DESTROZANDO LA SALUD PÚBLICA

El efecto Reagan en la salud pública Lic. Fernando Britos V Tiempo de lectura: 19 minutos La historia de una embestida neoliberal que se repite / Ronald Reagan fue el cuadragésimo presidente de los Estados Unidos, por dos periodos, entre 1981 y 1989. Sus antecedentes como locutor deportivo, propagandista de la General Electric, presidente del Sindicato de Actores, actor en películas de baja categoría, macarthista y vengativo delator de sus compañeros de trabajo, gobernador de California, fanático religioso guiado por astrólogos, derechista ejecutor de las políticas neoliberales diseñadas por Milton Friedman y sus Chicago Boys i, agresivo y corrupto promotor de crímenes internacionales (invasiones, bombardeos, financiación de asesinatos y de ataques biológicos, venta de armas y formación de mercenarios, operaciones clandestinas y lenidad con el narcotráfico, etc.) tienen grandes similitudes – salvadas ciertas distancias – con personajes más cercanos en el tiempo como Donald Trump en los Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil y últimamente Javier Milei en la Argentina. La doctrina neoliberal antes y ahora La doctrina neoliberal imponía, entre otras cosas, el desmantelamiento de las políticas sociales; el aumento de la desigualdad a través de la desrregulación de las normas de protección ambiental, de salud ocupacional y del sistema financiero; la mercantilización de la salud pública; la supresión de subsidios e impuestos a las grandes fortunas, privilegiando a los más ricos y desamparando a los pobres; el deterioro del acceso a la educación, a la vivienda y al bienestar; la promoción del gasto en armamentos y en despliegues militares. Además, la principal exigencia de los estrategas neoliberales – antes y ahora – es que los cambios deben hacerse rápido, muy rápido, mediante un shock, un golpe, un paquete demoledor. En los primeros 100 días de Reagan en la Casa Blanca, el shock produjo una brutal recesión con el presunto objetivo de controlar la inflación. La primera medida que tomó apenas se sentó en su sillón fue eliminar el control de precios del petróleo. Esto produjo de inmediato un aumento superior al 100% en los combustibles y derivados. Sin embargo, aún los especialistas tienen dificultades para desenmarañar las complejas interacciones y la cadena de fenómenos que produjo el shock de Reagan. Por esa razón, adquieren especial valor los análisis concentrados en un aspecto neurálgico de cualquier sociedad: la salud pública. Robert N. Proctor, el destacado epistemólogo estadounidense, actual catedrático de historia de la ciencia en la Universidad de Stanford, produjo en 1995 un libro titulado “Cancer Wars: how politics shapes what we know and don’t know about cancer” ii (Las guerras del cáncer. Como es que la política conforma lo que sabemos y lo que no sabemos acerca del cáncer). El capítulo 4, denominado The Reagan Effect (El efecto Reagan, pp.75-100) es un análisis pormenorizado que, más allá de las generalidades que pueden encontrarse en Internet, es muy elocuente acerca de lo que fue y es el modus operandi del neoliberalismo y sus perpetradores, es por eso que lo reseñamos a continuación. En medio de los periodos presidenciales de Reagan, Ralph Nader iii dijo en 1986 : “una sociedad que olvida los beneficios de sus reformas se vuelve vulnerable ante la crueldad de los intereses especiales que abusan de su amnesia”. A comienzos de la década de 1970 se vivía un “optimismo ambiental” en los Estados Unidos pero a fines de la misma década se daba un colapso ambiental. En diciembre de 1979, la clásica revista de negocios Fortune sostenía que era tiempo de parar rodeo con los reguladores desencadenados, dado que repentinamente cada senador o congresista desea aplicarse a controlar o limitar la acción de las agencias regulatorias. La Administración de la Salud y la Seguridad Ocupacional (OSHA su sigla en inglés) estaba descartando cientos de detalladas especificaciones de seguridad y había empezado a experimentar con comités de administración del trabajo para monitorear la seguridad en los lugares de trabajo. La Agencia de Protección Ambiental (EPA su sigla en inglés) estaba empezando a explorar ideas que anteriormente eran inaceptables tales como pagos por emisiones, derechos para contaminar comerciables y el “concepto burbuja”, un experimento de control de la contaminación por el cual el conjunto de emisiones de una planta fabril podía ser regulado por cualquier medio que la compañía quisiera usar. Las empresas estaban incrementando sus protestas acerca de que muchas regulaciones ambientales eran extremadamente complejas e innecesariamente trabajosas. Las empresas habían empezado a quejarse de que los costos que demandaba cumplir con las regulaciones ambientales del gobierno federal, entre 50.000 y 150.000 millones de dólares por año aducían, estaban afectando los montos gastados en las plantas y su equipamiento. La elección de Ronald Reagan como Presidente del país, en noviembre de 1980, impuso un soplo helado sobre las organizaciones ambientalistas que imperaría por casi una década. Las agencias federales, OSHA y EPA fueron las más fuertemente golpeadas. Los directivos ambientalistas que habían sido nombrados por el presidente James Carter fueron reemplazados por personas más comprometidas con “el alivio regulatorio”. El científico Marvin Schneiderman (1918-1997) reflejó las preocupaciones de mucha gente en 1981 cuando dijo que las decisiones regulatorias en EUA podrían llegar a derivar durante varios de los años venideros más de la ideología que de la ciencia. Ellen Silbergeld, jefa de toxicología del Fondo de Defensa Ambiental, advirtió que el “creacionismo” se había impuesto sobre la toxicología, al referirse al cuestionamiento que la nueva administración hacía de la importancia de la experimentación con animales para evaluar los riesgos humanos de cáncer. La mala disposición hacia el medio ambiente de Reagan y su administración fue notoria. El nuevo Presidente era un hombre que, siendo Gobernador de California, se había burlado de la preservación forestal al sostener que los árboles eran los mayores contaminadores y disparatar diciendo que cuando uno ha visto un gran árbol (una sequoia) los ha visto todos. Proctor dice que quien vivió esa época recordará esos disparates pero destaca que lo más importante es analizar las razones de fondo que estaban detrás de las medidas para debilitar los sistemas de salud ambiental y ocupacional. Debemos examinar la retrogradación ideológica que desvaneció la ciencia y las políticas de los setenta y la forma en que muchas concepciones diferentes relativas a las causas del cáncer aparecieron en escena, señala Proctor. La salud ambiental desmantelada Las autoridades sanitarias de la administración Carter habían establecido en forma palmaria que en materia de salud nacional y políticas de seguridad , el énfasis se haría en la salud pública y no en la medicina de alta tecnología y costos elevados. En el área de políticas sobre el cáncer esto significó un desplazamiento relativo de las estrategias curativas hacia las estrategias preventivas como forma de vencer a la enfermedad. Los especialistas nombrados por Carter eran personas con sólidos antecedentes y Proctor menciona a varios (una zoóloga con antecedentes en salud pública en la OSHA que impulsó una reorientación radical en salud ocupacional; un zoólogo en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el primer no médico en ocupar el cargo en una década, que impulsó la prohibición de la sacarina que había probado ser cancerígena en animales; el nuevo director del Instituto Nacional del Cáncer, que había estudiado a fondo el efecto de la radiación por bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, Etc. Para la administración Reagan, por el contrario, las reglas establecidas por agencias como la EPA , la OSHA y la FDA, eran vistas como impedimentos al progreso de los negocios empresariales. Reagan ganó la presidencia haciendo una campaña pro-negocios, con una plataforma de achique del Estado y con la promesa de eliminar regulaciones, poner fin a la inflación de dos dígitos y a las altas tasas de interés que habían afligido los últimos años de la presidencia de Carter. Reagan decía ser “pro vida” pero varios de sus críticos advirtieron que sus administradores a veces parecían completamente indiferentes ante la vida después del nacimiento cuando se trataba de atender la seguridad en el tránsito, la protección contra los deshechos tóxicos y la seguridad de los productos de consumo. La miopía ambiental de Reagan y su disparatario quedaron en evidencia en 1980 cuando la campaña electoral. Entonces dijo que el 80% de la contaminación la causaban los árboles y cuando el senador Edward Kennedy lo apuró se enredó en un lío sosteniendo que lo que había dicho era que el crecimiento y la decadencia de los vegetales producía el 93% de los óxidos de nitrógeno: un disparate al estilo Milei. A pesar de los cuestionamientos y los tropezones, Reagan nunca se retractó de su postura en el sentido de que era la naturaleza misma la culpable de la contaminación ambiental y no la industria. Apenas asumió la presidencia empezó a desmantelar las agencias gubernamentales de salud ocupacional, ambiental y de defensa del consumidor. Muchos de los jerarcas que designó provenían directamente de industrias que no tenían interés alguno en la protección del medio ambiente cuando no eran francamente hostiles a la defensa de este. Más a la derecha que Atila el huno Proctor hace un análisis pormenorizado de los personajes nombrados por Reagan. Por ejemplo, el nuevo director de la OSHA fue Thorne G. Auchter, un multimillonario empresario de la construcción de la Florida. Un hombre de 35 años que había sido citado por la OSHA muchas veces debido a severas violaciones de las normas de salud ocupacional. La única experiencia política de este personaje era haber organizado fiestas en Florida durante la campaña electoral de Reagan. Uno de sus primeros actos como director fue ordenar la destrucción de materiales de capacitación en salud por más de medio millón de dólares que habían sido preparados por su predecesor. Entre los folletos destruidos había uno dedicado a la prevención de las enfermedades pulmonares producidas por inhalación de polvo de algodón. Auchter hizo quemar 100.000 ejemplares porque eran “ofensivos” y “favorables a los sindicatos”. El presidente de la Asociación Americana de la Salud Pública acusó a Auchter de no menos de 25 violaciones de los estatutos de la OSHA por las que debería renunciar. Finalmente, en 1984, Auchter renunció y pasó a ser presidente de una gran empresa privada. El Congreso y el FBI investigaron al renunciante porque descubrieron que antes de irse de la OSHA había perdonado multas a la empresa que ahora encabezaba por muchos miles de dólares. En la EPA pasaba algo similar. El designado por Reagan fue un abogado que había defendido a grandes infractores de la reglamentación sanitaria. Sus subordinados habían estado implicados con fabricantes de asbesto y papeleras que violaban las disposiciones sanitarias. El caso más notorio fue el de Rita M. Lavelle quien fue encargada de manejar un Super Fondo de 1.600 millones de dólares destinado a limpiar los peores vertederos de deshechos tóxicos del país. Lavelle dijo que los líderes empresariales no podían ser culpados por la proliferación de depósitos clandestinos de basura tóxica sino que se trataba de trabajadores ignorantes que arrojaban las tarrinas de tóxicos por cualquier lado. Cuando había pasado un año en el cargo Lavelle solamente había conseguido limpiar 4 de los 160 vertederos de residuos tóxicos identificados y naturalmente nunca llegó a encarar la limpieza de los basureros de la empresa de la que había sido empleada antes de ocupar el cargo en la EPA. El dinero desapareció y los basureros quedaron. Joseph A. Coors (1917-2003), el magnate cervecero, fue uno de los personajes de la “revolución de Reagan”. Era un anti ambientalista y anti sindicalista radical que en 1977 formó un movimiento con poderosos ganaderos, magnates del petróleo y de la minería que se denominó Fundación Legal de los Estados de la Montaña (MSLF su sigla en inglés) cuyo cometido era combatir todas las leyes federales y de protección de la naturaleza, parques y reservas, así como las normas de preservación de los cursos de agua y los bosques. El grupo de Coors era conocido como la mafia de Colorado. El billonario asesoraba a Reagan de modo que sus compinches fueron designados para importantes cargos del gobierno. La mafia de Colorado promovió todo tipo de corruptelas: saqueó los fondos previstos para mantener y agrandar los parques nacionales y autorizó la minería a cielo abierto, entre otras hazañas iv. La motosierra del hombre que odiaba a los árboles La herramienta fundamental para el desmantelamiento ambiental de Reagan fue el presupuesto. En su primer año en la Casa Blanca promovió una reducción del 60% en los gastos efectivos de la EPA y un 40% de reducción en su personal. El Congreso le disputó algunas de las propuestas pero Reagan consiguió la gran mayoría de lo que planteó. La OSHA y las demás agencias sufrieron recortes similares. En el presupuesto de 1982, la investigación nuclear recibió un aumento del 7% , la investigación en energía solar una quita del 41%, la investigación de la energía geotérmica del 63% y la protección ambiental estatal y local una disminución del 48%. El presupuesto destinado a salud preventiva fue recortado en un 16% y la planificación en salud pública en un 50%. Como el dinero no desaparece sino que cambia de manos resulta que la beneficiaria de estos recortes mortales no fue la deuda pública que creció en forma dramática en cada uno de los años de los dos periodos presidenciales de Reagan. Los rubros fueron a parar al presupuesto militar. Los fondos secretos militares se dispararon a la estratósfera y el proyecto anti misiles (Star Wars) y el Milstars (un sistema de comunicación satelital supersecreto que en realidad se acompañaba por un sistema de destrucción de satélites) devoraron miles de millones de dólares cada año. A fines de la década de 1980, más del 70% de todos los fondos federales dedicados a la investigación habían sido aplicados a los proyectos militares. La investigación y desarrollo militares era cien veces mayor que la R&D ambiental. Tan tarde como en 1991, un congresista por Nueva York se quejaba de que solamente 67 millones de dólares se habían presupuestado para la investigación sobre cáncer de mama mientras que el desarrollo del frustráneo bombardero B-2 demandó 45 veces más v. La capacidad inspectiva de las agencias regulatorias disminuyó drásticamente. Antes de las quitas, por ejemplo, la capacidad inspectiva de la OSHA alcanzaba para cubrir un ínfimo 1% de los lugares de trabajo. Entre 1980 y 1985 los funcionarios disminuyeron de 3.015 a 2.176. Las inspecciones anuales de seguimiento se redujeron a la mitad y las citaciones por irregularidades un 30%. Al final de la era Reagan, el estado tenía seis veces más inspectores de caza y pesca que de trabajo y seguridad ocupacional. Otra consecuencia que no tuvo repercusión periodística fue la de la censura y persecución que sufrieron los funcionarios de las agencias. En 1982, un encargado de información de la EPA preparó un informe de prensa señalando que el pesticida dibromocloropropano era sospechoso de causar cáncer y que varios trabajadores habían resultado estériles después de manipularlo. El director de la agencia eliminó las referencias al cáncer y la esterilidad se transformó en “efectos de salud adversos”. Intervinieron la correspondencia personal de funcionarios con otros profesionales de la salud (un científico de la OSHA fue sancionado, aunque sin llegar a despedirlo, por escribir una carta a la Organización Mundial de la Salud). Al Gore, refiriéndose a este caso, dijo en 1982: “los que están tratando de hacer su trabajo y proteger la salud de los estadounidenses perderán sus empleos para proteger los beneficios de la industria”. Los brutales recortes presupuestales produjeron, en materia de normas regulatorias, una dramática reducción de los casos sometidos a la justicia. En su primer año de gobierno Reagan redujo en un 70% el número de expedientes enviados al Departamento de Justicia para actuar contra contaminadores ambientales. Reagan rechazó la regulación del formaldehído a pesar de que sus mismos asesores científicos habían reconocido que era cancerígeno vi. También se relajó (en sentido literal) la regulación de los pesticidas (se desechó la prohibición del pesticida 1,2 dibromoetano). También se dejó de actuar contra la lluvia ácida y se elevaron las tasas permitidas para la emisión de dióxido sulfuroso. La fijación de requisitos para la calidad del agua potable se dilató hasta 1983 y se dejaron las normas en manos de los Estados y de las industrias. La Ley de Aire Limpio (Clean Air Act) fue debilitada al permitir altos niveles de contaminación por los autos y las plantas eléctricas. En semejante furor desregulatorio, libertario según sus promotores, no es de extrañar que la investigación y las políticas contra el cáncer sufrieran deterioros. En la FDA las normas acerca de aditivos y conservantes fueron inmediatamente revisadas para permitir contaminantes cancerígenos en alimentos y cosméticos “siempre que hubieran sido introducidos en forma no intencional como efectos colaterales del proceso de fabricación”. En la EPA se dio que las normas fueron revisadas para permitir que los residuos líquidos peligrosos pudieran ser vertidos en los rellenos sanitarios como antes se hacía. Los funcionarios de la OSHA vieron como la legislación del “derecho a saber”, que habría obligado a los empleadores a identificar las sustancias peligrosas ante los trabajadores, era trancada. Durante los primeros tres años del gobierno de Reagan, la OSHA no fue capaz de identificar ni una sola sustancia química tóxica. La Casa Blanca bloqueó programas de salud, como uno que preveía un millón trescientos mil dólares para notificar a unos 200.000 trabajadores de los riesgos a que se habían visto sometidos por la exposición a sustancias cancerígenas en su lugar de trabajo. Las notificaciones habrían permitido que los operarios recurrieran a consultas médicas para facilitar una detección temprana de enfermedades cosa que habría redundado en mayores chances de éxito en los tratamientos. Reagan rechazó las notificaciones argumentando que podían producir una ola de reclamaciones judiciales contra los responsables de las empresas que habían expuesto a los trabajadores a riesgos de salud. Los recortes presupuestales que sufrieron la salud pública y la protección del medio ambiente a manos de los neoliberales fueron acompañados por campañas publicitarias (en aquella época ni se soñaba con las redes y las granjas de trolls) para convencer a los estadounidenses de que “el ambiente” no tenía la culpa de la mayoría de los cánceres. En marzo de 1984, la Secretaria de Salud y Servicio Humanos anunció una campaña dotada con 700.000 dólares para promover “la sencilla verdad de que el cáncer usualmente es causado por la forma en que vivimos”. Otro jerarca, refiriéndose al peligro de cáncer de piel producto del deterioro de la capa de ozono sostenía que la solución era simplemente usar protectores solares con factores más altos. Costos ¿para quién? y beneficios ¿para quién? Los periodos de Reagan estuvieron plagados por los escándalos y la corrupción a todos los niveles, tanto nacional como internacionalmente. Muchos de sus colaboradores debieron renunciar o fueron destituidos por ocultar información al parlamento, por adulterar y falsificar informes, por robarse fondos destinados a la salud o al medio ambiente (fue precisamente el de la citada Sra. Lavelle que se fumó muchos millones de dólares destinados a limpiar basureros de residuos tóxicos). La adulteración de la información, por ejemplo, se había hecho para ocultar el poder cancerígeno de la dioxina y el del formaldehído. Al cabo de tres años para tratar de encubrir la ola de escándalos Reagan nombró a William Ruckelshaus, que había sido el primer director de la EPA bajo Nixon. Pero el nuevo-viejo funcionario venía de ser vicepresidente de la compañía Weyerhaeuser, conocida por figurar entre las cinco mayores contaminadoras del país vii. La empresa maderera había fumigado millones de hectáreas en la costa Noroeste de los EUA con el defoliante 2,4,5-T (una auxina sintética con efectos plaguicidas, prohibida en todas sus formulaciones y usos por el Convenio de Rótterdam, por ser dañino para la salud humana y el ambiente). El nuevo Director incorporó dos medidas en el arsenal de la protección ambiental: los análisis costo/beneficio y la evaluación de riesgos. El argumento de Ruckelshaus fue que la vida se desarrolla en un campo minado de riesgos y que ya no se le puede decir a la gente que vivirá segura en su hogar; ahora se evaluarían los riesgos uno por uno por le EPA y se informaría al público para que cada persona pudiera optar libremente como enfrentarlos (“libertad responsable”). Por su parte, los análisis de costo/beneficio no eran novedosos. Ya el Presidente Gerald Ford (de quien se decía que no podía hacer dos cosas difíciles al mismo tiempo, como caminar y mascar chicle) había encargado a sus expertos una declaración sobre el impacto de la inflación. Con Reagan los análisis costo/beneficio se volvieron la piedra de toque para considerar cualquier norma sanitaria o ambientalista. Los costos de la regulación era lo que desvelaba al American Enterprise Institute (AEI, su sigla en inglés, es el Instituto Americano de la Empresa) un tanque de pensamiento conservador de cuyas filas salieron la mayoría de los asesores de Reagan y muchas de sus ideas sobre salud y medio ambiente. El AEI fue el autor tras bambalinas de la famosa orden ejecutiva de Reagan, Nº 12.291 de febrero de 1981, por la que cualquier norma debía ser sometida previamente a una prueba que demostrara que los beneficios potenciales para la sociedad sobrepasaban los costos potenciales. La trampa en estos análisis está en que los costos de producción son relativamente fáciles de calcular y exhibir en el corto plazo mientras que los beneficios, en salud y en preservación del medio ambiente, suelen percibirse en el mediano y en el largo plazo y son más difíciles de expresar. El AEI fue el autor tras bambalinas de la famosa orden ejecutiva de Reagan, Nº 12.291 de febrero de 1981, por la que cualquier norma debía ser sometida previamente a una prueba que demostrara que los beneficios potenciales para la sociedad sobrepasaban los costos potenciales. Esto le dio un enorme poder a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB la sigla en inglés de la Office of Management and Budget). El presupuesto iba a ser usado como excusa para adoptar las medidas neoliberales más cruentas y para trancar o dar de baja en forma anticonstitucional las recomendaciones de las agencias de salud. Aunque los análisis de costo/beneficio siempre estaban sesgados hacia los costos financieros de las empresas, los voceros de la AEI decían que eran neutrales. Los integrantes de organizaciones de consumidores decían que los análisis costo/beneficio eran tan neutrales como las pruebas de alfabetismo que se aplicaban en el Sur de los EUA para evitar que los negros ejercieran su derecho al voto (la abolición de la esclavitud y las leyes que prohibían el trabajo infantil jamás habrían superado un test de costo/beneficio). Entonces era difícil oponerse a esos análisis previos que se presentaban como “objetivos”, sin embargo los resultados de los mismos contribuyeron a yugular sistemáticamente todas las normas beneficiosas para la salud y la seguridad. Por ejemplo, trancaron durante muchos años la obligatoriedad del cinturón de seguridad y de los air bags en los automóviles nuevos. El Centro para la Seguridad Automovilística, una organización sin fines de lucro, aseguró que esa obstaculización costaría no menos de 9.000 vidas por año en accidentes mortales. El enfoque libertario de Ruckelshaus (el ya citado director de la EPA) era que en la vida enfrentábamos miles de riesgos y la exposición a cientos o miles de sustancias cancerígenas y esto era el precio inevitable que se debía pagar por los beneficios materiales que arrojan las nuevas tecnologías. De este modo, de lo que se trataba era de aprender cuáles de esos riesgos compensan los costos ineludibles y cuales no. Los críticos de semejantes enfoques señalaron que son inhumanos e inequitativos. Barry Commoner viii dijo que la evaluación de riesgos representa el retorno a una concepción medioeval de la enfermedad en donde, esta y la muerte misma, son vistas como un débito en la vida atribuible al pecado original. Como la evaluación de riesgos y los análisis costo/beneficio los suelen hacer los que tienen intereses financieros en los resultados, es difícil controlar el sesgo que tendrán. Se ha dicho que estos procedimientos sirven para enmascarar decisiones políticas bajo el manto de la ciencia. El análisis de Commoner ya se diferenciaba de la queja de algunos ambientalistas, muchas veces interesada, que culpabiliza de los daños en el medio ambiente al conjunto de la especie humana, a todos y cada uno de los individuos que la integramos y así diluye las responsabilidades. Commoner, en cambio, sabía a quien dirigirse a la hora de exigir responsabilidades. Por eso fue muy claro al establecer la relación entre la crisis medioambiental y el dominio casi absoluto de la lógica del beneficio inmediato en las economías de mercado. Entre la lógica adoptada por los neoliberales – libertarios, ultraderechistas, etc. – para sus empresas y el mantenimiento del medio ambiente o de la salud pública suele haber una contradicción insalvable. Las opciones tecnológicas que adoptan los neoliberales siempre tienden a elegir las que producen los mayores beneficios para las clases o sectores dominantes (para “los malla oro”) en el menor tiempo posible. Siempre es difícil estimar el impacto financiero en el largo plazo de determinadas medidas de protección ambiental. Sin embargo y de hecho, en algunos casos, las medidas de control produjeron ahorros. Fue el caso de las tintorerías y lavanderías que usaban el percloroetileno, tóxico y cancerígeno potencial ix. La normativa sanitaria condujo al desarrollo de equipos más eficientes (lavadoras/secadoras) que produjeron una reducción notoria en los costos de operación. La nueva maquinaria era entre un 30 a un 60% más costosa pero se amortizaba por su mayor eficiencia en tiempo y en gran disminución de la cantidad de solvente requerido. Algo parecido pasó con el cloruro de vinilo que se usa para la fabricación de PVC (tan común en cañerías, tuberías y revestimientos). La OSHA estableció que el cloruro de vinilo x jugaba un papel decisivo en la incidencia de cáncer de hígado entre los trabajadores de las plantas de PVC. Las empresas fabricantes aducían que la normativa de la OSHA para limitar el uso del cloruro de vinilo hundiría a la industria. De hecho, lo que sucedió es que se adoptaron cambios técnicos que no incidieron en el costo del PVC sino al contrario. Sencillos dispositivos permitían recapturar el gas y reducir la exposición de los obreros. Las cifras de producción demuestran que la normativa de salud ocupacional no solamente no perjudicó a la industria sino que la favoreció. Lic. Fernando Britos V. i Milton Friedman había hecho, a sangre y fuego, un laboratorio de sus tesis neoliberales mediante la dictadura de Pinochet en Chile, en la década anterior, con el auspicio de criminales de guerra como Richard Nixon y Henry Kissinger. Por otra parte, la tesis neoliberales se remontaban a las décadas de 1920 cuando los popes de la llamada “escuela austríaca” (Ludwig von Mises, F.A. von Hayek y otros) habían diseñado la receta que ahora Javier Milei – un lector de solapas y economista de pacotilla – repite como una grabadora descompuesta. En 1944, Friedrich August von Hayek (1899-1992) había publicado en Inglaterra “The Road to Serfdom” (El camino a la servidumbre) un catecismo neoliberal donde señalaba que la solidaridad es el rasgo más dañino en un ser humano. ii Proctor, Robert N. (1995) Cancer Wars: how politics shapes what we know and don’t know about cancer. Basic Books, Harper Collins Publishers, Nueva York (ISBN 0-465-00859-3 . iii Ralph Nader (n.1934) es abogado y gran activista estadounidense que se opone al poder de las corporaciones a favor del medio ambiente, el derecho de los consumidores y la democracia. iv Coors fue conocido por sus acciones ultraderechistas. Su hermano dijo que estaba un poco más a la derecha que Atila el Huno. Fundó la Heritage Foundation en 1973 y extendió su acción de propaganda derechista y reaccionaria a todo el mundo. También desarrolló un servicio noticioso para televisión y Reagan lo nombró para integrar el directorio de la Corporation for Public Broadcasting. Murió tres meses después de contraer un cáncer linfático en el 2003. v Se trata del avión más caro jamás construido. El costo de fabricación de cada B-2 rondaba los 737 millones de dólares en 1997.​ Los costes totales de compra del bombardero alcanzaron una media de 929 millones de dólares por avión, incluyendo repuestos, equipamiento, actualizaciones y soporte de software. El costo total del programa, incluyendo gastos de desarrollo, ingeniería y pruebas, se calcula que rondaba los 2.200 millones de dólares por avión (en 1997). Se compraron 21 y uno se estrelló al aterrizar, quedan 20 y el programa fue cancelado. vi El formaldehído es una sustancia química inflamable, incolora y de olor fuerte que se produce a nivel industrial y se usa para la construcción de materiales como tableros de partículas, madera contrachapada y otros productos de madera prensada. Además, se usa comúnmente como fungicida y desinfectante. En los EUA se lo usa como conservante para embalsamar los cuerpos en las empresas mortuorias. El formaldehído también se produce naturalmente durante el proceso de descomposición de plantas en el suelo y es uno de los tóxicos presentes en el humo del tabaco. vii Weyerhaeuser era y es una gigantesca compañía maderera y forestal estadounidense, más que centenaria, que posee 50.000 kilómetros cuadrados de bosques en los EUA y controla 57.000 en Canadá, más algunos miles más en otros países lo que equivaldría a casi las dos terceras partes de la superficie total del Uruguay. También opera en el mercado inmobiliario. En el año 2017 Weyerhaeuser vendió lo que tenía en Uruguay a otro gigantesco consorcio extranjero (120.00 hectáreas de tierra, una planta de contrachapado, viveros,etc.) por unos 402 millones de dólares. viii Barry Commoner (1917- 2012) fue el líder de una generación de científicos estadounidenses preocupada por los residuos contaminantes que dejó la Segunda Guerra Mundial y uno de los primeros en promover un debate nacional sobre el derecho de los ciudadanos a conocer esta verdad. Incisivo en sus acciones e ideas, consiguió hacer del movimiento ecologista una causa que movilizó a miles de personas. Su estudio sobre los efectos de la lluvia radioactiva, que incluía el hallazgo de concentraciones de estroncio 90 en los dientes de los niños, tuvo un papel fundamental en la firma del Tratado de la Prohibición de Pruebas Nucleares de 1963. Commoner fue un brillante profesor e investigador, estudió el metabolismo celular y el efecto de la radiación sobre los tejidos. Su equipo fue el primero en descubrir la existencia de los radicales libres – grupos de moléculas con electrones dispares – y el papel de estos como indicadores de los estadios tempranos del cáncer. También analizó la contaminación de los ríos norteamericanos por escurrimiento de fertilizantes y el envenenamiento por plomo en los barrios pobres. Además alertó sobre el peligro de las dioxinas y los compuestos químicos obtenidos a partir de procesos de combustión. Promovió la energía solar como recurso sustentable y el reciclaje como medio más práctico para reducir la acumulación de residuos. ix El percloroetileno o tetracloroetileno es un líquido tóxico incoloro, no inflamable y estable a temperatura ambiente que tiende a evaporarse produciendo un olor parecido al éter que se puede detectar en concentraciones bajas. Se usa para limpieza en seco en lavandería y para desengrase de metales en mecánica y aviación. También se usa como materia prima para otros productos químicos tales como limpiadores para frenos de auto, protectores de gamuza, repelentes de agua, silicona y lubricantes para correas. Los limpiadores aerosol especializados, secadores de cables de ignición, productos para limpieza de telas, quitamanchas, adhesivos y limpiadores de madera también usan el percloroetileno como ingrediente. Los humanos pueden exponerse al percloroetileno a partir de fuentes ambientales y ocupacionales y productos de consumo. El percloroetileno se encuentra con más frecuencia en el aire y con menos frecuencia en el agua y los alimentos. x El cloruro de vinilo (también conocido como cloroetileno, cloroeteno, monocloruro de etileno) es un gas incoloro, de olor ligeramente dulce, que es el derivado clorado más simple del etileno. No solamente es un gas altamente inflamable y explosivo sino que es un tóxico muy potente capaz de causar cáncer, mutaciones genéticas y teratogénesis en los humanos. La producción industrial de cloruro de vinilo se encuentra entre las diez de mayor volumen en el mundo. Casi toda la producción se usa para la síntesis de cloruro de polivinilo (PVC) muy popular en cañerías, tuberías y revestimiento de cables, etc. El mayor productor mundial de cloruro de vinilo es EUA: 8,24 millones de toneladas hace 20 años (en comparación, en 1967 la producción era de 1,26 millones de toneladas y en 1960 de sólo 0,67 millones de toneladas).