RECLAMOS PREVISIONALES Y DILEMAS ÉTICOS

¿Por qué la Universidad no puede?

RECLAMOS PREVISIONALES Y DILEMAS ÉTICOS

por Fernando Britos V. (*)

En el año 2010, unas cuantas docenas de viejos funcionarios, docentes y no docentes, que recientemente se habían jubilado de la Universidad de la República se reunieron en el Paraninfo, convocados por las autoridades universitarias, para recibir un sencillo homenaje acompañado por una medalla conmemorativa. Todo fue muy emotivo y comedido, las cálidas palabras de los representantes de los gremios y del Rector, la alegría de los homenajeados, de sus familiares y amigos, el aplauso de los presentes. Pocos sabían que se trataba de un hecho con pocos antecedentes pues aunque distintos servicios universitarios tienen alguna forma, más o menos expresiva, de despedir a quienes pasan a retiro, la Universidad de la República, como tal se había mostrado renuente, durante muchos años, a un gesto tan elemental como el manifestar un reconocimiento postrero a mujeres y hombres que le dedicaron su vida.

            Esta morosidad de la Universidad hizo que varios de los que debieron recibir el homenaje ya hubieran fallecido y esto fue mencionado por los oradores porque en definitiva se trataba de un acto crepuscular, tardío e insuficiente, para los miles de funcionarios de la institución. En aquel momento era palpable que si este acto no era seguido rápidamente - más allá de su plausible y periódica reiteración - por una serie de medidas concretas en el campo previsional, pronto se tornaría parte insignificante de un hueco panteón ceremonial.

            Desde el punto de vista de la psicopatología del trabajo - es decir del estudio y prevención del sufrimiento que ocasiona el trabajo y las secuelas de aquel – las instancias más cruciales se ubican al ingreso al mundo laboral y al momento del retiro o jubilación por cualquiera de las causales que comúnmente se manejan. Años y decenas de entrevistas destinadas a explorar la historia laboral de los funcionarios universitarios, especialmente no docentes, nos permiten afirmar que para la gran mayoría de quienes se jubilan, el momento del retiro y los tiempos que lo preceden y sobre todo que lo suceden, es altamente traumático. Se trata de una peripecia dolorosa, conmovedora y solitaria porque, citando palabras de un entrevistado, “la Universidad nos ha dejado caer como una camisa vieja que se tira a la basura”.        

(*) Licenciado en Psicología de la UdelaR. Director de División, desde 1992 Secretario de la Facultad de Arquitectura. Se interesa por la investigación y divulgación en psicopatología del trabajo, ética y aplicación de técnicas psicológicas y defensa de los derechos humanos en el ámbito laboral público y privado (fbritos@farq.edu.uy).

Como el objeto de este texto no es profundizar en los fenómenos que, inevitablemente, desencadena el retiro y los cambios que introduce en la vida de los trabajadores, podemos resumir los sentimientos que entonces se producen diciendo, en lenguaje corriente, que la mayoría de los funcionarios de la Universidad se retira con la amargura producida por la disparidad fenomenal entre lo que han dado a la institución y lo que han recibido de ella, especialmente en un momento tan crítico como el de la jubilación.

            Es preciso introducir, sin dilación, la necesidad de analizar lo que la institución no hace y debiera hacer para cumplir con sus fines esenciales, nada más ni nada menos que con quienes la mantienen con su trabajo e inevitablemente habrán de contribuir a proyectarla al futuro que la sociedad uruguaya le exige. Sin una reflexión seria y una acción decidida sobre estos temas no hay reforma ni planes que tengan posibilidad de éxito. Se podrá decirnos que los temas de la seguridad social son temas del país, del conjunto de la sociedad, como en verdad lo son, pero habrá que reconocer que la Universidad de la República mantiene un retraso histórico en materia de defensa y promoción del bienestar de sus estudiantes y funcionarios. Por otra parte, en el terreno específicamente previsional tenemos peculiaridades y carencias de cuya responsabilidad no podemos escapar ni amortiguar por medio alguno.

En forma recurrente aparece a nivel de los círculos directrices de la Universidad de la República la temática previsional - obsesivamente centrada en la necesidad de provocar u obligar la jubilación del personal que se considera envejecido -  y en forma igualmente reiterada desaparece sin dejar conclusiones dignas de tal nombre.

            Cuando la CSGA[1] trató la eventual renovación de un mínimo incentivo jubilatorio  - que permitió el retiro de algunos viejos funcionarios, no afectados por los topes, en los años 2009 y 2010 - el tema hizo fugaces sombras chinescas sobre la mesa. Ahora, una vez cancelado ese incentivo, que todos sabíamos muy limitado y mezquino,  es imprescindible agarrar por los cuernos al toro previsional.

8 de abril de 2011.

1)    La Universidad le debe a la sociedad un diagnóstico institucional objetivo sobre lo previsional y tiene que reclamar a los poderes del Estado la adopción de urgentes medidas que hagan justicia en estas materias  - Precisamente son los especialistas e investigadores de la Universidad de la República quienes han hecho los principales aportes al estudio de estos temas a nivel nacional[2]. En suma, la Universidad tiene y siempre ha tenido los especialistas como para hacer un abordaje interdisciplinario de este asunto fundamental para cualquier proyecto de futuro y para formular propuestas concretas[3].

Pocos sectores de la sociedad han sufrido tan fuertemente las políticas económicas neoliberales que imperaron durante tantas décadas y hasta el 2005. Menos aún  son los sectores que siguen sufriendo las secuelas perversas de esas políticas pese a los esfuerzos que vienen realizando los gobiernos para atender la problemática social. En el campo previsional y especialmente en los mecanismos que debieran amparar a quienes han culminado una vida de trabajo persisten las mayores iniquidades.

Los problemas previsionales son, en general, estructurales y específicamente lo son en la Universidad de la República. Por ende deben ser tratados con perspectiva bien documentada. La erosión sufrida por el sistema solidario intergeneracional con la introducción de las AFAP – por ejemplo - ya cuenta con un lapso suficiente como para hacer una evaluación de la erogación del sistema y de quienes han resultado realmente beneficiados con esta creación.

Asimismo, pocos sectores como éste – con la excepción de los delitos cobijados por la Ley de Impunidad -  han mantenido intactas las ilegítimas medidas de la dictadura (1973-1985), como el Acto Institucional Nº9 (de 1979) y los infames topes a las jubilaciones que el BPS heredó sin chistar y aplica impertérrito[4].

En muy pocos espacios económicos del país es posible apreciar la disparidad de soluciones y resultados que mantiene un sistema jubilatorio que, pese a su pretensión de universalidad, es una verdadera colcha de inequidades y privilegios para pocos. No se necesita ser un especialista para percibir como la Caja Militar o la Caja Policial no solamente son las generadoras de déficits monstruosos sino el origen de de beneficios para quienes capitalizaron en su provecho el “estado de guerra interna” de las épocas oscuras y el latrocinio e impunidad dictatoriales. No menos chocante es la situación de otras Cajas paralelas, algunas fundidas otras florecientes, a costa de los beneficios corporativos que sufraga la sociedad en su conjunto (Caja Bancaria, Caja Notarial, Caja de Profesionales Universitarios).

La Universidad de la República sufre graves problemas que, por un lado son inseparables de la problemática previsional del país y, por otro, tiene dolorosas peculiaridades, desigualdades e injusticias que le son propias por lo que no puede dejar de examinar sus propias llagas.

2)    Tiempo de vivir y tiempo de morir: la deuda social como problema que algunos esperan se resuelva biológicamente - Tal como están planteadas las cosas los funcionarios no docentes de la Universidad de la República, siguen siendo víctimas de las confiscaciones incorporadas a un sistema jubilatorio que fue brutalmente “reestructurado” por la dictadura, en 1979, en perjuicio de los trabajadores. Con la reapertura democrática se reinstitucionalizó el BPS (por Ley 15.800) pero se mantuvo intacto el mecanismo de estafa continuada establecido entre otras cosas mediante los topes impuestos a muchas pasividades.

En este contexto, los funcionarios no docentes de la Universidad de la República (poco más de 5.400) están condenados a morir trabajando o a trabajar hasta morir (que no es lo mismo). ¿Cuántos de los 540 funcionarios que tenían 60 años o más en el 2009 habrán fallecido o alcanzado un estado de incapacidad irreversible en el último bienio? Esta es la “solución biológica” que aporta la muerte o ciertas incapacidades totales y el interrogante no es retórico: debe ser respondido sin ambages.

Como en muchos temas, lo dicho en el pasado ha sido olvidado rápidamente por todos los actores políticos de este país, sin excepción. No conocemos a nadie que haya defendido o defienda la legitimidad del Acto Institucional Nº9 o que niegue los perjuicios que sigue causando a tantos miles de compatriotas. El sociólogo Einöder cita al actual Presidente del BPS, Ernesto Murro, quien - en el año 2000 - decía “cuando corresponde cumplir con un derecho ya establecido, no sólo en este caso sino siempre, primero está el derecho y luego la financiación”. La asunción del cargo y con él la principal responsabilidad en la perpetuación de tanta injusticia ha tenido un efecto demoledor sobre la memoria y seguramente sobre la conciencia ética de Murro.

Einöder advertía, en uno de los artículos referidos, que “el único argumento para sostener la apropiación de los haberes de retiro fue la falta de recursos. Ello nunca fue demostrado porque siempre se mantuvo en secreto la cantidad de personas afectadas así como el costo de la ineludible deuda social”. El sociólogo cita al periodista José Luis Sampayo Pírez quien, sobre este tema, escribió “lo que es detestable es que los sucesivos gobiernos elegidos por la gente, hayan aceptado de buena gana la vigencia plena de seudonormas que tanto daño hacen hasta hoy a la vida de tanta gente”.

Quienes apuestan a dejar correr los años y a que la naturaleza resuelva el problema por muerte o incapacidad total de los reclamantes se hacen cómplices directos de un crimen abominable contra los derechos humanos con permanencia en el tiempo (como lo son, en notoria analogía, las desapariciones forzosas de personas que se cometieron bajo la dictadura). De este modo, la desmemoria, el olvido, la distracción o la omisión, deliberada o no, consciente o inconsciente, deja de ser un fenómeno puramente psicológico para entrar de lleno en el campo de la ética, de la responsabilidad cívica y del delito. Quienes han ocupado cargos en los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), tienen responsabilidad en la perdurabilidad de estos perjuicios que se vienen sosteniendo desde el 1º de marzo de 1985 o desde el 23 de octubre de 1979, si se prefiere retrotraer dichos efectos a la imposición de los topes y otras medidas de exacción que impuso, en forma totalmente ilegítima, el Acto Institucional Nº9.

3)    Algunos en la cama, casi todos en el suelo - La Ley 18.119 del año 2007 dispuso un sistema de ajuste para los topes impuestos por el Acto Institucional Nº9 de 1979 pero en realidad eludió el problema de fondo y lo dejó librado a la “solución biológica”. Se mantiene la perversidad de que quien más ha trabajado y aportado resulta ser quien más pierde. En realidad la Ley 18.119 institucionaliza las desigualdades existentes, algunas de vieja data. Los topes son diferentes según las actividades y como siempre favorece a quienes son laderos del poder: ministros de Estado: 18,55 salarios mínimos; las pasividades de los jefes no están topeadas en la Caja Militar o en la Policial; los jueces, según Murro, cobran una jubilación adicional como si fueran abogados aunque nunca aportaron.

La exposición de motivos de esta torpe normativa dice que beneficiaría (por revisión gradual de los topes) a unos 8.400 jubilados, menos del 1% del total a un costo de unos 12 millones de dólares (poco dinero si se lo compara con la ganancia de 45 millones de dólares que tuvo el BPS en el año 2008).

En la Universidad de la República, los funcionarios no docentes (que son una especie de no personas a la luz de la Ley Orgánica y también de la proyectada) no solamente son los únicos topeados sino que, a diferencia de los docentes, se les prohíbe trabajar. Como sucede en general, los cargos políticos y de particular confianza no tienen topes y gozan de privilegios.

Más allá de la discusión acerca de si las jubilaciones y pensiones pueden considerarse amparadas en el derecho de propiedad, resulta que las pasividades está protegidas por los derechos humanos tutelados por acuerdos internacionales que nuestro país ha suscrito, por ejemplo, La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José (1969) y el Protocolo de San Salvador (1988) que es una norma complementaria de la anterior que, específicamente, en su artículo 17º establece – entre otras cosas -  que “toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y la incapacidad que la imposibilite para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa”.

4)    ¿Cuáles podrían ser las razones de la pasividad de la Universidad ante asuntos que son la esencia de sus fines (Art. 2º de la Ley 12.549)? - Ya vimos que destacados catedráticos e investigadores de la Universidad de la República han efectuado, desde siempre, aportes sustantivos sobre la problemática de la seguridad social en nuestro país. Son científicos, hombres y mujeres, que hacen honor a su condición de universitarios y de este modo enaltecen a la institución. Sin embargo, las autoridades universitarias y en general todos los actores no hemos estado a la altura de la producción teórico-práctica y de esos valores.

Es inevitable preguntarse ¿por qué? ¿Por qué no se ha efectuado un trabajo sistemático de divulgación, de denuncia y de reclamo por los derechos conculcados de los trabajadores de este país (entre los cuales figuran desde luego sus propios funcionarios)?. ¿Por qué desde la recuperación de la institucionalidad después de la dictadura, hace más de un cuarto de siglo, no se ha adoptado medidas coherentes en la Universidad para combatir tanta iniquidad?

Descartado el desconocimiento o la llana ignorancia, cuya suposición sería un insulto inadmisible, solamente quedan los dilemas éticos en los que habrá que detenerse. Previamente digamos que no se trata de cuestiones retóricas. Si los dilemas éticos no pueden percibirse o si ante la encrucijada dilemática se elige un camino perverso esto acontece por razones objetivas y concretas. Un ejemplo pertinente fue traído recientemente a colación por el periodista Micah Uetricht (en Bitácora Nº 411 del 3/4/2011) quien se refiere a una investigación que llevaron a cabo dos economistas estadounidenses de la Universidad de Massachusetts Amherst[5]. Ellos tomaron a 19 economistas, consultores, profesores y analistas financieros presuntamente objetivos e hicieron una recopilación de sus escritos, libros, declaraciones e informes entre 2005 y 2009. También efectuaron un seguimiento de la vinculación de estos especialistas con diversas instituciones y empresas, así como sus inversiones privadas en bonos y otros instrumentos financieros que no habían hecho públicas al dar sus informes o recomendar determinadas medidas.

Lo que quedó claro es que estos magos de las finanzas no previeron las crisis y cataclismos económicos sucedidos en los últimos años ni propusieron solución alguna porque ellos mismos estaban comprometidos y se estaban beneficiando de la desregulación del sector financiero y de las inversiones de alto riesgo en las que millones de personas perdieron sus ahorros pero en las que, ellos y los responsables del desastre, obtuvieron pingües ganancias.

Nosotros no creemos, como proponen los investigadores del PERI, que estos problemas del mundo financiero puedan resolverse con un Código de Ética para los economistas pues lo que interesa resaltar es que para captar los problemas y prevenirlos, en general, es imprescindible clarificar los intereses en juego y evitar los conflictos entre los intereses públicos y los privados.

En otras palabras y remitiéndonos a exclusivamente a la pasividad o morosidad de la Universidad en temas previsionales y, particularmente, en los perjuicios que sufren la mayoría de sus funcionarios, hay que decir que el gobierno de la Universidad tiene una enorme dificultad para percibir el problema y para actuar en consecuencia porque para quienes lo integran, en su gran mayoría, la jubilación no es tema importante. Por contrapartida, quienes sufren directamente el problema no integran y seguramente no integrarán nunca el cogobierno universitario.

Independientemente de las sensibilidades y capacidades individuales de los gobernantes universitarios - que son elevadas e incuestionables - está claro que para los integrantes del orden docente y especialmente para quienes se retiran como docentes, ya sea compulsivamente al llegar a los 65 años (como sucede en alguna Facultad), ya sea por retiro voluntario, el monto de la jubilación no solamente no entra en su ecuación económica (no van a vivir de lo que por ese concepto perciban) sino que, no están sometidos a los injustos topes, no pesa sobre ellos la prohibición de trabajar por lo que, en la mayoría de los casos, continúan con su práctica profesional o son re contratados como docentes y posiblemente una de las famosas cajas paraestatales les servirá su jubilación.

Todo esto es muy importante para que no se pierda la experiencia y gran capacidad que mantienen casi todos los docentes universitarios, cada vez por más años a partir del momento del primer retiro formal. Entonces, la situación jubilatoria de los docentes también es muy distinta que la de los no docentes, desde el punto de vista del mantenimiento de una actividad provechosa para la sociedad y saludable para el individuo. Estos últimos están condenados por los inicuos topes a “trabajar hasta morir” o a dedicarse al informalismo más degradante si intentan mantenerse activos después del retiro.

Como dice el viejo adagio, “la gente habla según le fue en el baile”. El problema es que la mayoría de quienes tienen responsabilidades de gobierno universitario tal vez crean que “nunca les tocará bailar con la más fea” y tampoco perciben que la orquesta desafina y que algunos de los presentes en el salón son obligados a retirarse de mala manera o a seguir bailando más allá de sus fuerzas.

Para las autoridades docentes y en buena medida para los egresados, la jubilación no es un problema o por lo menos no es un episodio tan perjudicial y dramático como para sus dependientes, los funcionarios no docentes. En cuanto a los cogobernantes estudiantiles, hay obvios factores cronológicos que hacen que su lucidez y gran empuje se canalicen hacia otros problemas. La jubilación como la muerte o la incapacidad, comprensible y espontáneamente, no figuran en el horizonte vital y en la agenda de la mayoría de los gobernantes jóvenes.

5)    Escollos en los que naufragan las soluciones simplistas - Es natural que en la Universidad exista preocupación acerca de la escasa movilidad que se produce en algunos de los escalafones no docentes. Este es un problema que tiene que ver con la carrera funcionarial obstaculizada por una serie de factores, desde los más obvios (cual es la inexistencia de una verdadera pirámide salarial dado que entre el grado más bajo y más alto de los escalafones no docentes apenas hay una relación de 3 a 1) hasta otros más complejos (por ejemplo, la ausencia de una verdadera política de personal, en el sentido del desarrollo de los cargos y de los funcionarios con perspectivas que vayan más allá de las soluciones puntuales).

Sin embargo, el principal escollo contra el que se estrellan algunas buenas intenciones es, precisamente, la existencia de topes y condiciones perversas para el retiro de los funcionarios apoyadas en normas ilegítimas. Mientras estos mecanismos perjudiciales  e injustos no desaparezcan hablar de retiro compulsivo u otros intentos por manipular la tasa de actividad de los funcionarios es un verdadero atentado contra ellos.

Esto no quiere decir que la Universidad no pueda adoptar medidas para paliar el efecto dañino de los topes y facilitar condiciones dignas para el retiro de sus funcionarios. Aquí llegamos a los llamados premios o incentivos para el retiro. Este es un tema del que se ha hablado en organismos centrales de la Universidad y cuando se ha hecho las autoridades anteponen las consideraciones presupuestales con el resultado de que cualquier propuesta razonable resulta inviable “porque no hay disponibilidad”. A quienes adoptan este talante, que siempre es un callejón sin salida, habría que recomendarle los dichos del Murro 2000, en el sentido de que la justicia y la legalidad deben tener prelación sobre la disponibilidad. Cuando existe voluntad política los recursos para financiar ciertas medidas pueden y deben aparecer pero nunca falta alguien que, cuando se plantea que un premio de retiro debe ser sustantivo (15 o 20 sueldos, como mínimo), reaccione con sorna o considerando tal propuesta como un despropósito, una veleidad, una locura.

6)    Si se quiere, se puede: he aquí un ejemplo - El pasado 31 de marzo, el semanario Búsqueda, informó que la Junta Departamental de Montevideo aprobó un plan de retiro incentivado para los funcionarios por el que dará sumas equivalentes a 34.000 y hasta 68.000 dólares[6]. El plan va dirigido a los funcionarios de 60 años y hasta 68 años que actualmente son 79 y ocupan los grados más altos donde cobran salarios que oscilan entre los $ 71.000 y los $122.000, se introdujo como asunto “grave y urgente” y se aprobó por unanimidad el pasado 24 de marzo. Como es natural este procedimiento cuenta con el apoyo del gremio de los funcionarios del legislativo comunal. Los funcionarios podrán optar por una de dos formas de percibir el incentivo: mensualmente o en un solo pago contado.

Más detalles pueden encontrarse en el artículo citado pero hay que señalar que la Junta Departamental calcula que si todos los funcionarios optaran por el incentivo mensual, el costo sería de $ 2.900.000 por mes. La Presidenta de la JD, Cecilia Cairo, declaró que con el procedimiento apoyado por todos los ediles se espera obtener un importante ahorro presupuestal y promover la renovación del funcionariado.

Salvadas las distancias, este plan de retiro incentivado demuestra que si existe voluntad política puede hacerse con apoyo unánime y beneficio para todos. Hay que tener en cuenta que los funcionarios mayores de 60 años, en los grados más altos de todos los escalafones no docentes de la UdelaR  han ser unos 100 o 150 (aunque bien podríamos estar hablando de 500 y eso no modificaría la ecuación). Por otra parte, los salarios de los funcionarios universitarios, en forma también aproximada, alcanzan a la mitad de los que perciben los de la Junta Departamental de Montevideo. Estas variables deben ser tenidas en cuenta para no hacer un traslado mecánico del procedimiento aprobado por la JD. De todos modos es posible demostrar que un procedimiento exento de mezquindad podría generar incentivos de retiro digno para los funcionarios universitarios y economías aún mayores para la UdelaR.

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[1] Comisión Sectorial de Gestión Administrativa

[2] Una muestra sumaria de la calidad de estos aportes no podría dejar de tomar en cuenta los trabajos de los Profes. O. Ermida Uriarte, A. Grzetich, A. Plá Rodríguez y O. Sarlo desde la Facultad de Derecho, o los importantes aportes desarrollados desde el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas por  A. Melgar, A.Vigorito, G. Freire y M. Sienra, entre otros, y  también desde la Facultad de Ciencias Sociales.

[3] Para no citar sino tres de los trabajos más recientes:

Sienra, Mariana (2007) – La evolución del sistema de seguridad social en el Uruguay (1829-1986) – Instituto de Economía (Serie Documentos de Trabajo), Montevideo.

Álvarez, Ignacio, Natalia da Silva et al. (2009) - ¿Qué incentivos al retiro genera la seguridad social? El caso uruguayo. Documento Nº23/09 – Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Montevideo.

Álvarez, Ignacio, Natalia da Silva et al. (2010) – “El retiro de los trabajadores uruguayos y la seguridad social” – Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR, Montevideo.

[4] - Algunos artículos periodísticos :

Einöder, Egon Herbert – “El Acto Dictatorial Nº9” – artículo publicado en La República el jueves 13 de marzo de 2008. (Einöder es sociólogo y fue catedrático de la FCCEE).

Einöder, Egon Herbert – “Los topes jubilatorios: al final del túnel” – artículo publicado en La República el 4 de setiembre de 2009.

Posada, Iván – “Otra ley para el país de los vivos” – artículo publicado en El País de Montevideo. (Posada es diputado por el Partido Independiente).

[5] Epstein, Gerald y Jessica Carrick-Hagenbarth (2010) – Financial Economists, Financial Interests and Dark Corners of the Meltdown: It’s Time to set Ethical Standards for the Economics Profession – Political Economy Research Institute, octubre de 2010, Universidad de Massachusetts, Amherst.

[6] Búsqueda – 31 de marzo de 2011, Pág.13 – “Junta Departamental aprobó plan de retiro incentivado por el que dará a sus funcionarios compensaciones entre U$S 34.000 y U$S 68.000”.