¿Porqué no habría habido torturas sin los psicólogos?[1]
Las mayores organizaciones de médicos, psiquiatras y enfermeras determinaron que sus obligaciones éticas prohibían a sus miembros la participación en estos interrogatorios, por ende ¿qué estaba hacienda la Asociación Psicológica Americana?
Gracias a las revelaciones en el reciente informe
del Comité Senatorial sobre Inteligencia, ahora es ampliamente conocido que el
programa de torturas de la CIA fue creado, supervisado e implantado por dos
psicólogos clínicos – James Mitchell y Bruce Jessen – a quienes se les pagaron
millones de dólares por sus esfuerzos.
Menos conocido es el hecho que la operación de
torturas de la administración Bush, tanto de la CIA como del Pentágono – en “agujeros
negros” y en Guantánamo – fue diseñada y supervisada fundamentalmente por psicólogos
clínicos. Estos psicólogos emplearon sus conocimientos del funcionamiento de la
mente humana y las investigaciones sobre el “control mental”, para producir
“indefensión aprendida”[3]
y “debilidad, dependencia y temor” que apuntan a destruir las mentes de los
detenidos con la esperanza de que podría obtenerse de ese quebranto
“inteligencia operativa” e “información sobre amenazas críticas”.
Los psicólogos resultaron vitales para el
programa de torturas por una razón adicional: la Oficina de Asesoría Legal
(OAL) del Departamento de Justicia de los EUA había determinado que la
presencia de psicólogos y médicos , monitoreando el estado y las condiciones de
los prisioneros torturados , brindaría protección a los jerarcas de la CIA y la
administración Bush contra demandas potenciales por las torturas. Más tarde, la
OAL aplicó las mismas reglas al “programa de interrogatorios potenciados o
mejorados” (“enhanced interrogation
program”) del Departamento de
Defensa, el que de acuerdo con una investigación del Comité Senatorial de
Servicios Armados, fue creado y supervisado por un equipo dirigido por un
psicólogo clínico y en adelante exclusivamente supervisado por psicólogos
clínicos.
Sin embargo, este escándalo no ha sido totalmente
expuesto ni se ha concluido. Parece que para que los psicólogos fueran capaces
de hacer la tarea para la administración Bush y supervisar la tortura de los
detenidos, requirieron no solamente indemnizaciones para cubrirse de futuras
demandas judiciales (a Mitchell y Jessen, la CIA les prometió 5 millones de
dólares como “fondo para financiar su defensa”) sino que también exigieron
indemnizaciones de otra fuente, de una autoridad superior si se quiere. Los
profesionales médicos están atados a sus respectivos códigos de ética. Los
psicólogos involucrados en las “técnicas de interrogatorio potenciadas” (“enhanced interrogation techniques”) – lo
que la mayoría de nosotros denomina tortura – estaban preocupados por la
posibilidad de ser acusados por violaciones éticas.
Si fueran encontrados culpables de violaciones
éticas, estos psicólogos podrían perder la
habilitación para el ejercicio de su profesión y en ese caso, de acuerdo con
los reglamentos de la CIA y del Departamento de Defensa, podrían perder sus
puestos y su capacidad para trabajos profesionales en el futuro. Lo mismo
sucede ahora en la medida en que el monitoreo sigue siendo un component
esencial del apoyo de la administración Obama al nuevo Manual de Operaciones
del Ejército, con su propio conjunto de “técnicas de interrogatorio mejoradas”.
Las recientes revelaciones de James Risen[4]
en su nuevo libro “Pay Any Price: Greed, Power, and Endless War” agregan una
nueva dimensión a esta historia: parece que los miembros principales de la
Asociación Psicológica Americana, la mayor organización de psicólogos del
mundo, se confabuló con psicólogos de los organismos de seguridad nacional de
la CIA, el Pentágono y la Casa Blanca, para adaptar las disposiciones de ética
de la APA de modo que se compadecieran con las necesidades de los psicólogos
interrogadores.
En este momento, la APA bajo una enorme presión
generada por las revelaciones de Risen, se ha avenido a someterse a una
investigación independiente que será conducida por David Hoffman, un antiguo
inspector general y fiscal federal. Todo parece indicar que se tratará de una
rara oportunidad para escudriñar el interior del mundo secreto de la
confabulación entre la APA y la contrainteligencia. La APA parece haber actuado
en colusión con la CIA para que las reglamentaciones de la ética profesional
puedan permitir la tortura.
Risen basó sus acusaciones en correos
electrónicos que fueron encontrados en la computadora personal de Scott
Gerwehr, un investigador de la Corporación Rand y según parece consultor de la
CIA, que se mató en un accidente motociclístico en el 2008. Gerwehr había
establecido una estrecha colaboración funcional con un grupo de “psicólogos de
seguridad nacional que tenían influencia sobre el escenario de instituciones
claves por todo Washington”.
Entre ellos estaba Susan Brandon, consultora sobre
ciencias de la conducta de la Casa Blanca en la administración Bush (ahora es
científica en jefe sobre interrogatorios para la administración de Obama) y Kirk
Hubbard, el jefe de los científicos conductistas de la CIA, que ha admitido
públicamente que fue él quien trajo a Mitchell y a Jessen a la agencia para
diseñar su programa “interrogatorios mejorados”.
Brandon, Hubbard, Gerwehr y Geoff Mumford (el
director de política científica de la APA) venían trabajando juntos desde muy
poco después que los ataques del 11 de setiembre conjuntaran a psicólogos
investigadores con psicólogos operativos para colaborar en asuntos relativos a
interrogatorios de seguridad nacional y
a la investigación sobre dichos interrogatorios. Mitchell y Jessen figuraron
entre los operativos presentes en esas reuniones a las cuales se asistía exclusivamente
por invitación. En julio del 2004, meses antes que tomara estado público el
papel de los psicólogos en la tortura cuando un informe del Comité
Internacional de la Cruz Roja sobre Guantánamo se filtrara a The New York
Times, Hubbard, Gerwehr y personal de la CIA y del Pentágono fueron invitados
por Mumford y el director de ética de la APA, Stephen Behnke, a una reunión
secreta.
Públicamente la APA había manifestado en varios
sitios que el encuentro era para evaluar desafíos que enfrentaban las
investigaciones legales domésticas. Sin embargo, el verdadero objetivo, de
acuerdo con los correos electrónicos obtenidos por Risen, era “reunir a gente
que tenía interés en interrogatorios de seguridad nacional”, preguntar a los
individuos involucrados en ese trabajo cuales eran los asuntos relevantes y
suministrar orientaciones sobre las cuestiones éticas que podrían surgir en
relación con dichos interrogatorios: se trataba de los mismos nauseabundos
interrogatorios descritos en el informe del Senado.
Podríamos colegir algunas de las motivaciones
inmediatas para la convocatoria de esta reunión a partir de la información
desvelada esta semana en el informe del Comité del Senado. El informe cita una revisión
del Inspector General de la CIA, fechada el 7 de mayo de 2004, que daba cuenta
que los psicólogos de la CIA estaban planteando cuestiones de ética acerca de
la forma en que Mitchell y Jessen desarrollaban los interrogatorios: “los
psicólogos objetaban el empleo de psicólogos en el campo como interrogadores y
planteaban conflictos de intereses y preocupaciones éticas. Según la
información, las cuestiones se sustentaban en la preocupación que los
psicólogos de campo que estaban administrando
las técnicas “mejoradas” de la CIA, participaran en las evaluaciones asesorando
sobre la eficacia y el impacto de las “técnicas de interrogatorio” sobre los
detenidos. ¿No sería que esos temores fueran los mismos que impulsaron a
Hubbard, Mumford y Behnke para hacer una tormenta de cerebros sobre la ética de
la APA y la seguridad nacional?
Como resultado directo de esta reunión secreta
Mumford y Behnke propusieron la creación de un grupo de trabajo (task force)
para determinar los lineamientos éticos de la APA acerca de la participación de
los psicólogos en los interrogatorios de seguridad nacional. El grupo de
trabajo se reunió en junio del 2005 y decidió que “es consistente con el Código
de Ética de la APA que los psicólogos sirvan como consultores en los
interrogatorios y en los procedimientos para reunir información con propósitos
relacionados con la seguridad nacional.
Al adoptar esta decisión la APA quedó sola entre
las profesiones de la salud. Todas las otras grandes organizaciones nacionales
de médicos, psiquiatras y enfermeras, establecieron que sus obligaciones éticas
prohibían a sus miembros participar en esos interrogatorios. Pero la APA no
solo concluyó que era ético que los psicólogos participaran sino que su
dirigencia manifestó que la presencia de los psicólogos era necesaria para que
los interrogatorios de seguridad nacional se mantuvieran “seguros, legales,
éticos y efectivos”, un papel que las otras profesiones de la salud
consideraban conflictivo, no ético e imposible de ser desempeñado responsablemente.
Desde hace tiempo los miembros de la APA
sospechaban que el grupo de trabajo era un sello de goma de la CIA y el
Departamento de Defensa para que sus políticas fueran aprobadas porque la
mayoría de sus miembros fueron reclutados directamente en unidades de la CIA y
del Pentágono que estaban involucradas en los interrogatorios de seguridad
nacional y en la investigación sobre los mismos. Entonces solamente había
evidencia circunstancial de que sus miembros habían sido elegidos para lo que aparecía
como un hecho consumado orquestado por la CIA y el Departamento de Defensa. Con la publicación de los correos electrónicos de Gerwehr, Risen ha aportado la prueba del delito. Es indudable que ese intercambio de mensajes entre Mumford de la APA y Hubbard de la CIA, fue el que presionó a la APA para avenirse ahora a una investigación independiente. El 5 de julio del 2005 – el día en que el grupo de trabajo emitió su informe, Mumford le envió a Hubbard una copia del mismo y le escribió: “también deseo, en forma semi pública, reconocer su contribución personal… para hacer que este esfuerzo despegara … Sus puntos de vista estuvieron bien representados por los miembros, muy cuidadosamente seleccionados, del grupo de trabajo”. El mensaje continúa revelando que Susan Brandon había servido como “observadora” en la reunión del grupo de trabajo (los nombres de los observadores no se hicieron públicos) y ayudó a incluir algún lenguaje relativo a la investigación en el informe.
Entonces Risen puso en evidencia otra bomba: en la época en que Mumford produjo su nota de agradecimiento, Hubbard se había retirado de la CIA y estaba trabajando para Mitchell Jessen and Associates, la compañía creada en el 2005 por los dos psicólogos con el propósito específico de venderle sus servicios a la CIA. Entre el 2005 y el 2009, la empresa recibió 81 millones de dólares de la CIA por esos servicios.
Desde que se libró el informe del grupo de
trabajo, los miembros de la APA han luchado para rescindirlo y mantener a los
psicólogos fuera de los interrogatorios. Sin embargo, cada vez que se propone o
aprueba una política en este sentido, la dirigencia de la APA ha encontrado la
forma de anular esos intentos. En el 2008, un grupo de miembros de la APA
recurrió a la totalidad de los afiliados mediante un referéndum para prohibir
que los psicólogos participaran en cualquier operación que violara la
Convención de Ginebra o la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura[5].
El referéndum obtuvo una amplia mayoría y en febrero del 2009 se transformó en
una política oficial de la APA. Sin embargo, hasta la fecha la dirigencia de la
APA se ha resistido a su puesta en práctica aduciendo que la Asociación no
puede determinar cuando una política de seguridad nacional de los EUA viola una
ley internacional. La APA se aferra a esta posición aún ante pronunciamientos
del Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura, referidos por ejemplo al
estatus ilegal de las detenciones indefinidas en Guantánamo.
Esperamos los resultados de una investigación
independiente. Mientras tanto existen tres preguntas que los estadounidenses y
la profesión de la psicología deben responder simultáneamente: ¿por qué la APA
ha dedicado sus recursos para garantizar la presencia de psicólogos en estas operaciones
criminales? ¿cómo es que el gobierno de los EUA ha permitido la militarización
de la psicología? Y ¿cómo podemos hacer que los psicólogos que aparentemente
crearon, justificaron, supervisaron e implantaron la tortura y la asociación
profesional que parece haberlos apoyado, son llamados a rendir cuentas?
[1] Publicado el 12
de diciembre de 2014 en: http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2014/12/psychologists_role_in_the_cia_s_torture_why_these_medical_professionals.html
Traducido por Fernando Britos V.
[2] Steven Reisner es psicoanalista
y uno de los fundadores de la Coalición
para una Psicología Ética, candidato a la presidencia de la APA y asesor en
temas de ética y psicología de Médicos
por los Derechos Humanos.
[3] La “indefensión aprendida” fue
desarrollada por Martin P. Seligman mediante atroces experimentos torturando perros
y después aplicada para quebrar prisioneros. Seligman ha pedido disculpas y se
ha reciclado para presentarse desde hace poco como promotor de la “psicología
positiva”.
[4] James Risen es un premiado y
perseguido periodista de investigación, tal vez el más importante de los
Estados Unidos en la actualidad, que escribe en The New York Times.
[5] La Convención contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes fue
adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, y entró en vigor el 26 de junio de 1987, al haber sido alcanzado las ratificaciones necesario.
Su antecedente más inmediato fue la Declaración sobre la protección de
todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes aprobada por la Asamblea de General de Naciones Unidas
el 9 de diciembre de 1975.
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ResponderEliminarHola. Cómo están? Me gusta mucho el blog, ya que habla de Psicología. Siempre que puedo leo mucho acerca del tema. Saludos.
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