaron bienes mal
habidos, para quienes se enriquecieron mediante el pillaje y para quienes
usaron el poder en su beneficio para concederse prebendas, sueldos y
jubilaciones de privilegio, para quienes aprovecharon la información que
manejaban para robar y para deshacerse de competidores, para quienes
denunciaron a sus trabajadores para ahorrarse despidos y quedarse con las
prestaciones, para quienes festejaron y adularon a los ladrones para recibir
algunas migajas del festín.
Quienes detentaron el poder, quienes tuvieron
alguna responsabilidad en cargos públicos o en negocios con el Estado, durante
la dictadura (1973-1985) tendrán que explicar el origen de su patrimonio, sus
herederos tendrán que hacerlo si están muertos y el Estado tendrá que reparar
cabalmente a quienes fueron despojados. La intangibilidad de la propiedad es,
en estos casos, una prolongación de la impunidad que encubre los crímenes de
sangre y los atentados aberrantes del terrorismo de Estado. Ha llegado la hora
de rendir cuentas, de investigar y arrojar luz sobre los bienes mal habidos y de
terminar con la extraordinaria y malsana placidez de los apropiadores.
[1] El Edicto de Granada proclamado por los Reyes Católicos expulsaba a
todos los judíos de los reinos peninsulares y fue anterior al descubrimiento de
América. En 1499 empezaría la persecución contra los moriscos a quienes habían
prometido permiso para conservar sus usos, bienes y cultura.
[2] Por detalles sobre estos crímenes puede consultarse, por ejemplo,
al gran hispanista francés Pierre Vilar (1906-2003) y su Historia de España,
Ed. Crítica, 1979.
[3] El testimonio fue recogido por Patricia Campelo en una nota del 27
de marzo de 2012 titulada “Sin muertos, tampoco hay culpables” a la que se
puede acceder en http://blogs.publico.es/memoria-publica/2012/03/27/sin-muertos-tampoco-hay-culpables
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