DOCTOR MILLER, BIENVENIDO AL CLUB DE LOS INFRACTORES
En muchos países los fraudes en investigación científica y en educación superior no pasan desapercibidos. En el Uruguay todavía no hemos hecho conciencia de su gravedad.
Lic. Fernando Britos V.
La ética violada acá - Hace más de 20 años, dos estudiantes de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República se presentaron a un llamado para cargos de Ayudante (Gr.1, de iniciación a la docencia). Entre sus méritos incluían un artículo publicado en una reconocida revista editada en el ámbito de la Facultad de Medicina, lo cual les daba una ventaja comparativa sustancial en relación con los demás aspirantes puesto que entonces era raro (y sigue siéndolo) que a estudiantes de grado se les aceptaran artículos en publicaciones científicas reconocidas.
El Director del Instituto de Antropología era, en aquel entonces, el Prof. Renzo Pi Hugarte, una persona que a sus extraordinarias dotes como investigador y docente suma un espíritu renacentista en cuanto a la vastedad de sus lecturas y el conocimiento directo de autores en diversas disciplinas e idiomas[1].
Téngase en cuenta que en esa época el desarrollo de internet como fuente de información y divulgación era incipiente, el “recorte y pegue” casi inexistente y el plagio por vía electrónica prácticamente desconocido. Sin embargo, al examinar los méritos, al Prof. Pi, que encabezaba la comisión que los consideraba, le llamó la atención la precocidad de los jóvenes autores, leyó el artículo - que trataba sobre el consumo de drogas alucinógenas entre culturas indígenas de ciertas regiones de América Latina - y lo encontró conocido. Intrigado por las coincidencias rastreó esa similitud hasta un artículo publicado unos años antes en una revista científica que no llegaba regularmente al país y de la que entonces no era posible obtener versión electrónica.
Los estudiantes habían traducido el texto de la publicación extranjera, palabra por palabra, incluyendo todas las referencias y omitiendo cualquier alusión al original. Habían cometido un plagio burdo por cuanto aunque eran muy buenos estudiantes era imposible que hubiesen desarrollado la investigación de campo que se presentaba en el texto primigenio. El editor de la revista que publicó el plagio, un ilustre y dignísimo profesor de Medicina Legal, hoy fallecido, había sido sorprendido en su buena fe por su propio hijo, que se presentó como coautor junto con su compañera que, a su vez, era hija de otro distinguido colega y profesor en Medicina.
El plagio fue denunciado por el Prof. Pi al Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación pero el asunto no tuvo consecuencia alguna. Nada se hizo público y ni siquiera se sabe si los plagiarios retiraron la publicación de sus méritos o si la revista científica hizo la retractación correspondiente.
El apoderarse del trabajo ajeno y presentarlo como propio es una grave falla ética. El no citar adecuadamente a los autores empleados, el transcribir sin comillas párrafos enteros, el omitir las direcciones electrónicas de las fuentes y la oportunidad en que se accedió a las mismas, la apropiación de las referencias y otra serie de variantes son acciones fraudulentas comunes aunque pocas veces se denunciadas o esclarecidas.
En la Universidad de la República se procura inculcar a los estudiantes la forma correcta de elaborar un trabajo científico y se trata, con mayor o menor énfasis, de prevenir la comisión de errores y sobre todo de actos fraudulentos. Sin embargo, no existe un organismo capaz de uniformizar los criterios acerca de la ética en la investigación científica y la educación superior, de promover la reflexión y la formación de los investigadores en el ejercicio de los principios de transparencia, rigor y veracidad y de entender en los casos que se denuncien para comprobar si hubo violación de esos principios, calificar lo sucedido, rehabilitar a los denunciados si es del caso o proponer correctivos que puedan aplicar los máximos órganos de la casa cuando fuesen necesarios.
El desarrollo mismo de una gran Universidad, la multiplicación de sus carreras y títulos, la proliferación de los estudios de grado y de posgrado, el aumento en el número de investigadores y la diversificación de las temáticas, junto con la introducción de modalidades de intensa competencia por puestos y rubros siempre escasos, favorece la aparición de conductas inapropiadas, manipulaciones, falsificación de datos, adulteración de la información, atribución indebida de títulos, etc.
Por otra parte, la matriz de producción científica basada en el éxito rápido y el destaque individual va acompañada por el lema “publicar o morir” que los anglosajones han llevado al paroxismo y consiguientemente a la necesidad de producir resultados aunque los goles se hagan con la mano o en fuera de juego. Esta presión abre brechas en la seriedad del procedimiento de evaluación por pares y en la de las publicaciones arbitradas, sobre todo porque a la calidad de la investigación o de la exposición se impone la atracción que producen los temas de moda, los títulos sugestivos y las elaboraciones estadísticas.
En la literatura científica, en nuestro país y en la región, se encuentra una gran cantidad de trabajos cuyo título y resumen son muy prometedores pero cuando se los considera se descubre que su valor agregado es escaso porque no aportan conocimientos frescos o puntos de vista renovados, porque son refritos más o menos maquilladas de un trabajo de campo o investigación que él o los autores hicieron alguna vez y han repetido durante años.
No estamos ante fenómenos novedosos ni sencillos. En el medio universitario de nuestro país hay pocos antecedentes y la mayoría han tenido un curso asordinado propio del secretismo con que las curias de poder suelen tratar, en todo el mundo, los deslices de sus miembros. Algún catedrático que adulteró su edad para presentarse indebidamente a algún llamado y después se eclipsó por un tiempo para volver después como si nada. Un Decano de la Facultad de Psicología al que se le probó flagrante plagio, que debió renunciar ante la incapacidad de eludir su responsabilidad y desapareció del panorama universitario. Algún ilustre catedrático que se apropió de trabajos ajenos sin dar crédito a sus autores. Algunos docentes de gran prestigio que usurpaban un título que nunca habían obtenido y actuaban, a sabiendas, engañosamente. Sedicentes investigadores que se apropiaron y vendieron en su provecho decenas de volúmenes de bibliotecas universitarias sin que fueran llevados a la justicia y otro tipo de latrocinios que ni siquiera fueron investigados. Casi todo se ha quedado entre cuatro paredes y, a veces, se ha resuelto con una discreta salida de escena.
Lo que ha inducido cambios en cuanto a la frecuencia y modalidad de las inconductas es, en esencia, la incorporación de nuevas tecnologías y los volúmenes de información que acarrea el desarrollo geométrico del conocimiento.
Con la proliferación de los estudios de posgrado se produce un reacomodamiento del mercado de prestigio de las distintas carreras. En un país donde los verdaderos doctorados son escasos (abogados y médicos pese a ostentar el título son, según los estándares internacionales, simples licenciados) esos estudios deben hacerse en el exterior.
Esto genera otro fenómeno que si bien no es visto como inapropiado resulta un caldo de cultivo para las formas más esterilizantes de la competencia. Se trata de la devaluación de los estudios de grado. Los posgraduados que ejercen la docencia se dedican, en muchos casos, a desvalorizar los estudios de grado, diciéndole a los estudiantes que el título de grado carece de importancia y pavoneándose como ejemplos del “camino a seguir”. Al mismo tiempo se desarrolla una competencia intensa y no siempre limpia por ocuparse de la docencia de posgrados y especializaciones, más redituable y prestigiosa. Todo esto va acompañado por la “explotación” de los estudiantes de grado y de posgrado, por la formación de séquitos e intercambio de favores. Este último fenómeno que daremos en llamar “de complacencias cruzadas”, junto con el “espíritu de cuerpo” o como parte del mismo, es uno de los principales inhibidores de las acciones que se deberían tomar ante los casos de violación de la ética. Hoy por ti, mañana por mi.
Pequeños infractores, grandes delincuentes e intrépidos activistas - No seríamos justos si no reconociéramos que en el campo de la medicina y de las demás ciencias de la salud se han hecho algunos intentos por abordar los problemas de la ética científica y se ha avanzado en materia de ética profesional, campo este último en el que el Sindicato Médico del Uruguay ha jugado, históricamente, un papel destacado.
A la salida de la dictadura (investigación realizada entre 1985 y 1987 por la Comisión Nacional de Ética Médica) se actuó en relación con los médicos más comprometidos con las violaciones a los derechos humanos pero, lamentablemente, el proceso no alcanzó a todos los perpetradores y permitió que muchos escaparan a la exposición y condena, así fuera moral, de sus delitos[2].
En las últimas décadas, los grandes desafíos y dilemas éticos, en casi todas las profesiones y actividades han sido abordados como un problema casi exclusivamente profesional y esencialmente deontológico lo que ha conducido a una hipervaloración de los llamados Códigos de Ética.
Digamos ahora que crece a nivel internacional la idea que los códigos de ética son una recopilación de buenas intenciones que, circunstancialmente, sirven para que “los buenos sigan siendo buenos” pero que no impiden la acción de quienes están decididos a infringir los principios de cualquier profesión y a violar los derechos de los demás para alcanzar sus propósitos. Mucho más importante es el análisis de casos y dilemas éticos, la información y la reflexión temprana de los estudiantes y docentes en estas temáticas y la existencia de protocolos y acuerdos para abordar y manejar con equidad y transparencia las violaciones a la ética que, inevitablemente, se producen ya sea como errores, como fraudes o como delitos.
El ejemplo más formidable de este fenómeno se expresa en la lucha de la Coalición por una Psicología Ética (Coalition for an Ethical Psychology ) cuyos voceros son los intrépidos psicólogos estadounidenses Stephen Soldz, Steve Reisner, Brad Olson, Jean Maria Arrigo, Bryant Welch, Roy Eidelson y Trudy Bond. Se trata de disidentes de la mayor organización de psicólogos del mundo, la American Psychological Association, que tiene una historia negra de apoyo a la discriminación racial y desde el año 2001 ha encubierto la participación de sus integrantes en torturas y en las atrocidades de la doctrina de la seguridad nacional desarrollada por los Estados Unidos y sus aliados.
La Coalición se fundó en el año 2006 para movilizar a quienes procuran que los psicólogos se aparten de los programas estadounidenses de tortura y otras formas de abuso de los presos. “Desde entonces – sostienen – hemos expandido nuestra actividad a la exposición y oposición al involucramiento de los psicólogos en los abusos de cualquier Estado que se inspire en la doctrina de la seguridad nacional. Nuestro objetivo es asegurar la independencia de la ética psicológica del gobierno y de otros intereses espurios y para ello combinamos la investigación con el activismo” (consultas y adhesiones pueden efectuarse mediante http://ethicalpsychology.org).
La ética violada allá - El clima de despiadada competencia y las grandes sumas de dinero que se aplican a la investigación y la educación superior, contribuye desde hace décadas al aumento de la frecuencia en los fraudes, inconductas científicas y violaciones éticas en los Estados Unidos, Japón y los principales países europeos. La diferencia radica en que, en esos países existen organismos que se ocupan de estas infracciones, toman acciones para prevenirlas y promueven sanciones ejemplarizantes a los infractores.
El club de los infractores es bastante exclusivo porque, en todas partes, la respuesta de los colegas y de la autoridades universitarias tiene una fuerte tendencia a rodear a quienes cometieron fraudes con un muro de falsa solidaridad, al tiempo que se aísla con indiferencia o se trata de descalificar y arruinar la carrera de quienes se han atrevido a denunciar. A pesar de ello, cada tantos años, se produce una nueva incorporación a ese elenco caracterizado por “la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser”, como decía Le Pera y cantaba Gardel.
El último en emprender este “cuesta abajo”, en febrero de 2012 y en los EUA, ha sido el ex.Profesor Michael L. Miller. Veamos su caso según lo informado por la ORI (Office of Research Integrity) Oficina de Integridad en la Investigación que es una dependencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (Cfr. http://ori.hhs.gov/ donde es posible encontrar información actualizada y muy interesante).
El Dr. Michael W. Miller era profesor y director del Departamento de Neurociencias y Fisiología de la Universidad Estatal de Nueva York , Escuela Médica Upstate (SUNY- UMU) sus intereses se remitían a temas importantes: la corteza cerebral, la neurobiología del desarrollo, los factores de crecimiento, la muerte y plasticidad neuronal y la neurotoxicología. Estaba a cargo de tres proyectos de investigación financiados por el Instituto Nacional de Abuso del Alcohol y Alcoholismo (NIAAA) y por el Instituto Nacional de Salud (NIH). La Universidad realizó una investigación sobre presuntas conductas inapropiadas y esto fue confirmado por la ORI, que investiga los fraudes cometidos por científicos financiados con fondos estatales. La Oficina adoptó una serie de medidas que veremos enseguida.
La historia parece haber comenzado en octubre del año 2000 cuando Miller fue contratado por la Universidad y ya venía con el pan bajo el brazo: tres millones de dólares que había obtenido para financiar sus estudios sobre el efecto del alcohol en las células cerebrales, el síndrome fetal del alcoholismo y la neurotoxicidad del alcohol, Provenía del Colegio de Medicina de la Universidad Iowa donde se había desempeñado, desde 1993 en el Departamento de Psiquiatría y Farmacología. Era un neoyorquino que se había doctorado, en 1979, en la Escuela de Medicina Mount Sinai (NY).
Cuando el Dr. Barker lo recibió en Nueva York no ocultó las razones que los habían movido para incorporar a su nueva adquisición: “Nos complace tener al Dr. Miller como miembro de nuestra Facultad. El Dr. Miller es un científico bien financiado y bien publicado que no solamente trae a la Escuela Médica de su destacada trayectoria en investigación sino su habilidad como experiente administrador y miembro de una facultad”. En suma: mucho dinero, muchas publicaciones, mucho prestigio y habilidad para conseguir más dinero y más reconocimiento, en ese orden.
Sin embargo, con el paso de los años la estrella del Prof. Miller empezó a declinar y la misma Universidad que lo había acogido tan calurosamente empezó a advertir que en algunos trabajos publicados e informes aparecían incongruencias que no podían atribuirse a errores. A fines del año pasado la investigación demostró que había falsificado e inventado datos en los informes que presentó para obtener financiación para cinco proyectos y en tres publicaciones, en Developmental Neuroscience 31(-2): 50-7, 2009, en el Journal of Neurochemistry 100(5): 1115-68, 2007 y en un manuscrito que presentó para su publicación por la Academia Nacional de Ciencias.
Ante estos resultados la Universidad de Nueva York recomendó a las prestigiosas revistas científicas que produjeran una retractación y éstas lo hicieron a principios de este año (Dev. Neurosci. El 19 de enero y J. Neurochem. el 23 de enero de 2012). Además Miller perdió las posiciones que ocupaba.
Los investigadores de ORI encontraron graves anomalías en las publicaciones y presentaciones. El Dr. Miller falsificó gráficos y manipuló cifras en experimentos con ratones para hacer que los resultados aparecieran como válidos y consistentes con sus hipótesis de que la exposición al etanol en el útero altera el desarrollo cerebral. También citó experimentos que nunca realizó y desarrolló una verdadera cadena de falsedades y mentiras para confirmar, en el correr de los años, su hipótesis primaria de que la exposición al alcohol en etapas de la gestación tiene un efecto en el desarrollo del cerebro al afectar la forma en que las neuronas se diferencian y migran a la corteza.
Las mentiras comprendían, entre muchas otras el número de animales que había empleado, que fue groseramente aumentado, los resultados obtenidos que fueron arreglados a su gusto, la eliminación de cifras o datos que no confirmaban sus hipótesis y todo tipo de modificación de las gráficas y estadísticas para hacer aparecer como significativos resultados que eran irrelevantes.
La presencia de un embustero y falsificador no significa que el problema de la exposición al alcohol no produzca alteraciones en el cerebro desde la etapa fetal o que los estudios neurobiológicos puedan ser puestos en duda. Sin embargo, la retractación de las publicaciones científicas es una medida de urgencia porque la ciencia y en general el conocimiento humano funciona en forma incremental. Quiere decir que Miller, que ya había sido citado por otros investigadores, les estaba induciendo a error o por lo menos haciéndoles perder tiempo.
El club de los infractores - Es claro que, tarde o temprano, este tipo de fraudes son descubiertos puesto que la capacidad de replicar un experimento es una de las condiciones del desarrollo científico en muchas de las ramas de la ciencia. En las ciencias sociales y en otras disciplinas el descubrimiento de los fraudes también llega a través del examen riguroso y de la confrontación crítica de los conocimientos y, en menor medida, por la reiteración de los procedimientos. Mientras tanto, durante años, Miller hizo funcionar su máquina de conseguir dinero.
El Dr. Miller se especializó en decirle a quienes lo financiaban lo que querían oir y debemos recordar que esta es una de las claves psicológicas del comportamiento doloso de los estafadores y embaucadores de todo tipo y de todos los tiempos. Su carrera como brillante gestor de convenios y estrella de las revistas científicas y de los congresos posiblemente haya terminado pero en realidad, por el momento, ha salido bien librado.
A raíz de el proceso disciplinario Miller ingresó en lo que los estadounidenses llaman un Acuerdo Voluntario de Exclusión. Él no admite ni niega haber incurrido en mala conducta como investigador pero acepta que la ORI hubiese encontrado las evidencias que señalamos antes y por lo tanto aceptó, voluntariamente, lo siguiente: 1) se auto excluye de cualquier forma de contratación o subcontratación con cualquier dependencia gubernamental de los Estados Unidos por el periodo de un año a partir del 6 de febrero del 2012. 2) acepta que sus investigaciones sean supervisadas por un periodo de dos años, a partir del año de exclusión antes indicado. Previamente a cualquier solicitud de financiación de cualquier tipo deberá someter el proyecto a la ORI para su aprobación y asegurar un plan de supervisión que debe ser concebido para establecer la integridad científica de su contribución al conocimiento; el Dr. Miller acordó que no participará directa o indirectamente en ningún proyecto hasta que el plan de supervisión sea aprobado por la ORI.
El comité de supervisión: se integrará con dos o tres miembros titulares de una institución que esté familiarizada con el campo de investigación de Miller pero que no incluya a su supervisor o a sus colaboradores, para que lo guíe durante los dos años siguientes al periodo anual de exclusión inicial. El comité revisará los datos manejados por Miller en forma quincenal y producirá un informe semestral a la ORI señalando las fechas en que se han reunido los supervisores y la confirmación de la integridad de los procedimientos del supervisado. También debe producir informes de avance sobre cualquier solicitud o proyecto que su supervisado presente, manuscritos remitidos para publicación y resúmenes en relación con el Servicio de Salud Pública en los que esté involucrado Miller, para obtener una certificación de la ORI de que los datos suministrados por él están basados en experimentos que efectivamente se llevaron a cabo o que han sido legítimamente derivados y que los procedimientos y la metodología empleada están adecuadamente descriptos en la presentación.
Finalmente, Miller aceptó excluirse voluntariamente de prestar servicio en carácter de asesor del Sistema de Salud Pública, incluyendo pero sin limitarse a: la participación en comités asesores, juntas o comisiones de revisión por pares, o como consultor por un periodo de tres años a partir del 6 de febrero de 2012.
Lo que no se sabe es si este Acuerdo Voluntario salvará a Miller de la justicia dado que, en sentido estricto, puede ser acusado de apropiación de fondos públicos y dar con sus huesos en prisión como un colega suyo que fue condenado a un año de cárcel en el 2006. Este antecedente será motivo de otra nota porque estos procesos son lo suficientemente prolongados como para dejar al descubierto los móviles, el modus operandi y la forma en que el sistema reacciona ante los fraudes científicos. Todas valiosas lecciones aún para nuestro país que debería tomar medidas institucionales para curarse en salud aún de los pequeños infractores y para llamar a responsabilidad a los profesionales que cometieron crímenes o incurrieron en graves violaciones a la ética y que han eludido hasta ahora las consecuencias de sus actos.
28/3/2012.
[1] Tampoco se ha reconocido la valerosa y honesta actitud del Prof. Pi cuando se interpuso con fundados motivos éticos en la carrera del confeso torturador, capitán de navío (r)(r) Jorge Tróccoli, quien estaba cursando estudios regulares de Antropología en la FHCE hasta que fue desenmascarado y posteriormente fugó a Italia. (Cfr. http://www.derechos.org/nizkor/uruguay/troccoli2.html).
[2] Son notorios los casos de médicos del interior del país. Hay casos que pasaban por muy respetados y queridos profesionales de Maldonado, Lavalleja, Treinta y Tres, Durazno, etc. que en tiempos de la dictadura (1973-1985) se desempeñaban como médicos de la Policía y del cuartel y que asesoraron, presenciaron y supervisaron salvajes torturas, fueron reconocidos y denunciados por sus víctimas, que además eran sus pacientes, y no han sido juzgados. Los Dres. Hugo Díaz Sagrelo y José Cúneo , por ejemplo, participaron en el apresamiento y montaje represivo que se desarrolló contra adolescentes en el Batallón Nº10 de Treinta y Tres, en abril de 1975. Cfr. Touriño, Rosario (2011) “El olvido imposible. Médicos involucrados en violaciones de derechos humanos siguen en actividad”. En Brecha, del 11 de noviembre de 2011.
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