¿Por qué la Universidad no puede?
ANUNCIOS IMPORTANTES, OLVIDOS SIGNIFICATIVOS
por Fernando Britos V. ([1])
En las últimas horas se han conocido importantes novedades en materia previsional anunciadas por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social: las pasividades servidas por el B.P.S. se incrementarán en un 14% a partir de enero de 2012, además habrá partidas adicionales para las jubilaciones sumergidas y se estima que desde mediados del año que viene no habrá jubilaciones y pensiones de menos de $ 5.000 mensuales. Son todas muy buenas noticias para los pasivos que sobrevivan.
Por otra parte, el pasado jueves 20 de octubre se llevó a cabo, en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales, una nueva reunión de la segunda etapa del Diálogo Nacional sobre Seguridad Social[2] convocado por el Poder Ejecutivo para discutir “posibles ajustes al sistema previsional”. La primera etapa de ese Dialogo se llevó a cabo en 2007 y 2008 y entre sus frutos se menciona la ley 18.395 que redujo de 35 a 30 años de trabajo una de las condiciones de acceso a la jubilación y reconoció a las madres un año adicional de trabajo por cada hijo, entre otras modificaciones menores. En este caso se trató de la cuarta jornada de esta etapa que empezó el año pasado y expusieron los representantes “sociales” del B.P.S. y los de los partidos políticos. El Director Nacional de Seguridad Social (MTSS) Roberto Baz, dijo a los periodistas que se interesaron que se habían tratado ideas generales y no propuestas concretas. Está previsto que en este mes de noviembre se lleven a cabo otras dos jornadas en estas “mesas de diálogo”.
Según parece, el jueves 20 de octubre hubo coincidencia entre los invitados en torno a la necesidad de flexibilizar la incompatibilidad entre trabajo y jubilación para permitir un retiro gradual que evite un corte abrupto de la actividad y otros asuntos como una posible elevación de la edad de retiro, etc.
Aunque los voceros gubernamentales señalan que la recaudación del B.P.S. continúa aumentando hay un tema que todos los participantes en el llamado Diálogo Nacional no parecen tomar en cuenta: las graves injusticias que siguen afligiendo al sistema. Por ejemplo los infames topes para las jubilaciones, más bajos en ciertos sectores de aportación que en otros o sencillamente inexistentes, ni siquiera son mencionados en uno de los documentos básicos denominado “Breve descripción de la Seguridad Social para las Mesas Temáticas”, o en el documento de la Mesa Temática 4 “Cobertura del Sistema de Seguridad Social”. Los topes jubilatorios tampoco aparecen en anexos donde aparentemente se recopilan “Opiniones de los Ciudadanos” y es imposible encontrar referencia alguna empleando el buscador temático de la página Web correspondiente. En suma, es un tema sistemáticamente ignorado.
Pocos sectores como éste han mantenido intactas las ilegítimas medidas de la dictadura (1973-1985), como el Acto Institucional Nº9 (de 1979) y los infames topes a las jubilaciones que el BPS heredó sin chistar y aplica impertérrito[3].
En muy pocos espacios económicos del país es posible apreciar la disparidad de soluciones y resultados que mantiene un sistema jubilatorio que, pese a su pretensión de universalidad, es una verdadera colcha de inequidades y privilegios para pocos. No se necesita ser un especialista para percibir como la Caja Militar o la Caja Policial no solamente son las generadoras de déficits monstruosos sino el origen de de beneficios para quienes capitalizaron en su provecho el “estado de guerra interna” de las épocas oscuras y el latrocinio e impunidad dictatoriales. No menos chocante es la situación de otras Cajas paralelas, algunas fundidas otras florecientes, a costa de los beneficios corporativos que sufraga la sociedad en su conjunto (Caja Bancaria, Caja Notarial, Caja de Profesionales Universitarios).
La Universidad de la República sufre graves problemas que, por un lado son inseparables de la problemática previsional del país y, por otro, tiene dolorosas peculiaridades, desigualdades e injusticias que le son propias por lo que no puede dejar de examinar sus propias llagas.
Tal como están planteadas las cosas los funcionarios no docentes de la Universidad de la República, siguen siendo víctimas de las confiscaciones incorporadas a un sistema jubilatorio que fue brutalmente “reestructurado” por la dictadura, en 1979, en perjuicio de los trabajadores. Con la reapertura democrática se reinstitucionalizó el BPS (por Ley 15.800) pero se mantuvo intacto el mecanismo de estafa continuada establecido entre otras cosas mediante los topes impuestos a muchas pasividades.
En este contexto, los funcionarios no docentes de la Universidad de la República (poco más de 5.400) están condenados a morir trabajando o a trabajar hasta morir (que no es lo mismo). ¿Cuántos de los 540 funcionarios que tenían 60 años o más en el 2009 habrán fallecido o alcanzado un estado de incapacidad irreversible en el último bienio? Esta es la “solución biológica” que aporta la muerte o ciertas incapacidades totales y el interrogante no es retórico: debe ser respondido sin ambages.
Como en muchos temas, lo dicho en el pasado ha sido olvidado rápidamente por todos los actores políticos de este país, sin excepción. El sociólogo Einöder cita al actual Presidente del BPS, Ernesto Murro, quien - en el año 2000 - decía “cuando corresponde cumplir con un derecho ya establecido, no sólo en este caso sino siempre, primero está el derecho y luego la financiación”. La asunción del cargo y con él la principal responsabilidad en la perpetuación de tanta injusticia ha tenido un efecto demoledor sobre su memoria.
Einöder advertía, en uno de los artículos referidos, que “el único argumento para sostener la apropiación de los haberes de retiro fue la falta de recursos. Ello nunca fue demostrado porque siempre se mantuvo en secreto la cantidad de personas afectadas así como el costo de la ineludible deuda social”. El sociólogo cita al periodista José Luis Sampayo Pírez quien, sobre este tema, escribió “lo que es detestable es que los sucesivos gobiernos elegidos por la gente, hayan aceptado de buena gana la vigencia plena de seudonormas que tanto daño hacen hasta hoy a la vida de tanta gente”.
Quienes apuestan a dejar correr los años y a que la naturaleza resuelva el problema por muerte o incapacidad total de los reclamantes se hacen cómplices directos de un crimen. El olvido, la distracción o la omisión, deliberada o no, deja de ser un fenómeno puramente psicológico para entrar de lleno en el campo de la ética, de la responsabilidad cívica y del delito. Quienes han ocupado cargos en los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), tienen responsabilidad en la perdurabilidad de estos perjuicios que se vienen sosteniendo desde el 1º de marzo de 1985 o desde el 23 de octubre de 1979, si se prefiere retrotraer dichos efectos a la imposición de los topes y otras medidas de exacción que impuso, en forma totalmente ilegítima, el Acto Institucional Nº9.
Algunos en la cama, casi todos en el suelo - La Ley 18.119 del año 2007 dispuso un sistema de ajuste para los topes impuestos por el Acto Institucional Nº9 de 1979 pero en realidad eludió el problema de fondo y lo dejó librado a la “solución biológica”. Se mantiene la perversidad de que quien más ha trabajado y aportado resulta ser quien más pierde. En realidad la Ley 18.119 institucionaliza las desigualdades existentes, algunas de vieja data. Los topes son diferentes según las actividades y como siempre favorece a quienes son laderos del poder: ministros de Estado: 18,55 salarios mínimos; las pasividades de los jefes no están topeadas en la Caja Militar o en la Policial; los jueces, según Murro, cobran una jubilación adicional como si fueran abogados aunque nunca aportaron.
La exposición de motivos de esta torpe normativa dice que beneficiaría (por revisión gradual de los topes) a unos 8.400 jubilados, menos del 1% del total a un costo de unos 12 millones de dólares (poco dinero si se lo compara con la ganancia de 45 millones de dólares que tuvo el BPS en el año 2008).
En la Universidad de la República, los funcionarios no docentes (que son una especie de no personas a la luz de la Ley Orgánica y también de la proyectada) no solamente son los únicos topeados sino que, a diferencia de los docentes, se les prohíbe trabajar. Como sucede en general, los cargos políticos y de particular confianza no tienen topes y gozan de privilegios.
Más allá de la discusión acerca de si las jubilaciones y pensiones pueden considerarse amparadas en el derecho de propiedad, resulta que las pasividades está protegidas por los derechos humanos tutelados por acuerdos internacionales que nuestro país ha suscrito, por ejemplo, La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José (1969) y el Protocolo de San Salvador (1988) que es una norma complementaria de la anterior que, específicamente, en su artículo 17º establece – entre otras cosas - que “toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y la incapacidad que la imposibilite para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa”.
¿Cuáles podrían ser las razones de la pasividad de la Universidad ante asuntos que son la esencia de sus fines (Art. 2º de la Ley 12.549)? - Ya vimos que destacados catedráticos e investigadores de la Universidad de la República han efectuado, desde siempre, aportes sustantivos sobre la problemática de la seguridad social en nuestro país. Son científicos, hombres y mujeres, que hacen honor a su condición de universitarios y de este modo enaltecen a la institución. Sin embargo, las autoridades universitarias y en general todos los actores no hemos estado a la altura de la producción teórico-práctica y de esos valores.
Es inevitable preguntarse ¿por qué? ¿Por qué no se ha efectuado un trabajo sistemático de divulgación, de denuncia y de reclamo por los derechos conculcados de los trabajadores de este país (entre los cuales figuran desde luego sus propios funcionarios)?. ¿Por qué desde la recuperación de la institucionalidad después de la dictadura, hace más de un cuarto de siglo, no se ha adoptado medidas coherentes en la Universidad para combatir tanta iniquidad?
Descartado el desconocimiento o la llana ignorancia, solamente quedan los dilemas éticos en los que habrá que detenerse. No se trata de cuestiones retóricas. Si los dilemas éticos no pueden percibirse o si ante la encrucijada dilemática se elige un camino perverso esto acontece por razones objetivas y concretas. Un ejemplo pertinente fue traído recientemente a colación por el periodista Micah Uetricht (en Bitácora Nº 411 del 3/4/2011) quien se refiere a una investigación que llevaron a cabo dos economistas estadounidenses de la Universidad de Massachusetts Amherst[4]. Ellos tomaron a 19 economistas, consultores, profesores y analistas financieros presuntamente objetivos e hicieron una recopilación de sus escritos, libros, declaraciones e informes entre 2005 y 2009. También efectuaron un seguimiento de la vinculación de estos especialistas con diversas instituciones y empresas, así como sus inversiones privadas en bonos y otros instrumentos financieros que no habían hecho públicas al dar sus informes o recomendar determinadas medidas.
Lo que quedó claro es que estos magos de las finanzas no previeron las crisis y cataclismos económicos sucedidos en los últimos años ni propusieron solución alguna porque ellos mismos estaban comprometidos y se estaban beneficiando de la desregulación del sector financiero y de las inversiones de alto riesgo en las que millones de personas perdieron sus ahorros pero en las que, ellos y los responsables del desastre, obtuvieron pingües ganancias.
Nosotros no creemos, como proponen los investigadores del PERI, que estos problemas del mundo financiero puedan resolverse con un Código de Ética para los economistas pues lo que interesa resaltar es que para captar los problemas y prevenirlos, en general, es imprescindible clarificar los intereses en juego y evitar los conflictos entre los intereses públicos y los privados.
En otras palabras y remitiéndonos a exclusivamente a la pasividad o morosidad de la Universidad en temas previsionales y, particularmente, en los perjuicios que sufren la mayoría de sus funcionarios, hay que decir que el gobierno de la Universidad tiene una enorme dificultad para percibir el problema y para actuar en consecuencia porque para quienes lo integran, en su gran mayoría, la jubilación no es tema importante. Por contrapartida, quienes sufren directamente el problema no gravitarán en el cogobierno universitario.
Está claro que para los integrantes del orden docente y especialmente para quienes se retiran como docentes, ya sea compulsivamente al llegar a los 65 años (como sucede en alguna Facultad como la de Medicina), ya sea por retiro voluntario, el monto de la jubilación no solamente no entra en su ecuación económica (no van a vivir de lo que por ese concepto perciban) sino que, no están sometidos a los injustos topes, no pesa sobre ellos la prohibición de trabajar por lo que, en la mayoría de los casos, continúan con su práctica profesional o son recontratados como docentes y posiblemente una de las famosas cajas paraestatales les servirá su jubilación.
Todo esto es muy importante para que no se pierda la experiencia y gran capacidad que mantienen casi todos los docentes universitarios, cada vez por más años a partir del momento del primer retiro formal. Entonces, la situación jubilatoria de los docentes también es muy distinta que la de los no docentes, desde el punto de vista del mantenimiento de una actividad provechosa para la sociedad y saludable para el individuo. Estos últimos están condenados por los inicuos topes a “trabajar hasta morir” o a dedicarse al informalismo más degradante si intentan mantenerse activos después del retiro.
Como dice el viejo adagio, “la gente habla según le fue en el baile”. El problema es que la mayoría de quienes tienen responsabilidades de gobierno universitario tal vez crean que “nunca les tocará bailar con la más fea” y tampoco perciben que la orquesta desafina y que algunos de los presentes en el salón son obligados a retirarse de mala manera o a seguir bailando más allá de sus fuerzas.
Para las autoridades docentes y en buena medida para los egresados, la jubilación no es un problema o por lo menos no es un episodio tan perjudicial y dramático como para sus dependientes, los funcionarios no docentes. En cuanto a los cogobernantes estudiantiles, hay obvios factores cronológicos que hacen que su lucidez y gran empuje se canalicen hacia otros problemas. La jubilación como la muerte o la incapacidad, comprensible y espontáneamente, no figuran en el horizonte vital y en la agenda de la mayoría de los gobernantes jóvenes.
El principal escollo contra el que se estrellan algunas buenas intenciones es, precisamente, la existencia de topes y condiciones perversas para el retiro de los funcionarios apoyadas en normas ilegítimas. Mientras estos mecanismos perjudiciales e injustos no desaparezcan hablar de retiro compulsivo u otros intentos por manipular la tasa de actividad de los funcionarios es un verdadero atentado contra ellos.
Esto no quiere decir que la Universidad no pueda adoptar medidas para paliar el efecto dañino de los topes y facilitar condiciones dignas para el retiro de sus funcionarios. Aquí llegamos a los llamados premios o incentivos para el retiro. Este es un tema del que se ha hablado en organismos centrales de la Universidad y cuando se ha hecho las autoridades anteponen las consideraciones presupuestales con el resultado de que cualquier propuesta razonable resulta inviable “porque no hay disponibilidad”. A quienes adoptan este talante, que siempre es un callejón sin salida, habría que recomendarle los dichos del Murro 2000, en el sentido de que la justicia y la legalidad deben tener prelación sobre la disponibilidad. Cuando existe voluntad política los recursos para financiar ciertas medidas pueden y deben aparecer pero nunca falta alguien que, cuando se plantea que un premio de retiro debe ser sustantivo (15 o 20 sueldos, como mínimo), reaccione con sorna o considerando tal propuesta como un despropósito, una veleidad, una locura.
Por otra parte, los topes jubilatorios tienen sus defensores[5] porque si no los tuvieran sería inexplicable la unanimidad que existe para ignorar el problema y hacerlo desaparecer de la agenda de los Diálogos Cupulares. Como dijimos, el tope establecido para una parte de las jubilaciones es de siete unidades de base de prestaciones y contribuciones (BPC) que no alcanza a la mitad de una canasta familiar. Los defensores de esta injusticia, invocando lo que sucedería en otros países, aducen que la existencia de topes induce a un retiro más temprano porque los trabajadores que tienen ingresos que superan el límite no obtendrán ningún beneficio si continúan trabajando.
En realidad no solamente no se obtiene beneficio sino que se produce pérdida porque al trabajar más años el ingreso se reduce (pérdida total de aportes). Quienes ven a los topes como una ventaja para el sistema, sostienen que los trabajadores que tienen ingresos superiores a la media (“supuestamente con un nivel cultural más alto”) debieron ser previsores y ahorrar lo suficiente para mantener como pasivos el nivel de vida que tenían cuando estaban en actividad. Es posible que este argumento valga para los jerarcas de entes autónomos, servicios descentralizados, banca oficial y aún de la administración central, que perciben salarios dos y tres veces superiores a los funcionarios de la Universidad que desempeñan idénticas funciones. En el caso de los no docentes de la Universidad ese ahorro o capitalización patrimonial siempre ha resultado imposible y ya se sabe que las posibilidades de ganar el cinco de oro son ínfimas.
Quienes abogan por los topes son, naturalmente, quienes ganan grandes sueldos y honorarios trabajando en las AFAP. Para ellos lo que cuenta es “el ahorro individual”. Sostienen que en los Estados Unidos “la población activa de ese país se ha volcado masivamente a ese tipo de ahorro, quizás, porque hay una cultura del ahorro en la sociedad norteamericana. Ese comportamiento reduciría el temor de que una persona de ingresos medio altos y altos "no pueda" retirarse porque el monto de su jubilación sea muy baja”.
La verdad es que este ejemplo de Estados Unidos y de Europa se les ha ido al demonio. En efecto, los trabajadores previsores de los países desarrollados que habían ahorrado en fondos privados de jubilación han sufrido los perores descalabros y quienes habían creído en los cantos de sirena del capitalismo han visto esfumarse la seguridad de su vejez al convertirse en las principales víctimas de los fraudes, quiebras y estallidos de burbujas que arrecian desde el 2008.
Sin embargo, los defensores locales del “ahorro individual” no dejan de atacar a los sistemas de solidaridad intergeneracional y por ende no cesan en la alabanza de las injusticias porque, aducen, la existencia de un sistema solidario es lo que ha permitido que los imprevisores no ahorren para enfrentar la miseria de las jubilaciones que les tocarán[6].
Con los sueldos que ha pagado y que paga la Universidad apenas se puede vivir al día y resulta que ahora los no docentes, después de toda una vida de trabajo, fuimos imprevisores porque nos descansamos en la existencia de un sistema jubilatorio y no nos incorporamos a las maravillosas AFAP, no capitalizamos los excedentes de nuestros supersueldos o no nos ampararnos en una jubilación de privilegio contra las que se cuidan muy bien de no decir nada. ¡Qué descaro!.
FBV – 21/10/2011.
[1] Licenciado en Psicología de la UdelaR. Director de División, desde 1992 Secretario de la Facultad de Arquitectura. Se interesa por la investigación y divulgación en psicopatología del trabajo, ética y aplicación de técnicas psicológicas y defensa de los derechos humanos en el ámbito laboral público y privado. Mantiene su blog “Ética y psicopatología del trabajo” al que se accede mediante http;//fernandobritosv.blogspot.com/
[2] El Diálogo Nacional sobre Seguridad Social (DNSS) es un proyecto organizado y convocado por organismos de gobierno que integran la Comisión Sectorial de Seguridad Social -que funciona en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Universidad de la República, con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Como es habitual en este tipo de proyectos funciona a nivel cupular y tecnocrático con mínima difusión y participación de la ciudadanía (reuniones de carácter reservado, acceso exclusivamente por invitación, etc.). Alguna información puede obtenerse en www.dialogoseguridadsocial.org
[3] - Algunos artículos periodísticos :
Einöder, Egon Herbert – “El Acto Dictatorial Nº9” – artículo publicado en La República el jueves 13 de marzo de 2008. (Einöder es sociólogo y fue catedrático de la FCCEE).
Einöder, Egon Herbert – “Los topes jubilatorios: al final del túnel” – artículo publicado en La República el 4 de setiembre de 2009.
Posada, Iván – “Otra ley para el país de los vivos” – artículo publicado en El País de Montevideo. (Posada es diputado por el Partido Independiente).
[4] Epstein, Gerald y Jessica Carrick-Hagenbarth (2010) – Financial Economists, Financial Interests and Dark Corners of the Meltdown: It’s Time to set Ethical Standards for the Economics Profession – Political Economy Research Institute, octubre de 2010, Universidad de Massachusetts, Amherst.
[5] Véase el artículo “Los topes jubilatorios inducen a un retiro más temprano” en el suplemento Economía y Mercado de el diario El País de Montevideo, del lunes 1/2/2010.
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