LAS
PLAZAS DE DEPORTES Y LAS TRAMPAS DE LA GOBERNANZA
Niño, deja ya de joder con la pelota,
Niño, que eso no se dice,
que eso no se hace,
que eso no se toca.
Estos locos bajitos. J.M. Serrat (1981)
Lic. Fernando Britos V.
Una vieja y querida Plaza de Deportes - Para
la enorme mayoría de los uruguayos la Plaza de Deportes
de su barrio, de su ciudad o de su pueblo está incorporada a las
experiencias infantiles, juveniles y adultas. Las Plazas de Deportes,
en si mismas son un fenómeno social entrañable que desde que se
naturalizó, a fines del siglo XIX y principios del XX, en el
marco de una democratización
progresiva de la sociedad y del
surgimiento del tiempo libre a
resultas de los cambios en el mundo del trabajo, produjo un notable
incremento por el gusto hacia las actividades deportivas y
recreativas de tipo colectivo y popular.
Hay dos aspectos en que incluso las nuevas corrientes
historiográficas recién empiezan a considerar 1.
Por un lado las Plazas de Deportes, incluso los campitos que las
precedieron, siempre fueron un lugar de aprendizaje vital de tipo
informal; allí se aprendía convivencia, a ganar y a perder, a
perseverar y a ilusionarse, a recuperar las libertades y capacidades
del cuerpo que en otros ámbitos de la sociedad no eran permitidos
sino eran francamente reprimidos, a conjugar la rivalidad con el
compañerismo y a innovar en movimientos y sensaciones saludables.
Por otra parte, las investigaciones documentales suelen llamar la
atención sobre las acciones formales, las decisiones de los poderes
oficiales y es mucho más difícil percibir el grado en que la
iniciativa popular, vecinal o barrial, tuvo en la concreción de las
instituciones más significativas. No cabe duda respecto a las
intenciones de José Batlle y Ordoñez cuando, en 1906, envió al
Parlamento un proyecto para establecer periódicamente la celebración
de “Juegos Atléticos No Profesionales” en todo el país.
La iniciativa de Don Pepe no tuvo andamiento en aquel momento pero
hay numerosas evidencias de que buscaba respaldar y retroalimentarse
con fenómenos que ya se producían a nivel barrial y local,
encuentros de hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, que practicaban
actividades “a su aire” en predios que había por doquier en la
capital y sus suburbios, por ejemplo, y ya habían surgido los
primeros cuadros de fútbol como expresión colectiva establecida del
que se transformaría en el deporte nacional.
A algunos profesionales de la educación física les resulta poco
menos que sacrílego que se les manifieste el importante papel
original de la iniciativa popular y vecinal, de abajo a arriba, en el
desarrollo de lo que dan en llamar “deporte comunitario”. Sin
embargo, a poco que se estudie el origen de las Plazas de Deporte se
percibe - en los registros, en la prensa de la época, en las
memorias - que fueron comisiones barriales o locales las que tomaron
la iniciativa para que las actividades que ya llevaban a cabo en
“jardines públicos” fueran oficializadas por una flamante
Comisión Nacional de Educación Física otorgándoles, primero en
Montevideo, la asignación de un número, un reconocimiento y una
ayuda material como Plaza de Deportes. Esto no le quita un ápice a
la importancia de las políticas batllistas sino que confirma su
pertinencia.
A poco de comenzar el segundo gobierno de Batlle y Ordóñez (1911 -
1915), la Ley Nº 3.439, del 7 de julio de 1911, creó la Comisión
Nacional de Educación Física (CNEF) cuyos objetivos concretos eran
la unificación de las instituciones deportivas, la publicación de
material especializado, el fomento de la fundación de “plazas de
juegos” (entonces comenzó la instalación oficial de las plazas de
deporte), la búsqueda de recursos para el dictado de conferencias,
la elaboración de un plan de educación física obligatorio para
Educación Primaria y Secundaria y el combate de las causas de
deterioro físico en la infancia y en la juventud. La Comisión
emprendió su acción en tres direcciones principales: la educación
física comunitaria - con la instalación de las plazas de deporte,
que surgieron como se dijo merced a iniciativas tanto oficiales como
comunitarias -, la educación física en el sistema educativo –
cuya concreción demoró décadas - y el deporte.
El Prof. Gomensoro en la primera parte
de la citada “Historia del deporte, la recreación y la educación
física” establece una periodización de las actividades
estudiadas. En su relato ubica un “periodo inicial” que se
extiende entre 1840 y 1900; un “periodo fundacional” entre 1900 y
1930; uno de “desarrollo” entre 1930 y 1960, seguido de un
“periodo de estancamiento” entre 1960 y el 2000 y uno
“contemporáneo” del 2000 a la actualidad.
El Prof. Carlos Demasi al hacer la
recensión del libro de Gomensoro 2
destaca que la periodización no solamente es necesaria sino que se
trata de una construcción del historiador que pone de manifiesto la
idea que este tiene del material sobre el que trabaja. Advierte
Demasi que Gomensoro señala dos aspectos poco estudiados antes, por
un lado una característica poco analizada del primer batllismo: la
búsqueda de la cooperación de instituciones privadas, inclusive
internacionales como la YMCA de los Estados Unidos, cuyo profesor
Jess Hopkins fue un precursor de la formación en educación física
y las plazas de deportes. Por otro lado se percibían las tendencias
eugenésicas, en pos de un pueblo “sano y fuerte”, que
fundamentaba el impulso de las expresiones atléticas.
En esa etapa fundacional se ubica
entonces el establecimiento de las plazas de deportes, a partir del
año 1913, primero en Montevideo (en 1918 había siete en la capital
y 15 en todo el país; en 1929 ya había setenta y cinco). Los
orígenes de la que llegó a ser y sigue siendo la mayor Plaza de
Deportes de la capital, la Plaza de Deportes Nº7 del Paso del
Molino3
parecen haber sido prototípicos. En efecto, en las actas de la
Comisión Nacional de Educación Física figura una resolución del
mes de enero de 1918 (la Nº 3.592) por la que el organismo respondía
a una solicitud de la “Comisión Vecinal del Paso del Molino y el
Pantanoso” que por nota del 10 de enero pedía se le asignase un
número a la plaza de deportes instalada “en el Jardín Público de
la localidad”. La respuesta de la CNEF fue positiva y se le asignó
el Nº7.
Esta Plaza de Deportes fue el resultado
de un verdadero proceso fundacional que dur{o muchos meses. En junio
de 1918, la CNEF adoptó la resolución Nº 4.028 que señala
“acéptase la proposición hecha por la Comisión Vecinal de
Educación Física de Paso del Molino y el Pantanoso, en su nota del
3 de junio de 1918, para dotar a la Plaza de Deportes Nº7, de un
sube y baja completo y un tobogán más, cuyo costo será pagado por
mitad y otórgasele por una sola vez una asignación extraordinaria
de $ 150 pagadera en cuotas de $ 25 mensuales, a fin de iniciar el
funcionamiento de la citada plaza”.
En agosto de 1918, por Res. N.º 4252,
la CNEF pasó “a Contaduría una nota de la Comisión Vecinal de
Paso del Molino y el Pantanoso, de fecha 20 del corriente,
agradeciendo la asignación extraordinaria de $ 150 que le otorgó la
Comisión Nacional, pagadera en mensualidades de $ 25 para iniciar el
funcionamiento de la Plaza de Deportes N.º 7, y solicitando la
opinión de la Comisión Nacional, sobre si sería posible a la
Vecinal, entregar en Tesorería, en pago de las cuotas que se vayan
retirando, los recibos expedidos por el Guardián de la Plaza”
(sic).
Estos intercambios demuestran que la
Plaza Nº7 funcionaba precariamente desde antes de 1918. Los vecinos
de varias poblaciones (Paso del Molino, Belvedere, Pueblo Victoria y
La Teja entre otros barrios que se habían ido incorporando al
entramado urbano de Montevideo durante el último cuarto del siglo
XIX, jugaban y se recreaban en el “Jardín Público” que en los
planos de la época aparece exento de edificios y arbolado, salvo
algunas construcciones menores, tal vez viviendas precarias, sobre la
calle Felipe Caballero.
Esos vecinos habían alcanzado un grado
de organización suficiente para mantener un funcionamiento regular,
para dotarse de los equipos elementales para deportes atléticos y
actividades recreativas infantiles y juveniles (toboganes, sube y
bajas, hamacas, etc.) que eran el equipamiento normal de todas
aquellas primitivas Plazas de Deportes, para costear un Guardián de
la Plaza que cuidara del predio y los aparatos y, lo que es más
importante, para tomar la iniciativa de promover su centro deportivo
y recreativo comunitario y para pedir ayuda a la CNEF para
materializarlo.
Durante la etapa llamada de desarrollo
no solamente se extendieron las plazas a todo el país, se desarrolló
la formación de profesores de educación física (institucionalizada
en 1939), se instalaron las primeras piletas de natación (y el
pabellón flotante de natación en la bahía de Montevideo) sino que
empezaron a manifestarse varios fenómenos típicos de las sociedades
modernas, por ejemplo, la distinción entre deportistas y público,
el desarrollo de los deportes de masas, el surgimiento de las
hinchadas y la aparición de los dirigentes en la administración del
deporte.
El deporte, en tanto fenómeno social,
confirmaba su doble carácter: era una expresión específica de la
evolución de la actividad física recreativa y al mismo tiempo ponía
de manifiesto los movimientos y transformaciones sociales y políticas
que se producían en la sociedad uruguaya 4.
Así llegó la etapa del “estancamiento” que, desde el punto de
vista de las plazas de deporte implicó la decadencia de las
instalaciones, el deterioro de los equipamientos y de los edificios,
la pérdida de eficiencia de los deportistas, el desinterés del
público o su migración hacia otras actividades.
Demasi advierte que la de Gomensoro,
como todas las periodizaciones históricas de los acontecimientos,
puede ser ambivalente. De este modo durante la dictadura
cívico-militar (1973-1985) desde el gobierno se dio impulso a los
juegos atléticos estudiantiles y se extendió la Educación Física
a los liceos pero esto se hizo con fuertes connotaciones
autoritarias, imposiciones, violencia, corrupción y arbitrariedades
típicas de esos años, que también impregnaron los ámbitos del
deporte con actitudes y gestos represivos, muchas veces duraderos y
difíciles de erradicar.
Una nueva vida para las Plazas de
Deportes – En el año 2000 se produjeron algunas
transformaciones institucionales. Los proyectos renovadores para las
Plazas empezaron a plasmarse años después. La CNEF adoptó un rango
cuasi ministerial (como dependencia del Ministerio de Deporte y
Juventud, primero y del Ministerio de Turismo y Deporte después)
hasta que en el año 2015 tomó su forma e inserción actual como
Secretaría Nacional del Deporte (SND), directamente dependiente de
la Presidencia de la República.
En el año 2009, se produjo a nivel
gubernamental una iniciativa, conocida como las “Plazas del siglo
XXI” destinada a insuflarle nueva vida a las viejas Plazas de
Deportes. En el 2012 se dio a conocer el Plan Nacional Integrado de
Deporte (PNID), cuyo equipo redactor fue encabezado por Ernesto
Irurueta (que fue titular de la Dirección Nacional de Deportes,
antecedente inmediato de la SND) y por Miguel Blasco, Coordinador
General del Plan.
La verdad es que el PNID despliega una
panoplia impresionante de propuestas interesantes sobre el deporte y
la educación física. También despliega esquemas administrativos y
mucha terminología evocativa del llamado New Public Management y de
las modas de gestión empresarial (por ejemplo el esquema diagnóstico
FODA y las citas al dinosaurio de las teorías corporativas, el
finado gurú Peter Drucker) pero apenas le dedica atención a las
Plazas de Deportes salvo en relación con la categoría “deporte
comunitario”.
Sería prolijo citar in extenso el texto
del PNID, que además es un tanto reiterativo pero, de muestra, basta
un párrafo que aparece bajo el acápite “Conclusiones del
Diagnóstico”. En él se alude como fortaleza la tradición
democrática del Uruguay y la consideración del deporte como un
derecho humano en el que, “a través del Estado y la sociedad
civil, inicialmente, y hacia fines del siglo XX desde los gobiernos
departamentales, se fue construyendo un entramado de
institucionalidad muy fuerte y extenso, con gran participación
pública y con protagonismo de los clubes, federaciones, Comité
Olímpico, con numeroso trabajo voluntario de liderazgo”. Llama la
atención que las plazas de deportes no sean tenidas en cuenta aunque
es de suponer que la enunciación no es taxativa.
Más adelante el documento sostiene
lúcidamente que “llegados a este punto del siglo XXI, se evidencia
la falta de un sistema deportivo definido – un modelo integrado y
eficaz para el deporte, expresado en una norma jurídica moderna y
didáctica, que distribuya claramente las competencias y
responsabilidades entre el sector público y el sector privado,
establezca los mecanismos formales de coordinación entre ambos, y
donde cada institución tenga reconocido su lugar, su papel y su
responsabilidad en la progresión de nuestro deporte”.
En julio del 2009, un asesor del
entonces Director Nacional del Deporte, Fernando Cáceres, afirmó
que las plazas de deportes uruguayas cuentan con una infraestructura
que data de principio del siglo pasado. Los elementos que se le han
agregado no han sido bajo ningún orden lógico. “Hoy consideramos
que la plaza como espacio de uso público debe tener una serie de
condiciones que permitan el acceso, el disfrute y la realización de
un montón de espectáculos que, si bien no tienen que ver con el
deporte, si lo tienen con los intereses y las demandas que la
sociedad registra hoy”.
Un grupo interdisciplinario en el cual
se integró a técnicos propuestos por el gobierno y por la
Asociación Cristiana de Jóvenes (arquitectos, sociólogos,
asistentes sociales y creativos publicitarios) diseñaron las Plazas
del Siglo XXI. A los espacios deportivos que forman parte de las
plazas – dijo el vocero - se le sumarán una serie de nuevas
actividades. Entre las cosas que se les pensaba incorporar había
ollas de skate, piscinas de macro natación, canchas de bochas,
locales para biblioteca, cibercafés, cantinas, locales de
policlínicas y de redes de pago. “La intención es generar
espacios de fuerte interacción público-privada, donde puedan
confluir distintos servicios que el Estado brinda en forma
desordenada”, señaló el asesor. La idea del proyecto es que todo
esté concentrado en la plaza y se halle allí un espacio de
apropiación para la gente.
La primera experiencia se llevó a cabo
en Montevideo. Las tres primeras plazas que en el formato siglo XXI
serán la número siete, “ubicada en la zona del Viaducto”; la
plaza cinco, “situada en 8 de octubre y 20 de febrero”; y la
plaza 11 del Cerro. “El
proyecto más ambicioso es el de la plaza siete, ya que es una plaza
muy grande y nos jugamos toda la batería”, dijo Fraga.
Esta
gran inversión y extraordinario esfuerzo se llevó a cabo aunque la
continuidad del proyecto parece haberse enlentecido. Específicamente
la Plaza del Paso del Molino, con su renovada denominación como
Centro Deportivo y Recreativo Plaza de Deportes Nº7, es una pujante
institución con más de 3.500 usuarios regulares, con una presencia
cotidiana de más de mil personas por día, mujeres y hombres de
todas las edades, en todo tipo de disciplinas y actividades con una
importante concentración de actividades en la pileta climatizada que
se inauguró hace tres años. La
gran significación como centro comunitario arroja guarismos
sorprendentes: treinta grupos correspondientes a otras tantas
escuelas primarias y numerosas ONGs que llevan a sus pupilos.
Como
se dio desde sus orígenes, la
identidad misma de las
plazas de deportes requiere una conjunción entre los funcionarios
públicos
y los
usuarios y/o vecinos que participan como Comisión de Apoyo (o como
Comisión de Fomento). De hecho, sin estas comisiones honorarias el
funcionamiento de las plazas de deportes sería sencillamente
imposible porque,
de hecho son responsables de la viabilidad económica de la
institución y
la expresión más acabada de la apropiación comunitaria de la
institución, lo que garantiza su inserción local, la calidad de sus
servicios, la pertinencia de sus actividades y su capacidad de
mejora, de desarrollo y de crecimiento.
La
aparición de la
gobernanza
-
Los
puntos de conjunción entre instituciones públicas y las
comunidades u organizaciones de la sociedad civil plantea numerosos
problemas; la articulación de lo público con lo privado, sobretodo
si el ámbito de lo privado es una entidad ciudadana o personas
físicas o jurídicas agrupadas
en una comisión de vecinos,
requiere conjugar en términos concretos ciertos conceptos muy
repetidos, por ejemplo, la
convivencia, la inclusión social,
la participación ciudadana, la representación de las comunidades
locales, la descentralización. En
este entorno suele aparecer un concepto ambigüo y polémico: la
gobernanza, el sistema de la gobernanza o la constelación de la
gobernanza.
Esa
articulación entre gobernantes o sus representantes y los gobernados
o ciudadanos siempre supone una asimetría que debe ser tenida en
cuenta para el desarrollo de las políticas públicas y todos los
conceptos que se plantean como deseables, para una relación fluida
entre unos y otros, para alcanzar consensos o acuerdos democráticos
y por ende una sinergia positiva que, como es sabido, no puede
conseguirse en
forma profunda, productiva y duradera
con la mera imposición burocrática
o a través de la aplicación del principio de autoridad.
En
materia de Plazas de Deportes dicha articulación esencial -
pues de ella depende la vida misma de la institución -
se da en la conjunción con una Comisión de Apoyo o Comisión de
Fomento, o de Apoyo y de Fomento o como quiera llamársele que es, al
mismo tiempo, la expresión del
arraigo de
la institución en su medio y la fuerza decisiva que los usuarios, es
decir la comunidad, insufla a su Plaza de Deportes. Una
Comisión de Apoyo, integrada en forma totalmente honoraria, provee
no solamente un trabajo voluntario
fundamental
sino que aporta los medios económicos, la iniciativa y el control
por parte
de
los usuarios que indica una efectiva participación de la sociedad en
la vida de la Plaza.
La
gobernanza –
por su parte -
es un concepto téorico
aparecido en la última década del siglo pasado para designar la
eficacia, calidad y la
buena
orientación de las intervenciones del Estado, que
proporcionan
la legitimidad
a lo que a veces se define como “una nueva forma de gobernar” en
el marco de la globalización neoliberal. El concepto tiene mucho que
ver con las interacciones de los administradores públicos con el
mercado y con las organizaciones privadas o con la sociedad civil
(empresas, asociaciones patronales, sindicatos, asociaciones civiles)
que no están jerárquicamente subordinadas al Estado.
El
término es polisémico y polémico. Se utiliza en administración,
en ciencias sociales y políticas, en organismos internacionales 5.
Gobernanza no es sinónimo de gobernabilidad.
Para
la última edición del Diccionario de la Real Academia Española la
gobernanza es “el sano equilibrio entre
el Estado, la sociedad civil y el mercado”. Se
trata de un concepto nacido bajo el utilitarismo económico que
oculta, ciudadosamente, que la legitimidad no se consigue sólo con
eficacia y eficiencia sino que es fundamental el elemento democrático
en el que se conjugan la transparencia, la rendición de cuentas y la
participación de
la ciudadanía en el manejo de la cosa pública.
Críticos
menos benévolos de la gobernanza, como el profesor de Filosofía del
Derecho de la Universidad de Barcelona, José Estevez Araujo 6,
sostienen que el neoliberalismo no sólo ha supuesto la desregulación
y privatización de empresas públicas y no se ha limitado a
disminuir el poder del Estado y a aumentar el del mercado, de
modo que las contraposiciones regulación/desregulación y
público/privado, son insuficientes para entender las
transformaciones que han tenido lugar en el ámbito
jurídico-político.
En un mundo en el que se trata de que los entes públicos actúen
como privados y en el que los privados tienen el poder de evaluar y
controlar la actividad de los públicos, los peligros para cualquier
entidad estatal no es la privatización sino que se imponga
gestionarlo con criterios de una empresa (eficiencia, rentabilidad,
objetivos fijados desde fuera, pautas de calidad en función del
“mercado” o sometimiento al control de empresas privadas).
La Comisión Europea, ya en el año 2001, sostenía que la via
legislativa a menudo constituye solamente una parte de las soluciones
más amplias en materia de relaciones entre el gobierno y la sociedad
civil que combina normas formales y reglamentos con otros
instrumentos no vinculantes, como recomendaciones, directrices e
incluso instrumentos de autorregulación acordados conjuntamente y
medidas adoptadas por los agentes más interesados sobre la base de
su experiencia práctica. Al mismo tiempo enfatiza “la solución de
problemas” como contrapuesta y negatoria de la “reclamación de
derechos”.
Para
descubrir la trampa de la gobernanza hay que distinguir entre su
retórica y la forma real que se propone, en nombre de aquella, para
la toma de decisiones. La clave está en la toma de decisiones y en
la forma en que la sociedad civil, las asociaciones civiles,
participan en ella. La retórica de la gobernanza se presenta como
una forma de decidir, con participación de la sociedad civil, que
consiste en una discusión racional entre los diferentes actores y
entre estos y las autoridades. Se sustituye, dicen, las decisiones
verticales, de arriba a abajo, por un “círculo virtuoso” de
interacción con
participación a todos los niveles, desde la definición de políticas
hasta su aplicación. Bonita
formulación.
Sin embargo, Estevez Araujo considera que la aparición de la
gobernanza es consecuencia de los problemas no resueltos por la New
Public Management (la Nueva Administración Pública) lanzada por el
neoliberalismo desde los países anglosajones para encuadrar la
administración pública en los procedimientos y los métodos de las
grandes corporaciones transnacionales.
Bajo
el
sistema de la gobernanza, los
encuentros entre funcionarios oficiales y los representantes de las
asociaciones civiles, formales o informales, siempre se llevan a cabo
en la fase preparatoria y no en las etapas en las que se toman
resoluciones. En general los actores no pueden debatir frente a
frente, interactuar comunicativamente con otros actores e
intercambiar ideas con ellos para llegar a un acuerdo eventual en el
que se puedan reflejar todos los puntos de vista.
Investigadores
europeos 7
comprobaron
que, en realidad, los promotores de la gobernanza no desean que se
produzca
un debate; las invitaciones se hacen
con poca antelación; los documentos están
ya
cocinados; las consultas on line dan
respuestas pre establecidas; las comunicaciones horizontales entre
asociaciones civiles similares presentan trabas; los insumos para
debatir no son
entregados con la debida antelación y, lo que es más importante, no
hay
intención alguna de modificar lo que ya está
decidido a nivel oficial.
Lo
que les interesa a los promotores de la gobernanza es
reunir elementos para mejorar sus propuestas, para hacerlas más
presentables, sin ceder en cuanto a la modificación de contenidos
que se han fijado. Es
decir, buscan un “consenso preventivo” pues se procura que
quienes participan en las “consultas” adquieran implícitamente
el compromiso de respetar las prácticas de consulta de la gobernanza
y las decisiones ya
fijadas.
De este modo, en Europa, los planteamientos más críticos fueron
excluidos
y se
dejó
el campo libre a posturas más cercanas a los
planteamientos
oficiales de corte neoliberal.
Está
claro que la gobernanza no es un instrumento de cambio social, ni
siquiera para
autores reputados como progresistas, como Roberto
Mangabeira
Unger el brasileño profesor de Harvard.
Un
sociólogo eminente como el portugués Boaventura de Sousa Santos 8
dice que, en última instancia, lo que le importa a la gobernanza es
el mantenimiento del capitalismo y no el fomento de la democracia.
Sin
embargo, pese a que estos antecedentes de la gobernanza son bastante
conocidos aparecen,
en
un proyecto de resolución que se aprestaría a adoptar el Secretario
Nacional del Deporte, estableciendo el “Reglamento de
Relacionamiento entre la Secretaría Nacional del Deporte y las
Comisiones de Apoyo y Fomento de los Centros Recreativos Deportivos
(Plazas de Deporte)” (sic).
Se
trata de un texto articulado
–
posiblemente un borrador – en
formato
virtualmente
definitivo,
en
cuyos
considerandos se
invocan conceptos
importantes como “participación ciudadana” y
“políticas de descentralización”, y
refiriéndose
a las Comisiones de Apoyo y Fomento, vitales para el funcionamiento y
apropiación
de las Plazas por la comunidad, se afirma que “representan
a la comunidad local, participan en el sistema de gobernanza y
colaboran activamente en el mejor funcionamiento de los Centros
Deportivos y Recreativos, generando recursos y aportando trabajo
voluntario”.
La
norma que, según
parece, se
piensa imponer limita
la participación de las asociaciones civiles en la toma de
decisiones y
en general reduce sus potestades a simples recaudadores de fondos,
concentra el poder decisorio en los funcionarios públicos
(Directores de las Plazas), quita derechos a los representantes de
los usuarios y
en cambio les endosa responsabilidades ignorando
que no puede haber responsabilidad sin autoridad ni autoridad sin
responsabilidad 9.
En
fin se trata de un verdadero engendro de la gobernanza que demuestra,
en la práctica, que la retórica encubre el burocratismo anti
democrático que esteriliza la participación popular y
que reduce a las Comisiones de Apoyo a meras comparsas aquiescentes.
Ahora
se impone que las autoridades de la Secretaría Nacional del Deporte
tengan
una reacción, acorde con el gran esfuerzo y el empeño que han
puesto en pro del desarrollo deportivo y la recreación,
sometan estos
a una profunda revisión y
especialmente
a un proceso verdaderamente democrático, tanto de su discusión con
las asociaciones civiles y agrupamientos de vecinos y usuarios que
deberán ajustarse al Reglamento, como para garantizar la
participación en un proceso sometido a controles estrictos de
cogestión y de respeto por
la autonomía y el aporte desinteresado de la comunidad.
1Un
aporte reciente y muy valioso pero primario es el que puede
apreciarse en Gomensoro, Arnaldo (2015) “Historia del deporte, la
recreación y la educación física en el Uruguay”. Montevideo,
Instituto Universitario de las Asociación Cristiana de Jóvenes.
2Demasi
Herrera, Carlos (2015) Recensión de un libro. En: Revista
Universitaria de le Educación Física y el Deporte; N.º 272
(noviembre del 2015).
3La
Plaza N.º 7 ocupa casi la totalidad del espacio circunscripto por
la Avenida Agraciada, el Camino Castro, las calles Felipe Caballero
y Marcelino Díaz y García y se instaló en 1918, antes de que este
predio municipal fuera denominado como Plaza Melchor Pacheco y Obes
por la Junta Económico Administrativa de Montevideo (el 28 de
noviembre de 1919) y también antes de que se levantara el edificio
de la agencia del BROU en Agraciada y Castro (en 1921).
4Cfr.
Dogliotti Moro, Paola (2014) Educación del cuerpo y discursividades
en torno a la formación en educación física en Uruguay
(1879-1948). Udelar-CSIC, Montevideo.
5Típico
es el “Libro Blanco de la Gobernanza Europea” al que se puede
acceder en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0428es01.pdf
6Cfr.
Estevez Araujo, José A. (2010) Que no te den gobernanza por
democracia. Asequible en :
www.pensamientocritico.org/josest0510.pdf
7Kröger,
Sandra (2008) Nothing but consulting: The Place of organised
civil society in the EU policy-making across policies.
University of Exeter.
8Sousa
Santos, Boaventura (2010) Descolonizar el saber, reinventar el
poder. Montevideo: Editorial Trilce.
9El
proyecto de reglamento tiene abundantes defectos formales y algunos
de fondo muy protuberantes; por ejemplo, no se define con claridad
cuales son fondos públicos y los requisitos de controles ex ante y
post facto de los mismos. Se atribuye a las Comisiones de Apoyo la
recaudación pero su participación en la contratación de personal
es nula aunque se les endosa después la responsabilidad de despedir
al personal contratado. Se enfrenta directamente al modelo normativo
de las asociaciones civiles sin fines de lucro que promueve el MEC
estampando sobre las entidades con personería jurídica
imposiciones impertinentes que vulneran las garantías democráticas
de sus estatutos y pretende transformarlas en meros apéndices de
los jerarcas estatales.
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