Taro Aso y el antídoto uruguayo
La solución final – Taro
Aso es un político japonés que hace un par de años expuso sin ambages
la brutal receta neoliberal para enfrentar las crisis económicas. Hace
dos años y medio, esta especie de Domingo Cavallo japonés, en su papel
de vice primer ministro y ministro de finanzas del gobierno derechista,
habló en una sesión del Consejo Nacional sobre Reforma de la Seguridad
Social.
Aso, que entonces ya tenía 72 años, es uno de los políticos más adinerados de su país y enfundado en un exclusivo traje, de esos que valen miles de dólares, dirigiéndose a los ancianos de su país les dijo que debían apresurarse a morir para que el Estado no tuviera que pagar por su atención médica.
Según Aso, el problema de la escasez de fondos para los cuidados de la tercera edad y el presunto déficit de los sistemas previsionales son causa principalísima de la recesión. Una causa tan o más importante que los daños y las muertes provocadas por el catastrófico tsunami del 2011. “El problema no se va a resolver si ustedes no se dan prisa en morir” les espetó.
Que en el Japón virtualmente la cuarta parte de la población sea mayor de 60 años, más de 30 millones de seres, le importa un rábano a los políticos neoliberales. “Dios no quiera que ustedes se vean obligados a vivir cuando quieran morir. Yo me despertaría sintiéndome mal cada día, sabiendo que todo el tratamiento es pagado por el gobierno” declaró el ministro-empresario y multimillonario.
Como siempre, la receta Aso apunta a los más desvalidos, los más débiles de toda la sociedad nipona que son los ancianos y sobre todo los que dependen de cuidados permanentes al ser víctimas de enfermedades. Por eso calificó a los ancianos que no pueden alimentarse por sí mismos como “gente tubo” o “gente caño”, limitada a comer y cagar. Aso aseguró que su colega del gabinete, el ministro de salud pública es consciente de que la atención de cada paciente en las etapas finales de su vida “le cuesta varias decenas de millones de yenes por mes” a su gobierno.
Los extranjeros creíamos que Japón dispensa un especial respeto y cariño por sus ancianos pero Aso y sus secuaces son la antítesis gobernante de esa actitud tradicional. Conste que se estima que, a mediados de este siglo, poco menos de la mitad de la población nipona tendrá más de 60 años y mientras tanto, ahora mismo, casi 680.000 hogares reciben asistencia social para atender por lo menos a uno de sus integrantes con más de 65 años de edad.
Taro Aso apunta a desmantelar el sistema de cuidados del Japón en tanto todos los indicadores reclaman prestarle mayor atención. Hace cinco años más de 4 millones y medio de japoneses de la tercera edad vivían solos. El número de las personas que murieron en su casa y en absoluta soledad aumentó más del 60% entre el año 2003 y el 2010, según datos oficiales.
Nadie piense que esta receta se le ocurrió recientemente al ministro japonés. Hace siete años, cuando se desempeñaba interinamente como Primer Ministro, dijo que los jubilados chocheaban y que debían cuidar mejor su salud para ahorrarle dinero al Estado. “Veo gente de 67 o 68 años (más o menos la edad que él tenía entonces) que va constantemente al médico. ¿Por qué tengo que pagar por personas que sólo comen y beben y no hacen esfuerzo alguno?. Yo camino todos los días y hago otras cosas pero no voy a pagar más impuestos”.
Definitivamente esa total falta de compasión la receta se ubica muy cerca de los hornos crematorios y de las inyecciones letales que los nazis aplicaron masivamente en los asilos y clínicas de Alemania para eliminar a decenas de miles de minusválidos y enfermos mentales, antes de la Segunda Guerra Mundial, mediante el programa llamado Aktion T-4.
El parecido entre la receta de Taro Aso y sus distintas aplicaciones, por una parte, y los programas de asesinato masivo de enfermos y discapacitados, bajo el nazismo, debería recordar que en el Juicio de Nuremberg a los médicos nazis, varios de los responsables del Aktion T-4 fueron ahorcados por esos crímenes.
En Grecia y en todo el mundo – Los burócratas despiadados de la Troika (Fondo Monetario Internacional, Comunidad Económica Europea y Banco Central Europeo), políticos obscenos como la rígida Angela Merkel (que ha vetado al ministro Yanis Varufakis después que los griegos la enfrentaron con la victoria del no) o su monigote español Mariano Rajoy, para no citar sino algunos, hace tiempo que tienen en lugar privilegiado de su vademecum económico la receta de Taro Aso.
La senadora Constanza Moreira se refirió a esos planes restrictivos que se pretende aplicar como “condiciones de avasallamiento impuestas por la Troika”. Las medidas imponen brutales ajustes, aumentan las desigualdades y diseminan miseria. “No a la obscenidad con la que se elige cortar pensiones, salarios y gasto social” dijo Constanza.
El hecho es que la receta se ha venido aplicando desde hace mucho. El esquema es siempre el mismo. Todo empieza con una campaña de terror económico y demográfico (crisis y recesión inevitables, todo se derrumba, hay que recortar, achicar, eliminar el gasto social, los viejos inútiles cada vez son más, el déficit de la seguridad social es abrumador e insoportable, los activos son cada vez menos, hay que poner topes, etc., etc.).
Después de intensas campañas de este tipo, en toda América Latina, consiguieron hace veinte años desbaratar el sistema de solidaridad intergeneracional e implantar la zanahoria de las “cuentas personales” (en Uruguay las infames AFAP) para apoderarse de los fondos previsionales de la sociedad. Ahora, en Grecia, el intento de aterrorizar a los jubilados para que votaran el “si” a las propuestas estranguladoras de la Troika fracasó rotundamente.
El segundo paso para el desbaratamiento de las políticas sociales consiste en esgrimir el hacha austera de Taro Aso (y para los uruguayos la recordada motosierra de Lacalle Herrera) y aprovechar la crisis y las recesiones para eliminar el gasto social, en especial el debido a los más desvalidos.
Invariablemente se plantea aumentar la edad de jubilación para diferir pagos, reducir y topear jubilaciones y pensiones, recortar todo tipo de beneficios y en suma, aplicar la solución final, una solución biológica instaurando el descuido para abandonar a su suerte a los ancianos, los niños, los pobres, los enfermos carentes de recursos, esperando que la muerte haga su obra y así desaparezca el problema.
Desde la óptica de clase de los adinerados políticos y de sus burócratas ahitos, desde ese mundo corrupto donde impera el “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”, se impone una concepción clasista y discriminatoria, psicobiológica, eugenésica y brutal (en el sentido de mejora de la raza mediante la eliminación de los débiles), por lo cual también es porfiadamente racista, xenófoba y negacionista.
No hay que raspar mucho en el discurso de la Merkel, de Cameron, de Draghi, de Lagarde, de Rajoy, para ver las patas sucias de tantos adefesios. Tiene redoblada razón Constanza Moreira, son literalmente obscenos, es decir impúdicos, torpes, ofensivos promotores del olvido, del desprecio, del odio. Parafrasean siempre, a veces en forma vergonzante, al gran ideólogo del neoliberalismo, el austríaco Friedrich Von Hayek (1899 – 1992) que ya en 1944 señalaba que el defecto más grave de la sociedad moderna era la solidaridad por lo que había que atacarla y eliminarla.
El antídoto en Uruguay – En nuestro país se está gestando un antídoto para las crueles recetas del neoliberalismo, más que un antídoto una verdadera solución capaz de llevar la solidaridad a un plano superior de eficacia y eficiencia para fortalecer el entramado social y contribuir al bien común, la felicidad y el bienestar con medidas de corto, mediano y largo plazo.
Cuando Tabaré Vázquez anunció hace más de un año, al inicio de la campaña que le llevaría nuevamente a la Presidencia de la República, lo que hoy se conoce como el Plan Ibirapitá, algunos ciudadanos no avizoraron su importancia y potencialidad. Dar a cada jubilado de bajos recursos una tableta y asegurarle su conexión electrónica gratuita y permanente, les parecía baladí.
No es raro que la enorme mayoría de los jubilados y sus nietos hayan sido quienes rápidamente captaron la importancia de la iniciativa. Los niños, sensibilizados por la formidable herramienta del Plan Ceibal acogieron la idea con entusiasmo. Entre hijos e hijas el escepticismo fue mayor (¿para qué necesita una tableta mi madre que se pasa mirando TV?; no la van a saber manejar, no entienden esas cosas; mejor harían en darle el dinero en la mano; etc. etc.)
Esas objeciones se disiparon inmediatamente cuando los primeros miles de jubilados recibieron sus tabletas y emprendieron los cursos para emplearlas en todo su potencial. Ub mundo maravilloso se ha abierto para cada uno de ellos y no solamente la posibilidad de recibir información, comunicación, entretenimiento, expresión de sentimientos por parte de los suyos, sino la posibilidad de dar, de aportar a la comunidad su experiencia, sus opiniones, su humor, sus conocimientos.
Si alguien pensó que esto era una especie de beneficencia (darle algo a los viejitos para tenerlos contentos) ya ha tenido tiempo para desechar la idea al advertir la capacidad heurística y revitalizadora presente en un importante sector de la sociedad. Los efectos simbólicos son inmediatos y su traducción concreta se irá derramando continuamente, desde ya y a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista de los jubilados, la incorporación al Plan Ibirapitá (el árbol de Artigas) tendrá un efecto benéfico palpable en la calidad de vida y por ende en su salud y bienestar.
El otro gran ingrediente del antídoto ya se ha puesto en marcha. Se trata del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento. El SNIC promueve políticas públicas destinadas a atender las necesidades de las personas en situación de dependencia: adultas mayores de 65 años, niños de 0 a 3 años y personas con discapacidad severa.
Fue concebido para mejorar la vida de las personas dependientes a través de prestaciones de cuidados integrales, dado que es responsabilidad de toda la sociedad el cuidado de las personas que no tienen autonomía, conciliar la vida laboral con la reproducción familiar, regular los servicios públicos y privados existentes, descentralizar los servicios adaptados a las necesidades de cada lugar mediante acuerdos con las intendencias y los municipios y valorizar y capacitar a los cuidadores, tanto a los que perciben una remuneración por su tarea como los que no.
En la medida en que el Uruguay se encuentra avanzado en la tercera gran transición demográfica mundial aumenta la cantidad de personas dependientes. Al mismo tiempo hay una menor cantidad de personas con tiempo disponible para realizar la tarea del cuidado. Por eso, en el marco de una concepción completamente opuesta al neoliberalismo feroz, surge la necesidad de crear este mecanismo. No será fácil pero en pocos años se percibirá un cambio positivo y fenomenal en la calidad de vida y el bienestar de toda la población, justamente el antídoto para la receta de Taro Aso.
Plan Ibirapitá y SNIC pretenden completar un esfuerzo que empezó antes del primer gobierno del Frente Amplio en el 2005. Efectivamente, las organizaciones de jubilados consiguieron promover una reforma de la Constitución, masivamente apoyada por la ciudadanía, de modo que el incremento de las pasividades, antes caprichosamente fijado por las gobiernos, quedara atado el Índice Medio de Salarios.
Además desde hace diez años el monto de las pasividades ha crecido sistemáticamente por encima del costo de vida debido a una clara política del gobierno frenteamplista. Asimismo las jubilaciones mínimas se han incrementado notoriamente aunque todavía distan de los niveles de dignidad que se pretenden.
Sin embargo, como veremos enseguida, quedan puntos oscuros en el campo de la seguridad social. Puntos oscuros y ciegos dados que en el conjunto de la legislación nacional, la única norma espuria que subsiste de las introducidas por la dictadura cívico militar (1973-1985), opera precisamente con grave detrimento sobre las jubilaciones de muchos miles de trabajadores.
No todo es celeste: postergados y depredadores – La dictadura arremetió contra el sistema previsional del país, liquidó el Banco de Previsión Social (BPS) y estableció, en 1979, un tope a las jubilaciones de buena parte de los trabajadores. A través de la llamada Acta Institucional Nº9 se fijó un tope que, de hecho, sustituía las ya reducidas tasas de reemplazo, es decir lo que cobraban quienes se jubilaban.
Los aportes a la seguridad social se mantenían, de modo que los trabajadores tributan un porcentaje de su salario como si fueran a cobrar una tasa de reemplazo que como máximo sería del 70% pero en el momento de jubilarse se les arrebata lo aportado al reducir su pensión a un 40, un 30 o un 25% de lo que percibían en actividad.
El argumento es que los asalariados que perciben sueldos elevados deben prepararse mientras están en actividad para afrontar las penurias de la jubilación. Estas “cigarras” deberían ahorrar para las épocas de “vacas flacas”. Este razonamiento también es obsceno y cae de su peso cuando se percibe que los topes fueron fijados para esquilmar a los trabajadores en la medida en que a quienes perciben salarios verdaderamente elevados se les han ofrecido triquiñuelas para eludir los topes.
Es muy grave que en 1985, con el fin de la dictadura, cuando se restableció el Banco de Previsión Social y la normativa anterior una sola norma se haya mantenido incambiada: los topes jubilatorios impuestos por el Acta Institucional Nº9. Casi toda la maraña de normas y decretos dictatoriales fue declarada írrita y nula pero los infames topes jubilatorios sobrevivieron y fueron convalidados en forma totalmente arbitraria por gobernantes electos democráticamente. De hecho ninguno de los partidos políticos que han ocupado el gobierno desde 1985, colorados, blancos y frenteamplistas, ha demostrado el menor interés por revisar o derogar esta flagrante injusticia.
Como los gobernantes y los expertos eluden atender los reclamos de los eternos postergados no es posible saber, exactamente, cual es el número de jubilados que han sido expropiados por los topes jubilatorios. Se estima que entre 50 y 60.000 jubilados de la actividad pública y privada se encuentran en esta situación y el número crece en la medida de que se trata de una estafa permanentemente reiterada.
Algunos servidores públicos se las arreglaron para eludir los topes previsionales y se han transformado en depredadores de la seguridad social del país. Es muy notorio el caso de los retirados y pensionistas de las Fuerzas Armadas que cuentan con su propia organización, su Caja de Retiros, que genera un monstruoso déficit que paga toda la ciudadanía y que como no está incluida en el BPS les permite jugosos privilegios.
En efecto, los oficiales superiores de las tres armas no solamente no se ven constreñidos por tope alguno sino que al pasar a retiro ascienden automáticamente al grado superior (coroneles a generales, generales a tenientes generales y así) y su tasa de reemplazo es del 100% de ese nuevo sueldo, es decir perciben como jubilación bastante más que lo que obtenían en actividad. Mantienen además innumerables beneficios y toda la fiesta la enjuga Rentas Generales.
Otro punto oscuro se ubica nada menos que en las filas del Poder Judicial. Los jueces de la República, que como se sabe no pueden ejercer su profesión de abogados mientras ocupan cargos en el foro, se las han arreglado, entre gallos y medianoches para que se les habilite a jubilarse como abogados aunque nunca hayan aportado ni un centésimo a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU).
Naturalmente la CJPPU que soporta presuntas crisis cada poco tiempo no ha dicho ni pío por tener que servir abultadas prestaciones a quienes nunca aportaron y son por lo tanto depredadores de su fondo social.
En el ámbito de los jubilados topeados impera la idea que a ellos se les ha aplicado y se les sigue aplicando la receta de Taro Aso, por la que deberán apurarse a morir.
Por el Lic. Fernando Britos V.
Aso, que entonces ya tenía 72 años, es uno de los políticos más adinerados de su país y enfundado en un exclusivo traje, de esos que valen miles de dólares, dirigiéndose a los ancianos de su país les dijo que debían apresurarse a morir para que el Estado no tuviera que pagar por su atención médica.
Según Aso, el problema de la escasez de fondos para los cuidados de la tercera edad y el presunto déficit de los sistemas previsionales son causa principalísima de la recesión. Una causa tan o más importante que los daños y las muertes provocadas por el catastrófico tsunami del 2011. “El problema no se va a resolver si ustedes no se dan prisa en morir” les espetó.
Que en el Japón virtualmente la cuarta parte de la población sea mayor de 60 años, más de 30 millones de seres, le importa un rábano a los políticos neoliberales. “Dios no quiera que ustedes se vean obligados a vivir cuando quieran morir. Yo me despertaría sintiéndome mal cada día, sabiendo que todo el tratamiento es pagado por el gobierno” declaró el ministro-empresario y multimillonario.
Como siempre, la receta Aso apunta a los más desvalidos, los más débiles de toda la sociedad nipona que son los ancianos y sobre todo los que dependen de cuidados permanentes al ser víctimas de enfermedades. Por eso calificó a los ancianos que no pueden alimentarse por sí mismos como “gente tubo” o “gente caño”, limitada a comer y cagar. Aso aseguró que su colega del gabinete, el ministro de salud pública es consciente de que la atención de cada paciente en las etapas finales de su vida “le cuesta varias decenas de millones de yenes por mes” a su gobierno.
Los extranjeros creíamos que Japón dispensa un especial respeto y cariño por sus ancianos pero Aso y sus secuaces son la antítesis gobernante de esa actitud tradicional. Conste que se estima que, a mediados de este siglo, poco menos de la mitad de la población nipona tendrá más de 60 años y mientras tanto, ahora mismo, casi 680.000 hogares reciben asistencia social para atender por lo menos a uno de sus integrantes con más de 65 años de edad.
Taro Aso apunta a desmantelar el sistema de cuidados del Japón en tanto todos los indicadores reclaman prestarle mayor atención. Hace cinco años más de 4 millones y medio de japoneses de la tercera edad vivían solos. El número de las personas que murieron en su casa y en absoluta soledad aumentó más del 60% entre el año 2003 y el 2010, según datos oficiales.
Nadie piense que esta receta se le ocurrió recientemente al ministro japonés. Hace siete años, cuando se desempeñaba interinamente como Primer Ministro, dijo que los jubilados chocheaban y que debían cuidar mejor su salud para ahorrarle dinero al Estado. “Veo gente de 67 o 68 años (más o menos la edad que él tenía entonces) que va constantemente al médico. ¿Por qué tengo que pagar por personas que sólo comen y beben y no hacen esfuerzo alguno?. Yo camino todos los días y hago otras cosas pero no voy a pagar más impuestos”.
Definitivamente esa total falta de compasión la receta se ubica muy cerca de los hornos crematorios y de las inyecciones letales que los nazis aplicaron masivamente en los asilos y clínicas de Alemania para eliminar a decenas de miles de minusválidos y enfermos mentales, antes de la Segunda Guerra Mundial, mediante el programa llamado Aktion T-4.
El parecido entre la receta de Taro Aso y sus distintas aplicaciones, por una parte, y los programas de asesinato masivo de enfermos y discapacitados, bajo el nazismo, debería recordar que en el Juicio de Nuremberg a los médicos nazis, varios de los responsables del Aktion T-4 fueron ahorcados por esos crímenes.
En Grecia y en todo el mundo – Los burócratas despiadados de la Troika (Fondo Monetario Internacional, Comunidad Económica Europea y Banco Central Europeo), políticos obscenos como la rígida Angela Merkel (que ha vetado al ministro Yanis Varufakis después que los griegos la enfrentaron con la victoria del no) o su monigote español Mariano Rajoy, para no citar sino algunos, hace tiempo que tienen en lugar privilegiado de su vademecum económico la receta de Taro Aso.
La senadora Constanza Moreira se refirió a esos planes restrictivos que se pretende aplicar como “condiciones de avasallamiento impuestas por la Troika”. Las medidas imponen brutales ajustes, aumentan las desigualdades y diseminan miseria. “No a la obscenidad con la que se elige cortar pensiones, salarios y gasto social” dijo Constanza.
El hecho es que la receta se ha venido aplicando desde hace mucho. El esquema es siempre el mismo. Todo empieza con una campaña de terror económico y demográfico (crisis y recesión inevitables, todo se derrumba, hay que recortar, achicar, eliminar el gasto social, los viejos inútiles cada vez son más, el déficit de la seguridad social es abrumador e insoportable, los activos son cada vez menos, hay que poner topes, etc., etc.).
Después de intensas campañas de este tipo, en toda América Latina, consiguieron hace veinte años desbaratar el sistema de solidaridad intergeneracional e implantar la zanahoria de las “cuentas personales” (en Uruguay las infames AFAP) para apoderarse de los fondos previsionales de la sociedad. Ahora, en Grecia, el intento de aterrorizar a los jubilados para que votaran el “si” a las propuestas estranguladoras de la Troika fracasó rotundamente.
El segundo paso para el desbaratamiento de las políticas sociales consiste en esgrimir el hacha austera de Taro Aso (y para los uruguayos la recordada motosierra de Lacalle Herrera) y aprovechar la crisis y las recesiones para eliminar el gasto social, en especial el debido a los más desvalidos.
Invariablemente se plantea aumentar la edad de jubilación para diferir pagos, reducir y topear jubilaciones y pensiones, recortar todo tipo de beneficios y en suma, aplicar la solución final, una solución biológica instaurando el descuido para abandonar a su suerte a los ancianos, los niños, los pobres, los enfermos carentes de recursos, esperando que la muerte haga su obra y así desaparezca el problema.
Desde la óptica de clase de los adinerados políticos y de sus burócratas ahitos, desde ese mundo corrupto donde impera el “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”, se impone una concepción clasista y discriminatoria, psicobiológica, eugenésica y brutal (en el sentido de mejora de la raza mediante la eliminación de los débiles), por lo cual también es porfiadamente racista, xenófoba y negacionista.
No hay que raspar mucho en el discurso de la Merkel, de Cameron, de Draghi, de Lagarde, de Rajoy, para ver las patas sucias de tantos adefesios. Tiene redoblada razón Constanza Moreira, son literalmente obscenos, es decir impúdicos, torpes, ofensivos promotores del olvido, del desprecio, del odio. Parafrasean siempre, a veces en forma vergonzante, al gran ideólogo del neoliberalismo, el austríaco Friedrich Von Hayek (1899 – 1992) que ya en 1944 señalaba que el defecto más grave de la sociedad moderna era la solidaridad por lo que había que atacarla y eliminarla.
El antídoto en Uruguay – En nuestro país se está gestando un antídoto para las crueles recetas del neoliberalismo, más que un antídoto una verdadera solución capaz de llevar la solidaridad a un plano superior de eficacia y eficiencia para fortalecer el entramado social y contribuir al bien común, la felicidad y el bienestar con medidas de corto, mediano y largo plazo.
Cuando Tabaré Vázquez anunció hace más de un año, al inicio de la campaña que le llevaría nuevamente a la Presidencia de la República, lo que hoy se conoce como el Plan Ibirapitá, algunos ciudadanos no avizoraron su importancia y potencialidad. Dar a cada jubilado de bajos recursos una tableta y asegurarle su conexión electrónica gratuita y permanente, les parecía baladí.
No es raro que la enorme mayoría de los jubilados y sus nietos hayan sido quienes rápidamente captaron la importancia de la iniciativa. Los niños, sensibilizados por la formidable herramienta del Plan Ceibal acogieron la idea con entusiasmo. Entre hijos e hijas el escepticismo fue mayor (¿para qué necesita una tableta mi madre que se pasa mirando TV?; no la van a saber manejar, no entienden esas cosas; mejor harían en darle el dinero en la mano; etc. etc.)
Esas objeciones se disiparon inmediatamente cuando los primeros miles de jubilados recibieron sus tabletas y emprendieron los cursos para emplearlas en todo su potencial. Ub mundo maravilloso se ha abierto para cada uno de ellos y no solamente la posibilidad de recibir información, comunicación, entretenimiento, expresión de sentimientos por parte de los suyos, sino la posibilidad de dar, de aportar a la comunidad su experiencia, sus opiniones, su humor, sus conocimientos.
Si alguien pensó que esto era una especie de beneficencia (darle algo a los viejitos para tenerlos contentos) ya ha tenido tiempo para desechar la idea al advertir la capacidad heurística y revitalizadora presente en un importante sector de la sociedad. Los efectos simbólicos son inmediatos y su traducción concreta se irá derramando continuamente, desde ya y a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista de los jubilados, la incorporación al Plan Ibirapitá (el árbol de Artigas) tendrá un efecto benéfico palpable en la calidad de vida y por ende en su salud y bienestar.
El otro gran ingrediente del antídoto ya se ha puesto en marcha. Se trata del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento. El SNIC promueve políticas públicas destinadas a atender las necesidades de las personas en situación de dependencia: adultas mayores de 65 años, niños de 0 a 3 años y personas con discapacidad severa.
Fue concebido para mejorar la vida de las personas dependientes a través de prestaciones de cuidados integrales, dado que es responsabilidad de toda la sociedad el cuidado de las personas que no tienen autonomía, conciliar la vida laboral con la reproducción familiar, regular los servicios públicos y privados existentes, descentralizar los servicios adaptados a las necesidades de cada lugar mediante acuerdos con las intendencias y los municipios y valorizar y capacitar a los cuidadores, tanto a los que perciben una remuneración por su tarea como los que no.
En la medida en que el Uruguay se encuentra avanzado en la tercera gran transición demográfica mundial aumenta la cantidad de personas dependientes. Al mismo tiempo hay una menor cantidad de personas con tiempo disponible para realizar la tarea del cuidado. Por eso, en el marco de una concepción completamente opuesta al neoliberalismo feroz, surge la necesidad de crear este mecanismo. No será fácil pero en pocos años se percibirá un cambio positivo y fenomenal en la calidad de vida y el bienestar de toda la población, justamente el antídoto para la receta de Taro Aso.
Plan Ibirapitá y SNIC pretenden completar un esfuerzo que empezó antes del primer gobierno del Frente Amplio en el 2005. Efectivamente, las organizaciones de jubilados consiguieron promover una reforma de la Constitución, masivamente apoyada por la ciudadanía, de modo que el incremento de las pasividades, antes caprichosamente fijado por las gobiernos, quedara atado el Índice Medio de Salarios.
Además desde hace diez años el monto de las pasividades ha crecido sistemáticamente por encima del costo de vida debido a una clara política del gobierno frenteamplista. Asimismo las jubilaciones mínimas se han incrementado notoriamente aunque todavía distan de los niveles de dignidad que se pretenden.
Sin embargo, como veremos enseguida, quedan puntos oscuros en el campo de la seguridad social. Puntos oscuros y ciegos dados que en el conjunto de la legislación nacional, la única norma espuria que subsiste de las introducidas por la dictadura cívico militar (1973-1985), opera precisamente con grave detrimento sobre las jubilaciones de muchos miles de trabajadores.
No todo es celeste: postergados y depredadores – La dictadura arremetió contra el sistema previsional del país, liquidó el Banco de Previsión Social (BPS) y estableció, en 1979, un tope a las jubilaciones de buena parte de los trabajadores. A través de la llamada Acta Institucional Nº9 se fijó un tope que, de hecho, sustituía las ya reducidas tasas de reemplazo, es decir lo que cobraban quienes se jubilaban.
Los aportes a la seguridad social se mantenían, de modo que los trabajadores tributan un porcentaje de su salario como si fueran a cobrar una tasa de reemplazo que como máximo sería del 70% pero en el momento de jubilarse se les arrebata lo aportado al reducir su pensión a un 40, un 30 o un 25% de lo que percibían en actividad.
El argumento es que los asalariados que perciben sueldos elevados deben prepararse mientras están en actividad para afrontar las penurias de la jubilación. Estas “cigarras” deberían ahorrar para las épocas de “vacas flacas”. Este razonamiento también es obsceno y cae de su peso cuando se percibe que los topes fueron fijados para esquilmar a los trabajadores en la medida en que a quienes perciben salarios verdaderamente elevados se les han ofrecido triquiñuelas para eludir los topes.
Es muy grave que en 1985, con el fin de la dictadura, cuando se restableció el Banco de Previsión Social y la normativa anterior una sola norma se haya mantenido incambiada: los topes jubilatorios impuestos por el Acta Institucional Nº9. Casi toda la maraña de normas y decretos dictatoriales fue declarada írrita y nula pero los infames topes jubilatorios sobrevivieron y fueron convalidados en forma totalmente arbitraria por gobernantes electos democráticamente. De hecho ninguno de los partidos políticos que han ocupado el gobierno desde 1985, colorados, blancos y frenteamplistas, ha demostrado el menor interés por revisar o derogar esta flagrante injusticia.
Como los gobernantes y los expertos eluden atender los reclamos de los eternos postergados no es posible saber, exactamente, cual es el número de jubilados que han sido expropiados por los topes jubilatorios. Se estima que entre 50 y 60.000 jubilados de la actividad pública y privada se encuentran en esta situación y el número crece en la medida de que se trata de una estafa permanentemente reiterada.
Algunos servidores públicos se las arreglaron para eludir los topes previsionales y se han transformado en depredadores de la seguridad social del país. Es muy notorio el caso de los retirados y pensionistas de las Fuerzas Armadas que cuentan con su propia organización, su Caja de Retiros, que genera un monstruoso déficit que paga toda la ciudadanía y que como no está incluida en el BPS les permite jugosos privilegios.
En efecto, los oficiales superiores de las tres armas no solamente no se ven constreñidos por tope alguno sino que al pasar a retiro ascienden automáticamente al grado superior (coroneles a generales, generales a tenientes generales y así) y su tasa de reemplazo es del 100% de ese nuevo sueldo, es decir perciben como jubilación bastante más que lo que obtenían en actividad. Mantienen además innumerables beneficios y toda la fiesta la enjuga Rentas Generales.
Otro punto oscuro se ubica nada menos que en las filas del Poder Judicial. Los jueces de la República, que como se sabe no pueden ejercer su profesión de abogados mientras ocupan cargos en el foro, se las han arreglado, entre gallos y medianoches para que se les habilite a jubilarse como abogados aunque nunca hayan aportado ni un centésimo a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU).
Naturalmente la CJPPU que soporta presuntas crisis cada poco tiempo no ha dicho ni pío por tener que servir abultadas prestaciones a quienes nunca aportaron y son por lo tanto depredadores de su fondo social.
En el ámbito de los jubilados topeados impera la idea que a ellos se les ha aplicado y se les sigue aplicando la receta de Taro Aso, por la que deberán apurarse a morir.
Por el Lic. Fernando Britos V.
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